Cenidh reporta sobre ejecuciones selectivas de campesinos opositores a la dictadura de Nicaragua

Hay “una característica en común” entre las víctimas: eran opositores al régimen, dice informe de organismo

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Al finalizar la presentación del informe, los miembros del Cenidh así como de Madres de Abril realizaron un piquete de protesta en las afueras del hotel capitalino y frente a un cordón policial que imposibilitaba la entrada al lugar. LA PRENSA/L. López

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) presentó este viernes un nuevo informe bimestral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, donde destaca que se “ha detectado un patrón de ejecuciones selectivas de campesinos opositores” al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El organismo defensor de los derechos humanos en Nicaragua documentó los incidentes ocurridos en julio y agosto de este año.

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Cabe destacar que durante la presentación del informe del Cenidh en el hotel Holiday Inn, la Policía Orteguista (PO) asedió y acordonó la entrada al lugar donde se desarrollaba el encuentro.

El documento —de 33 páginas— recopila las graves y múltiples violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura orteguista, describe el recrudecimiento de la represión y las nuevas modalidades de hostigamiento contra toda voz disidente.

Sobre las ejecuciones

Sobre las ejecuciones selectivas de campesinos que se han dado en estos últimos meses, el organismo de derechos humanos señaló que hay “una característica en común” entre las víctimas: campesinos que se vincularon directamente a las protestas sociales iniciadas en abril de 2018 o que desde antes de esa fecha son adversarios al régimen de Ortega.

“Desde la llegada de Ortega al poder y durante los 10 años siguientes, el Cenidh registró al menos 26 casos sobre ejecuciones extrajudiciales realizadas en las zonas rurales por las fuerzas armadas. Todos los casos han quedado en la impunidad, y la falta de voluntad política del sistema judicial para juzgar a los autores materiales de dichos crímenes, revela su falta de independencia frente a las políticas del Poder Ejecutivo”, se lee en el informe.

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El Cenidh documentó que en julio y agosto pasados han aparecido “con mayor frecuencia” en la agenda de los medios de comunicación los casos de ejecuciones de campesinos, lo que “provoca gran preocupación y zozobra entre el campesinado de la zona”.

Cinco casos documentados

De enero a agosto de 2019, el Cenidh ha monitoreado el asesinato de 17 campesinos en la zona norte del país (todos acribillados a balazos); sin embargo, existen otros casos de campesinos que perdieron la vida de manera violenta con arma blanca, “lo que evidencia un aumento de los niveles de violencia en la zona rural que coincide con la presencia de grupos parapoliciales afines al régimen”, cita el reporte del Cenidh.

Del total de asesinatos, el organismo nacional tiene documentados cinco. Entre ellos está el caso de Oliver José Montenegro Centeno, un agricultor de 44 años que habitaba en la comarca Caño de la Cruz Central, municipio de El Cuá, departamento de Jinotega.

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“Fue acribillado a balazos por sujetos armados, que con testimonios recabados por el Cenidh, (se) identifican como ‘paramilitares y policías’”, expone el informe.

Además del joven Bryan Yeraldin Murillo López, asesinado en su casa, en León, por la Policía Orteguista, y donde resultaron dos personas heridas de gravedad.

“Para el Cenidh es evidente que el único fin de la policía, al referirse a las víctimas como ‘delincuentes’, es justificar su actuación arbitraria e ilegal, en la que violaron el derecho a la vida y la integridad personal de las víctimas (…) En tanto nuevamente se confirma una característica común entre las víctimas de la violencia instaurada por el régimen Ortega Murillo: el joven asesinado y los heridos habían participado en los tranques y las manifestaciones antigubernamentales en 2018”.

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El caso de Murillo López fue presentado por el Cenidh ante el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), elevando la cifra de 328 personas asesinadas en el periodo de represión orteguista.

