En días recientes la CIDH hizo público un Informe Especial sobre la Migración Forzada de Personas Nicaragüenses a Costa Rica. Uno podría pensar que es un informe más de instancias internacionales, pero al analizarse con detenimiento nos damos cuenta que apunta en una dirección muy clara, el derecho de acceso a la justicia de las víctimas del régimen Ortega-Murillo.
Cerca de la mitad del informe se dedica a caracterizar a las personas desplazadas, pero ese énfasis toma sentido en el párrafo 120. En este párrafo la CIDH reitera la advertencia hecha por el GIEI en su informe de diciembre de 2018 y llama la atención sobre el ataque generalizado y sistemático que han sido víctimas los nicaragüenses por parte del régimen Ortega-Murillo. Para ello también resalta: la extensión geográfica y temporal de los hechos; la cantidad de víctimas; la gravedad de las acciones de represión; la existencia de ciertos patrones de conducta llevados a cabo con recursos del Estado; y que todo responde a una política definida y avalada desde la cúspide del poder estatal.
Básicamente, lo que hace la CIDH es adicionar el desplazamiento forzado de personas a la lista de Crímenes de Lesa Humanidad cometidos por el régimen Ortega-Murillo. Esa amplia caracterización está orientada a acreditar el llamado elemento de contexto de los Crímenes de Lesa Humanidad por lo cual, de quererse procesar a Ortega, buena parte del ejercicio de documentación ya está hecho. Faltaría organizar a las víctimas y encontrar un tribunal.
Pero el informe es integral y da un golpe fuerte a Costa Rica también. El presidente Carlos Alvarado puede limitarse a atender las recomendaciones y apelar a la comunidad internacional para hacer frente a la crisis humanitaria, pero a la larga esto le puede representar un costo político alto, considerando el reciente viraje conservador del electorado tico. Es por ello que el informe de la CIDH puede detonar en Costa Rica una política exterior más beligerante para acelerar la caída del régimen Ortega-Murillo y asegurar el acceso a la justicia de las víctimas.
Puede que ahora al presidente de Costa Rica no le parezca mala idea impulsar el debate internacional sobre el reconocimiento del principio de Jurisdicción Universal. Esta medida reafirma el compromiso de Costa Rica con los Derechos Humanos, calma críticas internas y pérdida de legitimidad, además representa una salvaguarda del derecho de acceso a la justicia en la región.
Alvarado debe decidir si quiere 55 mil migrantes o 55 mil víctimas; si les da condiciones de subsistencia o les brinda un tribunal donde puedan demandar justicia ejerciendo la Jurisdicción Universal contra Ortega; si denuncia internacionalmente o es verdugo del régimen.
El autor es maestro en Derechos Humanos.