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CONTENIDO EXCLUSIVO.A juicio por dos plátanos
El robo frustrado de dos plátanos fue llevado a los Juzgados de Managua en febrero de 2014. Los plátanos en cuestión tenían un costo aproximado de tres córdobas por unidad, pero el insólito proceso judicial significó un gasto que se estimó en 18 mil córdobas.
De acuerdo con la acusación leída por la Fiscalía, el 12 de diciembre de 2013 José Gabriel López (45 años), Moisés Campos (19 años) y Bayardo Estrada se acercaron hasta donde estaba estacionada la camioneta de Cristian Ramírez, sustrajeron los plátanos del canasto de verduras que se encontraba en la tina del vehículo y luego volvieron para agarrar más, pero fueron descubiertos por la víctima, a quien intentaron agredir. Después huyeron pero a una cuadra la Policía los atrapó.
Al final la víctima y sus testigos no se presentaron al juicio y el caso fue cerrado a fines de abril de 2014. Días antes Ramírez le manifestó al juez que no iba a presentarse porque ya se había arreglado con uno de los acusados.
Incluso la magistrada orteguista Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, calificó el proceso como “disparate”.
“Eso es un disparate tremendo”, expresó. “¿Cómo van a juzgar a una persona por robarse dos plátanos? ¿Y los ladrones de cuello blanco?”
Milton Arcia y la multa de 10 córdobas
2015 fue el año en que al empresario Milton Arcia casi todo le salió mal. En abril lo desalojaron arbitrariamente del hotel que construía en el muelle de Moyogalpa, isla de Ometepe. Llegaron policías, lo golpearon, lo arrastraron y se lo llevaron preso por oponerse a la demolición del edificio de dos plantas, que al final fue tumbado con maquinaria trasladada desde Granada en un barco de la Empresa Portuaria Nicaragüense (EPN).
Tras sufrir tan grande atropello, el 14 de abril Arcia interpuso una denuncia en contra de un comisionado de la Policía, el exdelegado departamental del Marena y tres funcionarios de la EPN. Los acusó por lesiones agravadas, tentativa de homicidio, violación al derecho de propiedad, usurpación al dominio privado, abuso de autoridad o funciones, incumplimiento de deberes y requerimiento de la fuerza pública contra actos ilícitos.
Pero la denuncia de Arcia no prosperó y, en un giro no tan inesperado de los hechos, a comienzos de mayo le notificaron que ahora el acusado era él.
En un juzgado de Managua existía una acusación en su contra por el delito de injurias y calumnias, y el agraviado resultó ser Denys Hurtado, uno de los funcionarios de la EPN contra quienes Arcia había presentado su denuncia.
A finales de ese mismo mes el empresario fue declarado culpable y el juez le impuso una multa de 80 mil córdobas: 40 mil por injurias y 40 mil por calumnias. En caso de que no pagara la multa, debía cumplir con 1,200 horas de trabajo a la comunidad o pasar 150 días en prisión.
Nada de eso sucedió porque, en otro giro de la trama, el juez Edgar Altamirano decidió que Arcia ya no pagaría 80 mil córdobas, sino diez. Cinco córdobas por cada delito.
El 8 de junio el empresario se presentó en los Juzgados de Managua, sonriente y mostrando las dos monedas que pagó en una ventanilla del complejo judicial. Denys Hurtado aseguró que se sentía satisfecho porque su honor había sido “reivindicado”; miientras que Arcia resolvió esperar alguna intercesión divina. “Allá está arriba Dios que les va a pasar la cuenta”, dijo en diciembre de ese año.
Por su parte, el abogado Gonzalo Carrión expresó en aquel momento que aunque la multa fuera de “un chelín” la condena tenía las mismas implicaciones y consecuencias por el proceso se hizo avasallando e irrespetando los derechos humanos de manera despiadada.
“¿Qué tribunal tiene la capacidad y la independencia para bajar o subir penas? Eso solo obedece órdenes. Todo el proceso contra el señor Arcia y su condena es un proceso judicial con motivaciones fundamentalmente políticas, porque es un proceso de una sola parte, sostuvo Carrión.
Al final del proceso muchos opinaron que la principal víctima había sido la justicia nicaragüense, pues se hizo más evidente que ya era una caricatura.
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El “Talcazo”
Nadie olvida el famoso “Talcazo”, que involucró a Milton González, hermano menor del boxeador Román González.
