La Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y El Caribe (CPAL), denunció a través de un comunicado que el régimen dictatorial de Daniel Ortega mantiene en Nicaragua “un estado de excepción o un estado de sitio de facto”, al mismo tiempo que aseguró que “el derramamiento de de sangre no cesa”.
“Una auténtica masacre ensangrentó Nicaragua desde abril a agosto de 2018. Entre los meses de abril y mayo de ese año la población se adueñó de las calles de todo el país mientras el régimen se preparaba para aplastar las protestas a sangre y fuego”, señaló el gremio de sacerdotes.
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LA PRENSA/ O. NAVARRETE
Los sacerdotes jesuitas solicitaron el apoyo de la comunidad internacional, especialmente el de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que “se tomen todas las medidas necesarias para rescatar la democracia en Nicaragua”, y que se encarguen de “responsabilizar al régimen actual de los crímenes que ha cometido”.
En la misiva, el gremio de sacerdotes jesuitas criticó el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Orteguista (PO) para desarticular las protestas de abril de 2018 y el apoyo de fuerzas parapoliciales.
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“¡Vamos con todo! fue la orden que dio el régimen el 19 de abril para aniquilar unas inesperadas protestas de jóvenes estudiantes; y se desató la matanza”, señaló la CPAL, quien además manifestó que dicha represión “la ejecutaron policías antidisturbios que usaron armas de guerra. Muy pronto se les unieron fuerzas parapoliciales y paramilitares, hombres vestidos de civil y a menudo encapuchados”.
La CPAL sustentó su posición mediante el informe que realizó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que dejó en evidencia los crímenes de lesa humanidad que cometió el régimen orteguista. La CPAL aseguró que dicho informe del GIEI “es lo más cercano al de una comisión de la verdad”.
Asesinatos selectivos en el campo
Los jesuitas también se refirieron en su comunicado a los asesinatos de opositores en las montañas del norte de Nicaragua y señalaron que estos “ya no ocurren en las ciudades que se rebelaron en abril, sino en zonas rurales”.
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“Los muertos de hoy son campesinos, opositores al sandinismo desde los años 80 y participantes, después de la rebelión de abril de 2018, en protestas contra el régimen actual”, agregó CPAL.
Además, el CPAL manifestó que este tipo de asesinatos selectivos “los ejecutan paramilitares amparados por el Ejército; y así todo va quedando en la más absoluta impunidad”.
“Queremos continuar atentos a las voces de aquellos que sufren la inmisericorde tiranía del poder que pretende someter los sueños libertarios y democráticos a través del terror, la represión, la tortura, el asesinato”, agregaron los sacerdotes jesuitas.
La CPAL también se refirió a la excarcelación de presos políticos, la que tildó de “concesión” por parte de la dictadura “para fingir que estaba abierto al diálogo y a la negociación de cara a los encuentros que sostuvo con la oposición” a inicios de 2019.
Durante la segunda versión del diálogo nacional entre el régimen y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el régimen firmó varios acuerdos en los que se comprometía a liberar presos políticos, respetar los derechos de la ciudadanía a manifestarse entre otros, mismo acuerdos que, según los jesuitas, “nunca se han cumplido”.