Vilma Núñez, directora del Cenidh, expresó que el proceso de documentación de los casos de ejecuciones extrajudiciales conlleva a entrevistas y comunicación con los familiares de la víctima, información personal, recopilación de información, entre otros. El objetivo del mismo es “para diferenciar cuál caso podría ser delincuencia común y cuál caso podría ser de ejecución”.

“Una de las características, porque esto es un procedimiento militar, es que hayan sido emboscados. En segundo lugar, es que hayan sido individuos con un notable perfil político o de oposición, ya sea por CxL (Ciudadanos por la Libertad) o PLC (Partido Liberal Constitucionalista), que producto de su posición política ya hayan sido perseguidos (…) aquí definitivamente está involucrado el Ejército (de Nicaragua) porque le está dando continuidad a una práctica que ya se venía haciendo desde que Daniel Ortega nuevamente subió al poder en el 2007”, señaló Núñez.

Recrudecimiento del hostigamiento y persecución

El Cenidh también enfatizó en la nueva fase represiva de la dictadura de Nicaragua con el recrudecimiento del hostigamiento y la persecución contra ciudadanos opositores y expresos políticos. Entre las situaciones, el organismo expuso las experiencias ocurridas a los exreos políticos Byron Corea Estrada, Levis Artola Rugama y Olesia Muñoz Pavón en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, Rivas.

“En una especie de centro de persecución y de tortura psicológica, donde oficiales migratorios y policías retienen sin motivos ni explicaciones a los ciudadanos claramente identificados como opositores, quienes son objeto de tratos indignos y violatorios a sus derechos”, describe el informe.

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Nuevas modalidades de criminalización a excarcelados, provocación generalizada, el constante acoso, la prohibición a las protestas y reunión pacífica, persecución y asedio a los defensores de derechos humanos también forman parte del informe bimestral del Cenidh.

Realizan piquete y los rodea la Policía Orteguista

Al finalizar la presentación del informe, los miembros del Cenidh, así como de Madres de Abril, realizaron un piquete de protesta en las afueras del hotel capitalino y frente a un cordón policial que imposibilitaba la entrada al lugar. Más de treinta oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) y más cinco camionetas rodearon el edificio.

Núñez refirió que pese al asedio y la persecución que mantiene el régimen contra los defensores de los derechos humanos, el Cenidh seguirá denunciando a nivel nacional e internacional las violaciones en contra de los nicaragüenses.

“Derecho que no se defiende, derecho que se pierde”, fue uno de los lemas que gritaron los manifestantes.

Conclusiones del Cenidh

El informe del Cenidh concluyó con cuatro aspectos que destacaron en los meses de julio y agosto de este año: “Que la violencia y la inseguridad ciudadana se están recrudeciendo ante los numerosos reportes de presencia de grupos paramilitares afines al régimen en las zonas rurales, en un contexto de altos niveles de impunidad”.

“Que las autoridades no han atendido adecuadamente estos hechos criminales reportados tanto en las zonas urbanas como rurales, y la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de muchos crímenes sigue en la impunidad, obstaculizando de esta manera el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares”.

“Que el régimen Ortega Murillo no muestra voluntad política para dar salida a la crisis sociopolítica iniciada en abril de 2018”.

“Que la campaña sostenida de persecución política contra las y los defensores de derechos humanos, pone en riesgo la integridad personal y la vida de estos y sus familias en Nicaragua”.

Persecución

El Cenidh también alertó sobre el hostigamiento y la persecución política en contra de los defensores de derechos humanos, y tomó como ejemplo los casos de las abogadas María Oviedo, Leyla Prado, Yonarqui Martínez y Aura Alarcón. “En este período el régimen persiste en violar el derecho a defender derechos y en violentar el derecho a la libertad de asociación, al tiempo que acentúa el hostigamiento y la intimidación hacia las defensoras y los defensores de derechos humanos, con un marcado interés de atacar y acosar a quienes defienden los derechos de las y los prisioneros políticos”, se lee en un comunicado.

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