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Roberto Courtney participó el pasado viernes como expositor en el foro “Discusión política y jurídica de las reformas electorales”, promovido por el Grupo Pro Reformas Electorales. LA PRENSA/U. MOLINA

Experto analiza los escenarios posibles de la reforma electoral de Nicaragua

En todas las posibilidades planteadas, las sanciones de la comunidad internacional son clave para empujar a Ortega a hacer los cambios necesarios en el sistema electoral

Para Roberto Courtney, director ejecutivo de la organización de observación electoral Ética y Transparencia, lo peor sería que el régimen de Daniel Ortega no esté dispuesto a conceder en este momento elecciones libres, justas y competitivas. Pero en el caso de que se concrete algún tipo de reforma electoral, Courtney señaló que la reforma electoral no depende tanto de cuándo y con quién se haga, sino que la importancia es el resultado.

En Nicaragua el sistema electoral carece de credibilidad porque está bajo el control del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

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En este momento, las organizaciones opositoras están en un proceso de consensuar propuestas de reforma electoral, preparándose para un escenario ideal, en el cual Ortega negocie con ellos estas condiciones, con vista a una eventual elección presidencial. Lo más importante para la oposición es que las votaciones sean confiables, para que la ciudadanía participe.

Pero la realidad no se puede perder de vista en un país gobernado por un dictador que no quiere dejar el poder.

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Courtney expuso el viernes pasado un análisis de los escenarios políticos y desafíos para la reforma, en el foro

“Discusión política y jurídica de las reformas electorales”, promovido por el Grupo Pro Reforma Electoral.

Con la OEA

Una de las posibilidades que planteó el experto electoral es un proceso de reforma con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA), que el mismo régimen de Ortega ha propuesto.

El pasado 28 de agosto, en la sesión del Consejo Permanente de la OEA, el representante del régimen de Daniel Ortega ante la OEA, Luis Alvarado, dejó entrever que la dictadura solo discutirá los temas electorales con la OEA. En esa misma sesión, Luis Ángel Rosadilla, miembro del equipo de la Secretaría General de la OEA y enviado especial para Nicaragua, dijo que este organismo contestaría en los próximos días a Ortega, sobre apoyarlo en el tema electoral. Hasta ahora no se ha conocido una respuesta pública de la Secretaría General de la OEA.

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Este viernes 20 de septiembre, la delegación del régimen de Ortega ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, manifestó que se han retomado los trabajos con la Secretaría General de la OEA para la cooperación en materia de fortalecimiento institucional, político y electoral de Nicaragua. Esto confirma el interés de Ortega de abrir un proceso de reforma a la Ley Electoral (Ley 331) con la OEA, en un contexto de presión internacional, para que su gobierno busque una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018, cuando comenzó la represión policial contra las protestas civiles.

Oportunidad de Ortega para quitarse sanciones

Courtney ve en esto la oportunidad que tiene Ortega para intercambiar garantías electorales por el levantamiento de las sanciones económicas impuestas a sus familiares y leales funcionarios, a causa de la ruptura del orden democrático y las violaciones de Derechos Humanos desde que comenzaron las protestas.

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Según Courtney, lo que garantizaría una reforma ideal, confiable y justa en este escenario, es que la OEA sí puede incidir para quitar las sanciones. “Si Ortega lo hace a cambio de sanciones, la OEA sería un interlocutor para que no pase lo que ocurrió en el primer diálogo, cuando Ortega dijo (a la oposición nacional): ‘Yo puedo dar lo que doy, pero ustedes no me pueden quitar las sanciones’. Hay un escenario seguro con la OEA, pero es un escenario que está en veremos en este momento”, dijo Courtney.

Otro escenario

Otra situación posible es una reforma con los partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Nacional, los cuales tampoco gozan de la confianza ciudadana, porque es otra institución controlada por el orteguismo.

Para Courtney, la garantía de este escenario sigue siendo el interés de Ortega de quitarse la guillotina de las sanciones y está en la obligación de ceder algo para parecer confiable, como lo hizo con la entrega de la mayoría de los presos políticos, en un contexto de lluvia de sanciones.

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“Temas como la reforma electoral no dependen tanto de cuándo ni con quién se cocinan, sino que al final de cuenta valen por su resultado”, recalcó Courtney.

Fraudes desde 2008

Desde 2008 en Nicaragua se cometen fraudes electorales que han mantenido en el poder a Daniel Ortega durante tres períodos presidenciales consecutivos (15 años en 2021).

La oposición de Nicaragua demanda elecciones adelantadas, antes de noviembre de 2021, como una solución a la crisis que vive el país desde abril de 2018, cuando comenzó la represión contra las protestas civiles que demandan la salida de Ortega del poder.

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