Nicaragua es uno de los lugares donde inicia el recorrido de armas que ingresan, de forma ilegal, a México, revelaron fuentes del gobierno federal a El Universal, de México.
“La fuente informó que además del ingreso por Estados Unidos las nuevas rutas del tráfico de armas inician en Nicaragua, donde son preparadas en piezas para su envío, distribución y venta en México, y reconoce que desde hace cerca de cinco años el Barrio Bravo de Tepito se ha convertido en el centro de distribución de armas clandestinas más grande de la República”, se lee en la publicación titulada De Centroamérica a Tepito, la ruta del tráfico de armas, de este martes 17 de septiembre.
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En el artículo se señala que el “endurecimiento de la vigilancia en la frontera norte de México ha propiciado la apertura de nuevas rutas y formas para el tráfico de armas”, ahora no solo llegan desde Estados Unidos sino desde Centroamérica.
“Cada vez son más los cargamentos transportados desde Nicaragua que entran a México, por vía terrestre, a través de las fronteras con Guatemala o Belice”, expone el artículo con base en las autoridades federales.
Según el artículo de El Universal los rifles y las pistolas llegan desarmados a México en dobles fondos de camiones de carga o pasajeros que cuentan “con la bendición” de autoridades corruptas, que reciben diversas cantidades por hacerse de la “vista gorda”.
Otra de las fuentes que cita El Universal es una persona que dice apodarse el Ñengo o el Chilango, quien fue policía de la Ciudad de México y desde hace seis años, cuando fue dado de baja, trafica todo tipo de armas.
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“Cubierto con pasamontañas confirma que el ingreso de armas inicia en Nicaragua. De ahí tienen acceso a territorio nacional —México— por dos grandes puertas: de Belice a Quintana Roo y de Guatemala a Chiapas, a través del grupo identificado como Polleros”, cita El Universal de México.
También aseguró que la otra ruta de tráfico de armas a México es por Belice.
Contraste con el discurso orteguista
Estos hallazgos expuestos por el periódico mexicano contrastan con el discurso gubernamental, que pese a la crisis sociopolítica que inició en abril, y los diversos señalamientos de violaciones a los derechos humanos por parte del régimen y de la Policía Orteguista, siguen asegurando que el país se destaca por ser uno de los más seguros de Centroamérica.
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Uno de los principales cuestionamientos hacia el régimen ha sido la aparición de grupos parapoliciales, que se vieron actuando bajo la venia de la Policía y junto a ellos, en los momentos más álgidos de la represión gubernamental.
En una entrevista brindada a la revista Factum y publicada en mayo pasado, la investigadora salvadoreña Jeannette Aguilar, quien ha estudiado los aparatos policiales en varios países centroamericanos, señaló que es una “incógnita lo que se viene para una región con narcoactividad, con crimen organizado y con tráfico de armas que ha sido alarmante en las últimas dos décadas. El que hayan emergido todos estos fenómenos en Nicaragua junto a una Honduras con instituciones policiales y de seguridad altamente corruptas, y junto a El Salvador con violencia generalizada y con estructuras paralegales, genera un escenario de mucha crispación y propicio para el aumento de los mercados ilegales y de las dinámicas criminales en todo el istmo. Aunque no lo hemos documentado, yo creo que el fenómeno de Nicaragua tiene un efecto expansivo en la crisis de criminalidad organizada en Centroamérica”, señaló.
No desarmaron a grupos parapoliciales
Aunque diferentes organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales demandaron el desarme de los grupos parapoliciales, encargados de ejecutar la “operación limpieza”, y después, de vigilar los departamentos, que según el discurso gubernamental eran “liberados”, el régimen obvió esas demandas.
Mediante diferente videos de la ciudadanía que denunciaban la masacre que sufrió el pueblo, y coberturas de medios de comunicación independientes, se constató el uso de armas de alto calibre como PKM, M16, Dragunov, AK-47, entre otras.