Régimen de Ortega aún no recibe cuatro préstamos anunciados con «bombos y platillos» en 2018

Las autoridades no han explicado si aún cuentan con esos fondos aprobados el año pasado, los que tienen en particular haberse adquirido en el contexto de la crisis sociopolítica y violación de los derechos humanos

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Con los préstamos de Austria se iba a reemplazar varias áreas del Hospital Manolo Morales. LA PRENSA/ ARCHIVO

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Cuatro préstamos que suman 85.5 millones de dólares que le fueron aprobados a Nicaragua por cuatro cooperantes en 2018 no fueron incorporados por el régimen de Daniel Ortega en el Presupuesto General de la República del 2019 y tampoco hay registros de la mayoría de esos fondos en los informes de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda.

Las autoridades no han explicado si aún cuentan con esos fondos comprometidos por los gobiernos de Austria, España, del Banco Europeo de Inversiones y el Fondo para el Desarrollo Internacional de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), los que tienen en particular haberse adquirido en el contexto de la crisis sociopolítica causada por las violaciones a los derechos humanos por la represión gubernamental a la jornada de protestas ciudadanas.

En el caso del préstamo de la OPEP,  si bien hay una reducida partida presupuestada proveniente de este préstamo, lo cierto es que hasta junio la ejecución de ese fondo era nula.

La paralización de esa partida millonaria se suma a los cien millones de dólares aprobados en concepto de crédito por el Gobierno de Taiwán, que tampoco han ingresado a las arcas estatales a pesar de a la dictadura le urgen para cubrir el déficit en el Programa de Inversión Pública (PIP) en el 2019.

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Taiwán es de los pocos aliados de la dictadura de Ortega que le facilita financiamiento, sin embargo sigue sin entregar los cien millones de dólares en apoyo presupuestario, que en enero pasado fueron aprobados con trámite de urgencia en la Asamblea Nacional.

De esta forma son 185.5 millones de dólares en total del fondo OPEP, Austria, España, el BEI y Taiwán en concepto de empréstitos de cooperantes bilaterales que no han sido desembolsados al régimen orteguista a pesar de que los adquirió para financiar proyectos en sectores sensibles del PIP como son educación, salud, infraestructura vial, agua, saneamiento y alcantarillado sanitario así como en el sistema de electrificación en comunidades rurales del país.

La explicación que encuentra Róger Arteaga, exgerente regional del Banco Centroamericano de Integración Económica, es que Hacienda no incorporó esos préstamos en el gasto de este año debido a que «seguramente fueron informados por esos cooperantes de que no los iban a desembolsar» conforme lo pactado, «en donde la represión a la población deben estar teniendo gran peso en esa decisión porque esos organismo sy gobiernos internacionales valoran mucho el respeto a los derechos humanos de los países donde prestan ayuda financiera».

«No le sueltan esos fondos al Gobierno porque la aprobación fue una decisión adoptada antes de la crisis del 2018, y aunque después había alguna oportunidad para darlos, el contexto se ha complicado  (para Ortega) por el anuncio e implementación de las sanciones por parte de Estados Unidos. Esos países que en un momento les aprobaron los préstamos al gobierno de Ortega ahora no quieren pecar sobre advertido en aparecer apoyando a violadores de derechos humanos», afirmó Arteaga.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), publicó las regulaciones legales para implementar la orden ejecutiva 13851, del 27 de noviembre de 2018, “Bloqueo de la propiedad de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua”, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Federal el pasado 4 de septiembre.

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Estados Unidos ha sancionado hasta ahora a once funcionarios de la dictadura como son la vicepresidenta designada Rosario Murillo, el hijo de la pareja presidencial Laureano Ortega Murillo, el jefe de la Policía y consuegro de los gobernantes, Francisco Díaz, junto a Francisco López, quien es vicepresidente de Albanisa; el asesor presidencial Néstor Moncada Lau; el exmagistrado electoral Roberto Rivas; la exministra de Salud Sonia Castro, el ministro de Transporte Óscar Mojica; el director de Telcor Óscar Castillo y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.

También han sanciones contra Albanisa, empresa que controla el negocio petrolero entre el régimen de Ortega y el dictador venezolano Nicolás Maduro así como el Banco Corporativo S.A. (Bancorp), propiedad de Albanisa. Además Estados Unidos tiene vigente obstáculos financieros al régimen con la aprobación e implementación de la Nica Act, que impide el acceso a los organismos multilaterales.

Las medidas de EE.UU. buscan afectar el flujo de recursos de la dictadura en Nicaragua por las violaciones a los derechos humanos desde el 18 de abril del 2018 por fuerzas parapolicias,  y la Policía Orteguista (PO) contra las manifestaciones ciudadanas que han dejado al menos 326 asesinatos, miles de heridos, torturados y forzado al exilio a más de 80 mil nicaragüenses de acuerdo a organismos internacionales defensores de los derechos humanos.

Arteaga consideró que al entrar en vigencia los mecanismos para aplicar las sanciones de EE.UU. «y al haber la posibilidad de un bloqueo» de ese gobierno a Nicaragua, «es suficiente para que todos los cooperantes tengan claro que hacer transferencias de recursos al gobierno de Ortega es un alto riesgo porque se exponen a ser golpeados por las sanciones».

