El más reciente informe del Mecanismo de Seguimiento a Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, revela que en el mes de agosto del año en curso el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continuó con su política pública de represión en Nicaragua contra ciudadanos a quienes la dictadura considera opositores.
Meseni reporta decenas de casos de asedio, persecución, acoso, secuestros, agresiones, amenazas y abusos contra los derechos de excarcelados políticos, líderes opositores, partidos políticos, estudiantes, defensores de derechos humanos, abogados, medios de comunicación y sectores religiosos en el octavo mes del año.
“En el mes de agosto, la CIDH recibió información sobre el incremento del hostigamiento y vigilancia contra personas defensoras de derechos humanos y otros colectivos de abogadas y abogados en Nicaragua dedicados a la defensa de víctimas de violaciones a derechos humanos y personas privadas de su libertad en Nicaragua”, dijo el informe en relación al caso de la doctora María Oviedo, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, enjuiciada por venganza de la Policía Orteguista.
“Dichos actos serían perpetrados directamente por agentes del Estado, o con su tolerancia. La CIDH destacó que el contexto adverso en el que personas defensoras de derechos humanos desempeñan su labor es sintomático de la continuación de la crisis y el estado policial en el país”.
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Situación de las personas excarceladas
La CIDH, del mismo modo, confirmó que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa con sus políticas de asedio contra los excarcelados políticos.
“La Comisión advirtió sobre un patrón de detenciones arbitrarias, de corta duración, en contra de las personas excarceladas. Algunas de estas detenciones habrían ocurrido en los puestos fronterizos o en el aeropuerto, por ejemplo, después de su participación en eventos internacionales”, denunció el Meseni.
“De acuerdo con la información recibida, las detenciones se producirían con el objetivo de amedrentar a estas personas por el liderazgo asumido en el contexto de las protestas iniciadas el 18 de abril de 2018. Además, las personas excarceladas serían víctimas de hostigamiento, vigilancia, amenazas y campañas de estigmatización en redes sociales al ser señaladas como ‘golpistas’. Como consecuencia, algunas de ellas se habrían desplazado a casas de seguridad o habrían decidido salir del país”, reza el documento.
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Persistencia de la represión en Nicaragua
Entre otros hechos, en el mes de agosto la CIDH tomó conocimiento sobre el exilio a Costa Rica del alcalde de Mulukukú, Apolonio Fargas, por la alegada toma de las instalaciones de la Alcaldía y su domicilio por agentes policiales al servicio de la dictadura.
“Anteriormente, el señor Apolonio Fargas había sido detenido por su participación en las protestas sociales y, posteriormente, liberado en virtud de la ley de amnistía. Por otra parte, el 23 de agosto, la CIDH ordenó la adopción de medidas cautelares para la protección de Violeta Mercedes Granera, integrante de la Unidad Azul y Blanco, y sus familiares, al encontrarse en una situación de riesgo en el marco de la actual situación por la que atraviesa el Estado de Nicaragua”, dijo Meseni.
En su reporte de agosto, la organización además reporta detenciones arbitrarias y en algunos casos secuestros y desapariciones forzadas de mujeres, de estudiantes, líderes políticos y denuncias de asesinatos selectivos en la zona rural de Nicaragua.