En la conmemoración del Día del Ejército fueron publicados en medios de comunicación algunos artículos de opinión en los que se debate la existencia misma del Ejército. Apuntaba el doctor Humberto Belli en el Diario LA PRENSA:
“Hay que abolir el Ejército. Los 80 millones de dólares que se piensan gastar en 50 tanques rusos es la más reciente demostración de lo oneroso e irracional del militarismo que impulsa Ortega en contubernio con altos mandos castrenses”.
En la revista Envío, Roberto Cajina expone: “Dos semanas después de la reforma parcial de la Constitución en enero de 2014 se reformó la Ley 181, dándole al Ejército mayores niveles de autonomía funcional y una casi total autonomía institucional. Ya para entonces era más que evidente la identificación del general Avilés con el proyecto político continuista de Ortega, en el que los intereses corporativos del Ejército, administrados por el Instituto de Previsión Social Militar, y los intereses personales de la cúpula militar —generales y coroneles— se fundieron con los del consorcio Ortega-Murillo”.
BBC News Mundo publicó: “En la década de 1940, Costa Rica vivió varios episodios de violencia política que derivaron en la guerra civil de 1948. Tras el fin del conflicto, el gobierno del presidente José Figueres Ferrer suprimió las fuerzas armadas y la medida fue consagrada después en la Constitución de 1949”.
Uriel Pineda Quinteros en el Diario LA PRENSA señala: “Al general Avilés, si le preocupan tanto los golpes de Estado, le informo que la experiencia internacional demuestra que si su Ejército no existiera, tampoco existieran intentos de golpes de Estado en Nicaragua”.
Asociado a lo anterior me permito exponer la creación de un Sistema Único de Seguridad Social, a través de la fusión del INSS con el Instituto de Seguridad Social y Desarrollo Humano (de la Policía Nacional) y el Instituto de Previsión Social Militar (del Ejército), la cual resulta de imperativo cumplimiento para eliminar todo vínculo partidario de estas instituciones y convertirlas, con criterios de eficiencia y eficacia, en beneficio de la nación nicaragüense. Se trata de obtener, a mi juicio, los siguientes propósitos:
—Que los beneficios de jubilación y salud sean compatibles para civiles y militares.
—Que sus inversiones sean transparentes y que beneficien a todos los sectores de la economía nacional.
—Que las cotizaciones sean aplicables a civiles y militares.
—Que no existan privilegios, competencias desleales y monopolios.
—Que se establezca una política de rendición de cuentas e Informes Financieros periódicos.
—Que sean debidamente supervisadas por la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Bancos y que sus Informes de Auditoría Externa sean conocidos públicamente.
—Que su manejo sea independiente a todo vínculo partidario y deje de ser una Caja Chica del Gobierno de turno.
—Que tanto la Policía Nacional como el Ejército de Nicaragua dediquen sus esfuerzos para cumplir la Constitución Política de la República, el marco legal y las leyes.
—Que sus registros contables sean independientes y su administración sea colectiva entre el poder civil y militar.
—Que estas dos instituciones armadas no tengan que convertirse en entes empresariales con absoluta autonomía y que no se conviertan en un poder económico y militar, menos aún dentro de otro poder del Estado.
Estoy totalmente claro de que estas sugerencias solamente tendrán cabida en un gobierno democrático, pero desafortunadamente no en otro que acapare la independencia de las instituciones y corrompa la vida nacional.
El autor es analista financiero.