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«Hay muchos préstamos para el Gobierno que están suspendidos y por eso los desembolsos son mínimos porque las sanciones de Estados Unidos son un golpe fuerte. Tal vez consigan destrabar los fondos para salud y educación alegando que son vitales, aunque dudo que lo consigan. El tema es por la gran desconfianza de los acreedores internacionales con este régimen en que si les dan plata se puede alimentar la burocracia y el destino al final sea la represión, por tanto hay temor en el maneo de ese dinero», dijo Arteaga.

¿Qué proyectos se afectan?

1. Los 8.5 millones de dólares del préstamo suscrito con el Raiffeisen Bank International del Gobierno de la República de Austria estaban dirigidos al mejoramiento y equipamiento de las áreas de Emergencia y radiología del Hospital Manolo Morales de Managua. Ambas áreas del hospital serían construidas nuevas como el suministro de equipos electromecánicos.

Ese préstamo fue aprobado el 30 de enero del 2018 en la Asamblea Nacional. En el dictamen con el que la Comisión Económica avaló el empréstito con Austria se resaltó la necesidad de mejorar la atención en Hospital Manolo Morales para reducir los tiempos de espera y la calidad  los pacientes.

En el informe de ejecución presupuestaria hasta junio se registra un mínimo avance de este proyecto, con recursos propios del Estado. Se han gastado entre 2018 y la mitad de este año apenas 300 mil córdobas y no hay rastros de este préstamo con Austria.

2. Ese mismo 30 de enero los diputados aprobaron un segundo préstamo  por  32.7 millones de dólares con el Instituto de Crédito Oficial del Gobierno de España para que el Ministerio de Educación (Mined) ejecutara el ambicioso Programa de Aulas Digitales móviles en centros de educación de secundaria.

Cuando fue aprobado el crédito con España el diputado orteguista vicepresidente de la Comisión Económica, José Figueroa, señaló que el programa beneficiaría a los estudiante y docentes de 748 colegios de secundarias, porque se contemplaba dotarlos de «las herramientas tecnológicas educativas para los proceso de enseñanza aprendizaje y poder conectarse, tener libros digitalizados, programas de software, entre otros”.

Este crédito no aparece en los informes presupuestarios de este año, pero sí el proyecto de dotación de tecnologías a las escuelas pero con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), única fuente de financiamiento vigente para el régimen.

3. El 7 de junio del 2018, durante los meses más álgidos de la represión a las protestas ciudadanas que exigían la salida del poder de Ortega y Murillo, los legisladores orteguistas aprobaron otro empréstito por 30 millones de dólares proveniente del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID), destinado al mejoramiento de caminos rurales, específicamente en los departamento de Matagalpa, Estelí, León y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS).

El Ministerio del Transporte e Infraestructura como ejecutor del Proyecto de Desarrollo de Caminos Rurales usaría los fondos de la OPEP para construir tres puentes que conectarían a los municipios de Río Blanco, en Matagalpa con Bocana de Paiwas, en la RACCS.

Se contempló usar el fondo OPEP además para el adoquinado de 16 kilómetros de camino que conecta el municipio de Achuapa, en  con San Juan de Limay de Estelí), aquí el trayecto es de 16 kilómetros.  Incluía la fabricación de cinco puentes.

Aunque el año pasado en el informe de liquidación del presupuesto aparece una ejecución de fondos de la OPEP por casi cinco millones de dólares, estos no están relacionados con los proyectos antes mencionados.

Este año esta organización si bien aparece como fuente de financiamiento vía préstamo, con apenas un poco más de dos millones de dólares, hasta junio no se habían ejecutados los recursos.

4. El cuarto proyecto afectado es el de Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento en 19 ciudades, que forma parte de la Fase I del Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano de Nicaragua (PISASH), que recibiría el financiamiento de 16.25 millones de dólares por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

La Asamblea aprobó el financiamiento con el BEI el 23 de mayo del 2018 cuando el país vivía la jornada sangrienta por los ataques de los grupos de choque y la PO a las manifestaciones ciudadanas.

De acuerdo al detalle de los documentos oficiales, con los 16.25 millones de dólares del BEI se ejecutaría por parte de la Empresa Nicaragüense de Agua y Alcantarillado (Enacal) la construcción, rehabilitación y ampliación de los sistemas de abastecimiento de agua potable en 15 ciudades. Unos 40,000 nuevas conexiones de viviendas en las zonas rurales y urbanas, así como la instalación de nuevas fuentes de agua y equipos de tratamiento como la estructura para el bombeo y depósitos es parte de lo diseñado.

También Enacal con el fondo del BEI iba a reemplazar los sistemas de tratamiento de aguas residuales en once ciudades del país. En particular en Managua, Masaya y Rivas se rehabilitarían las instalaciones del sistema de alcantarillado existente por obsoletos y deficientes.

Todos esos proyectos de impacto en las zonas rurales están paralizados desconociéndose por qué no el régimen orteguista ni siquiera incorporó los cuatro financiamientos al Presupuesto General de la República del 2019.

Algunos de estos préstamos fueron mencionados en los reportes oficiales del Banco Central de Nicaragua, pero no aparecen incorporados en los desembolsos y ejecuciones de Hacienda.