Antes que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentara formalmente su informe sobre violación de derechos humanos en Nicaragua este diez de septiembre en Ginebra, Suiza, varias organizaciones internacionales de la sociedad civil y activistas nicaragüense habían realizado trabajo de incidencia entre las delegaciones miembros de las Naciones Unidas para contrarrestar la campaña de desinformación de los enviados de la dictadura.
Periodistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, excarcelados políticos, exiliados y líderes de la diversidad sexual se dieron cita en Ginebra para realizar exposiciones de la difícil situación nicaragüense bajo la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo antes de la presentación del informe.
Un día antes de la presentación del informe de derechos humanos sobre Nicaragua, el no gubernamental Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó el foro “Combatiendo la impunidad y fortaleciendo la rendición de cuentas: violaciones de derechos humanos en Nicaragua”, un evento organizado con el propósito de acercar la realidad de Nicaragua a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos.
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Testimonios reales de los excarcelados
El panel participaron los excarcelados políticos nicaragüenses Lucía Pineda, Victoria Obando y Edwin Carcache, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Voulé, y el primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Joel Hernández.
La periodista Pineda expuso cómo el régimen de Nicaragua sigue reprimiendo y persiguiendo a los periodistas independientes y medios de comunicación, mientras continúan ocupadas las oficinas del Canal 100% Noticias y del medio digital Confidencial y los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana del periodista exiliado Carlos Fernando Chamorro, al tiempo que se sostiene un embargo a los insumos de producción de los periódicos LA PRENSA y El Nuevo Diario.
Edwin Carcache, líder estudiantil y miembro de la Alianza Cívica, narró que aún continúan al menos 126 presos políticos que fueron detenidas por su participación en protestas ciudadanas, y lamentó que estos secuestrados estén pasando por las mismas condiciones de torturas y tratos inhumanos que él mismo vivió en las celdas del Sistema Penitenciario “La Modelo”.
Victoria Obando, por su parte, resaltó cómo la comunidad de la diversidad sexual ha participado en las protestas sociales y cómo ello ha servido para una doble represión tanto de índole político como discriminación por razones sexuales. “Tenemos registros de personas exiliadas de nuestra comunidad en al menos 13 países, donde sus condiciones de vida se ven afectadas gravemente cuando media la visibilidad de su orientación sexual o identidad de género”, explicó Obando.
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Intenso papel de incidencia de ONG mundiales
Otras organizaciones de la sociedad civil nicaragüense que participan en la 42 sesión de Naciones Unidas han sostenido reuniones con organizaciones internacionales de derechos humanos y han realizado encuentros y entrevistas con delegaciones diplomáticas de países miembros de Naciones Unidas, para ampliar sobre la situación que de Nicaragua recogió el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
Una de ellas, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), cuya miembro en Nicaragua es el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, respaldó el informe de Bachelet y solicitó en plena sesión la restauración de los derechos legales de esta oficina a seguir operando en Nicaragua.
“Instamos al Estado de Nicaragua a que lleve a cabo investigaciones prontas e imparciales sobre las violaciones generalizadas a los derechos humanos, perpetradas desde abril de 2018, y que cumpla con las obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos. Asimismo, se debe reanudar sin dilaciones la cooperación con los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, en particular con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como permitir su acceso al país”, dijo Tania Tanciw, representante de la FIDH.
Apoyo por toneladas a informe de Bachelet
También Amaru Ruiz, de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, apoyó el documento y solicitó la implementación de un mecanismo de investigación independiente para la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por la dictadura de Daniel Ortega desde el 18 de abril de 2018.
Durante el evento en que la alta comisionada rindió su informe que desnuda al régimen en su represión, otras organizaciones internacionales de derechos humanos e instituciones nicaragüenses de la sociedad civil respaldaron el documento que encierra los abusos de la dictadura.
Uno de ellos fue la organización internacional Human Rights Watch (HRW), por medio de su director para las Américas, José Miguel Vivanco, quien ratificó y profundizó ante los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos.
De igual forma respaldó el informe la investigadora para Centroamérica de HRW, Astrid Valencia, quien calificó el documento de Bachelet como “contundente” y anunció que desde esa organización seguirán promoviendo acciones diplomáticas y legales contra los abusos del régimen.
También el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Voulé, coincidió con el informe de Bachelet y reiteró que en Nicaragua se siguen violando los derechos humanos de los ciudadanos nicaragüenses y llamó a la comunidad internacional a actuar contra la dictadura de Nicaragua.
Cabildeo para ampliar monitoreo internacional a la dictadura
El relator especial explicó que el derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica es un derecho fundamental para que se garanticen los demás derechos, pero eso no sucede en Nicaragua. Con base en lo anterior, pidió al Estado que les devuelva la personería jurídica a las ONG que fueron ilegalizadas, pues estas desempeñan un papel vital en la protección y el cumplimiento de los derechos humanos y la vida democrática de la sociedad.
El director de la Red Internacional de Derechos Humanos, Ramón Muñoz, si bien el informe de Bachelet ya era conocido antes de ser presentado, su actualización con datos de último momento sobre crímenes de campesinos en el norte de Nicaragua y los nuevos datos sobre la represión que incluyó la CIDH, terminaron causando profunda impresión ante los estados miembros de Naciones Unidas.
Desde su función en esta red internacional, Muñoz anunció que junto a otras organizaciones internacionales de derechos humanos, países aliados de la Unión Europea y mediante cabildeo ante los representantes del Consejo de Derechos Humanos, solicitarán que la resolución aplicada al régimen en marzo de este año, sea ampliada de manera permanente hasta que la dictadura acepte la supervisión en el terreno de Naciones Unidas.
“El mandato a la señora alta comisionada es de un año, concluye en marzo próximo, nosotros vamos a iniciar una campaña de cabildeo para que se alargue a 2020 y 2021 hasta que el régimen acepte someterse a la observación internacional. Hay mucha consternación entre la comunidad internacional sobre el tema de Nicaragua y las delegaciones seguirán presionando por un cambio en ese comportamiento”, dijo Muñoz.
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Al finalizar su intervención Bachelet, diversas delegaciones respaldaron su informe: la Unión Europea, Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Argentina, Bélgica, República Checa, México, Alemania, Suiza, Ecuador, España, Francia, Sudáfrica, Uruguay, Australia, Georgia, Islandia, Luxemburgo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
También las organizaciones CIVICUS, Red Local, Human Rights Watch, FIDH, Amnistía Internacional, CitizenGo e Hivos, acogieron el informe e instaron al régimen a retomar las recomendaciones allí presentadas.
Al delegado de Nicaragua, que básicamente negó los señalamientos y quiso descalificar el documento de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, lo respaldaron tibiamente lo respaldaron las delegaciones de Bolivia, Siria, Belarús, Cuba, Rusia y Venezuela, quienes solicitaron a la ONU “no intervenir en los asuntos internos” de otros países.
