Una delegación de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia inició este lunes 23 de septiembre un intenso cabildeo que incluye el Congreso y Senado de los Estados Unidos (EE.UU.), así como en la Organización de Estados Americanos (OEA) y reuniones con la diáspora nicaragüense para lograr un mayor apoyo a fin de elevar la presión contra el régimen de Daniel Ortega, para que se reanude el diálogo y lograr así una solución a la crisis sociopolítica en la que está hundida Nicaragua desde hace casi año y medio.
Los opositores Juan Sebastián Chamorro, Mario Arana, Azahalea Solís, Medardo Mairena, José Adán Aguerri junto a los estudiantes universitarios Max Jerez, Edwin Carcache, Lesther Alemán y Douglas Castro y el miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), Félix Maradiaga, son parte de la delegación que expondrá informes de cómo el régimen orteguista sigue violentando los derechos humanos de los nicaragüenses al mantener e intensificar la represión.
Los miembros de la oposición también tienen previsto participar en plantones que la comunidad nicaragüense residente en Estados Unidos realizarán este martes 24 de septiembre frente a la embajada de Nicaragua en Washington DC.
José Pallais, de la AC, explicó que una de las reuniones centrales es la que sostendrá parte de la oposición con la comisión de alto nivel diplomático creada por la OEA (prevista para el próximo viernes), por cuanto formalizarán la denuncia con pruebas documentales de que el régimen de Ortega no tiene voluntad de solucionar la crisis, más bien ha incrementado la represión las últimas semanas con el asedio, encarcelamiento a los opositores así como la prohibición y ataques a las protestas realizadas por los ciudadanos.
“El objetivo es mantener el interés de la comunidad internacional en la crisis en Nicaragua, agradecer el apoyo que nos han dado como pueblo a la salida negociada en la crisis. Se expresará el respaldo de la Alianza, en nombre de los nicaragüenses, a la comisión de alto nivel de la OEA y se elevará el informe ante la situación en materia de derechos humanos y la democracia que cada vez es de más deterioro”, refirió Pallais, quien no pudo participar en el viaje debido a problemas médicos.
En la agenda de la delegación de la oposición se contempla reunirse con congresistas y senadores demócratas y republicanos, con funcionarios del Departamento de Estado, con la secretaría general de la OEA así como con los embajadores que integran el Grupo de Trabajo para Nicaragua y la comisión de alto nivel diplomático de la organización hemisférica.
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“Es una agenda fuerte, confiamos en que la OEA, a pesar de que Ortega se negó a recibir a los miembros de la comisión de alto nivel, siga gestionando para conseguir que se vuelva al diálogo porque los nicaragüenses confiamos que se pueda conseguir una salida pacífica a esta crisis”, dijo Pallais.
La opositora y promotora de los derechos humanos, Azahalea Solís, participó este lunes en el encuentro de la Coalición de Derechos humanos de las Américas, en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), donde denunció las agresiones sufridas por los manifestantes el sábado pasado cuando realizaron varios piquetes exprés como parte de las protestas contra el régimen. Se expondría que las detenciones arbitrarias de opositores persisten y que se mantienen más de cien presos políticos.
La Policía Orteguista (PO) sitió los cuatro puntos donde los miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) convocaron las concentraciones para salir a marchar en el sector de la carretera a Masaya el sábado pasado. Los policías antidisturbios dispararon bombas aturdidoras para replegar a los ciudadanos, resultando herido el excarcelado Pedro Estrada Ortiz, de 21 años, por una de esas bombas en el plantón que se realizó en el parqueo del edificio Centro Pellas.
El asedio de la PO, prohibir las marchas, los secuestros y las detenciones ilegales son parte de la represión que el régimen de Ortega mantiene desde abril del 2018 contra los ciudadanos que exigen la salida del poder de Ortega por los crímenes contra los manifestantes. Al menos 328 muertos, miles de heridos, más de mil presos políticos y unos ochenta mil exiliados es parte del saldo sangriento de la represión en los últimos 17 meses.
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La población demanda el adelanto de las elecciones a lo que el régimen se niega. Incluso Ortega impidió el ingreso a Nicaragua de los miembros de la comisión de alto nivel diplomático creada por la OEA con la misión de llevar a cabo “esfuerzos diplomáticos al más alto nivel”, con el objetivo de buscar un encuentro directo con el régimen e intentar encontrar una solución negociada a la crisis que vive Nicaragua.
La dictadura rechaza la comisión de alto nivel de la OEA por considerarla un mecanismo que no ha sido solicitado y, a su juicio, es una injerencia en los asuntos internos del país. En un claro enfrentamiento ante el foro hemisférico Ortega, a través de Migración y Extranjería, prohibió el ingreso a Managua de los embajadores Elisa Ruiz Díaz Bareiro, representante permanente de Paraguay ante la OEA; Leopoldo Francisco Sahores, subsecretario de Asuntos de las Américas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina; Sebastien Sigouin, director de Asuntos Globales de Canadá para Centroamérica, Cuba y República Dominicana; Carlos Trujillo, representante permanente de los Estados Unidos ante la OEA, y Audrey Marks, representante permanente de Jamaica ante la OEA.
Tampoco se dejó ingresar a Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien junto a la comisión iniciarían a partir del 16 de septiembre pasado encuentros con diversos sectores del país.