El 22 de febrero de 2014, cuando viajaba en una motocicleta, Milton fue capturado por la Policía mientras portaba un taco rectangular de 1,500 gramos de polvo blanco, una balanza y varios proyectiles calibre 14, según la acusación del Ministerio Público.
La prueba química de campo realizada por los oficiales confirmó que el taco contenía cocaína. Sin embargo, un segundo peritaje practicado por el Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional determinó que la sustancia “era talco para bebé mezclado con otros componentes que no corresponde a la fórmula de este estupefaciente”, indicó el fiscal Douglas Vargas.
Críticos del Gobierno vincularon la sentencia con la relación que el boxeador tiene con el partido gobernante, y calificaron la acción como “vergonzosa” para la Corte Suprema de Justicia. A sus peleas posteriores, Román asistió portando la gorra de la Policía Nacional y la bandera rojinegra del Frente Sandinista.
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Medardo y Pedro
En febrero de 2019 el campesino Medardo Mairena, uno de los principales líderes de las protestas ciudadanas de 2018, recibió una brutal condena de 216 años de prisión por terrorismo, crimen organizado y otros delitos. El juez también condenó al campesino Pedro Mena, a quien recetó 210 años y tres meses de cárcel.
Tanto Mairena como Mena fueron condenados por el asesinato de cuatro policías y un profesor durante un supuesto ataque contra la delegación policial de Morrito, Río San Juan, aunque se presentaron pruebas de que los condenados no estaban en el lugar, porque participaban en una marcha en Managua.
“Esta sentencia es la más irrisoria de las dadas a los autoconvocados. Se nota la saña contra los campesinos, porque el juez impuso penas más allá de las solicitadas por el Ministerio Público. Son ilegales totalmente, este es un juez inquisidor”, expresó Julio Montenegro, entonces abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
El juez a cargo de la sentencia fue Edgar Altamirano, recordado también por haber impuesto penas de más de 100 años a los campesinos condenados en el anómalo proceso por la masacre del 19 de julio de 2014.
Medardo y Pedro pasaron 11 meses en prisión antes de ser excarcelados por la dictadura.
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“Escándalo público”
En 2018 el ahora excarcelado político Alex Vanegas fue apresado en seis ocasiones en un periodo de apenas seis meses. La Policía lo secuestraba en la calle cuando el maratonista trotaba en protesta contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La última que se lo llevaron se encontraba en el cementerio capitalino Milagro de Dios, adonde llegó a rendir tributo a las víctimas de la represión que están sepultadas ahí. Más de seis policías se abalanzaron sobre él y sin decir palabra se lo llevaron casi a rastras, ante el griterío de la gente que grababa el arbitrario arresto.
Después la Fiscalía lo acusó de “escándalo público”, algo que el defensor de derechos humanos Pablo Cuevas calificó como “descabellado y absurdo”. Luego un juez firmó una orden de libertad a favor de Vanegas, pero este continuó preso hasta el 27 de febrero de 2019, cuando el régimen excarceló a un grupo de presos políticos.
Doctora Oviedo
Uno de los procesos judiciales más sonados en las últimas semanas fue el que la Fiscalía llevó en contra de María Oviedo, abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y defensora de presos políticos del régimen de los Ortega Murillo.
Luego de un maratónico y mediático juicio de 10 horas, la noche del pasado jueves 29 de agosto fue declarada culpable de obstrucción de funciones en perjuicio del oficial Óscar López, una acusación que partió de la bofetada que Oviedo le propinó al teniente durante una visita a la delegación policial de Masaya, cuando la abogada acompañaba en una diligencia al excarcelado político Christian Fajardo, el 26 de julio.
Oviedo alegó que el policía la había manoseado, empujado y agredido verbalmente antes de que ella le asestara la bofetada; pero de todas formas la declararon culpable.
La Fiscalía solicitó la pena máxima de cuatro años, mientras que la defensa de Oviedo pidió la pena mínima de un año. Sin embargo, la juez Nalía Ubeda la condenó a 30 días de cárcel, una pena inferior a la mínima, y de inmediato procedió a suspender la sentencia.
Según Oviedo, la sentencia de la juez tuvo un “enfoque de género” pues comprendió que se trataba de una mujer que se defendió de un hombre que la agredió.
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