Mientras los medios de comunicación se volcaban a informar sobre la represión del régimen de Daniel Ortega hacia la población sublevada desde el 18 de abril de 2018 a la fecha, en los tribunales de justicia los jueces fallaron casos de relevancia social. Tal es el caso de la libertad del cirujano plástico David Páramo, la convivencia familiar del panguero Hilario Blandón y la condena a 75 años del colombiano Amauri Carmona Morelos.
El 15 de marzo de 2018, la juez Roxana Zapata, titular del Juzgado Primero Distrito Penal de Juicio de Managua, ordenó la libertad del cirujano plástico David Páramo, condenado a cinco años de cárcel por homicidio imprudente y lesiones imprudentes graves en perjuicio de Lizandra Jarquín y Allison Molina; porque lo benefició con la suspensión de la pena a solicitud de su abogado Mario Sandoval, sin embargo se hizo efectiva hasta después del 26 de abril de 2018.
Sandra González Busto, mamá de la víctima Lizandra Jarquín, apeló la sentencia favorable a Páramo y el 3 de abril de 2018, la juez Zapata declaró inadmisible la apelación. Luego, el 16 de abril, González interpuso un recurso de reposición de dicha resolución y la judicial se lo declaró sin lugar, porque no tenía representación legal de la víctima, ya que estaba casada y es su esposo Lesther Rodríguez, quien la representa.
Después de la batalla legal que hiciera la madre de Jarquín, finalmente queda firme la sentencia el 26 de abril y se cumple la orden de libertad.
“Gírese la orden de libertad a favor de David Páramo, previa rendición de fianza personal y se pone en conocimiento a la autoridad del centro penitenciario a fin de que se cumpla”, dice la sentencia leída en el Juzgado Primero de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria.
La juez Zapata argumentó en su sentencia que el privado de libertad cumple con los requisitos establecidos en la ley porque es reo primario, no posee antecedentes penales, la pena es menor a cinco años de cárcel y según valoración de medicina legal no es un reo peligroso.
La judicial le impuso a Páramo medidas cautelares alternas a la prisión, entre estas rendir fianza personal, presentarse una vez al mes a la Oficina de Presentación del Procesado a firmar ficha de control, por un período de prueba de tres años y seis meses. Además, le advierte que debe abstenerse de ejercer la profesión durante el período de prueba y le prohíbe el cambio de domicilio sin autorización judicial.
Lizandra Jarquín, falleció después que el médico le practicó una liposucción y aumento de glúteos en el 2016.
Panguero de Corn Island
En el caso del panguero Hilario Róger Blandón, condenado a cuatro años de cárcel por el homicidio imprudente de 13 turistas costarricenses en febrero de 2016, este adquirió su libertad mediante decisión del Ministerio de Gobernación, ya que salió beneficiado con la convivencia familiar el 10 de diciembre de 2018, cuando ya le falta un año para cumplir su condena.
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Previo a este beneficio, su abogado Boanerge Fornos promovió el 6 de diciembre de 2018 un incidente de libertad condicional, puesto que había cumplido las dos terceras partes de la condena (36 meses). La juez Roxana Zapata, titular del Juzgado Primero de Ejecución de Sentencia, ordenó al Sistema Penitenciario Nacional la evaluación del condenado, incluyendo el grado de peligrosidad.
El caso quedó paralizado ahí, puesto que adquirió la libertad antes que el Sistema enviara su evaluación. La tragedia ocurrió la tarde del 23 de enero de 2016, cuando Hilario Blandón zarpó de Little Corn Island hacia Corn Island a pesar del mal temporal (vientos fuertes) y naufragó en altamar, falleciendo ahogados los 13 turistas, incluyendo un niño de 13 años, cuyo cuerpo jamás fue encontrado.
Colombiano Amauri
En el caso del colombiano Amauri Carmona Morelos, procesado en el 2017 por tráfico internacional de droga y otros delitos en perjuicio del Estado de Nicaragua, el Ejército y la Policía, por hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2009 en Walpasiksa, dieron a conocer el año pasado la sentencia condenatoria de 75 años de prisión. La sentencia fue dada por el entonces juez orteguista Ernesto Rodríguez, del Juzgado Sexto Distrito Penal de Juicio de Managua.
Ahora es magistrado de apelaciones. Según su abogado Carlos Chavarría, el caso está en apelación en la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua.