Periodistas de Nicaragua denuncian ante la CIDH: régimen orteguista orquesta etapa de ataques selectivos contra voces y medios independientes

Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana, solicitó a la CIDH adoptar nuevas medidas ante "la situación de extrema gravedad y urgencia" que sufre el periodismo en Nicaragua

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Los periodistas Carlos Fernando Chamorro, Aníbal Toruño y Sergio León en la audiencia en la CIDH. LA PRENSA/ CORTESIA CIDH

En Nicaragua existe una política orquestada desde del Estado para callar y hacer desaparecer a los periodistas y medios de comunicación independientes, lo cual socava más las bases de la democracia. Esa fue parte de lo expuesto por los periodistas Sergio León, Carlos Fernando Chamorro y Anibal Toruño durante una sesión pública en la que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se evalúo la situación de las medidas especiales de protección a varios reporteros nicaragüenses por el riesgo a su integridad física por los ataques, amenazas y asedio de parte de grupos parapoliciales, simpatizantes y la Policía del régimen orteguista.

Toruño, director y propietario de Radio Darío, en la ciudad de León, denunció que la quema de la radio en abril del 2018 por turbas orteguistas dirigidas por altos funcionarios, sigue sin ser investigada así como los ataques al personal de la misma. Por el contrario, el asedio, hostigamiento, amenazas y agresiones se han incrementado.

Esto «evidencia que son las autoridades y los paraestatales los autores directos de los ataques contra mi persona y trabajadores de la radio, así como los daños a las instalaciones, lo que reafirma que el Estado tiene orquestado una etapa de selectivos contra voces y y medios independientes, entre ellos Radio Darío, su equipo y mi persona», afirmó Toruño.

La represión contra el periodismo crítico se ha incrementado desde las protestas ciudadanas en abril del 2019, por informar de la brutal represión de las turbas, parapolicias y la PO que han dejado al menos 328 asesinatos, miles de heridos, torturas, secuestros y detenciones ilegales entre los abusos cometidos por el régimen de Daniel Ortega, considerado como delitos de lesa humanidad por organismos internacionales como la CIDH y Naciones Unidas.

Régimen no asistió

La audiencia «Cumplimiento de medidas cautelas de protección de periodistas de Nicaragua» se realizó este 25 de septiembre en la sede de la CIDH, en Washington DC, Estados Unidos (EE.UU.) en el contexto del 173 Período de Sesiones del organismo.  Ningún representante del régimen de Ortega se hizo presente, pese a ser invitado.

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El comisionado Joel Hernández García, relator sobre los derechos de las personas privadas de libertad, lamentó que ningún representante del Estado de Nicaragua asistiera. «La nota la acabamos de recibir y la vamos a integrar al expediente, pero nos hubiese gustado que fueran ellos quienes respondieran, es una oportunidad perdida para los representantes del Estado y obviamente es un incumplimiento de sus obligaciones ante la Comisión», afirmó Hernández.

Sergio León, Carlos Fernando Chamorro y Anibal Toruño son parte de los decenas de comunicadores independientes que sufren acoso, asedio, amenazas de muerte, han sido atacados físicamente por turbas y la PO, así como daños a las instalaciones de sus medios de comunicación por denunciar los crímenes del régimen contra la población.

A esos tres periodista y sus familias la CIDH les otorgó medidas de protección especiales que obligan al Estado nicaragüense a garantizarles la integridad física, de sus familias, así como asegurarles ejercer su profesión en libertad. Obligaciones incumplidas por las autoridades gubernamentalesb denunciaron los comunicadores ante la CIDH y más bien, es desde las instituciones públicas y del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que impulsan una política de censura, intimidación y amenazas que busca silenciar al periodismo independiente.

Periodismo bajo riesgo

«Los periodistas y medios de medios independientes siguen  expuestos al acoso, persecución y a una serie de represalias por la labor que realizan, lo que los coloca en un riesgo inminente de su libertad, sus vidas y seguridad personal», denunció Ana Bolaños, del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, quien solicitó la audiencia especial.

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Durante la audiencia, Chamorro, León y Toruño expusieron que el peligro para el ejercicio del periodismo en Nicaragua ha incrementado recordando cada ataque sufrido personalmente, así como la destrucción, quema, confiscación de facto y ataques de sus medios de comunicación por parte de grupos parapoliciales en conjunto con la PO. Esto evidencia una estrategia dirigida por  Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, para cortar la libertad de prensa y el derecho ciudadano a la información, afirmaron.

«La violencia y ataques contra periodistas y medios de comunicación independientes así como defensores de derechos humanos no ha cesado. El Gobierno nicaragüense continúa restringiendo de manera ilegítima el derecho a libertad de expresión, el de informar, así como el de reunión y de asociación, derechos esenciales para el funcionamiento de toda sociedad en estado democrático», afirmó Bolaños.

Más de setenta periodistas en exilio forzado por las amenazas de parte de simpatizantes del régimen, la retención por parte de Aduanas del papel, tinta y otros insumos a los diarios LA PRENSA, Hoy y El Nuevo Diario; la confiscación ilegal de las redacciones de Confidencial y Esta Semana, de las instalaciones del Canal 100 % Noticias, la quema de la Radio Darío en la ciudad de León, los ataques cibernéticos contra los sitios web de los medios como radio La Costeñísima fueron expuestos como evidencia de la represión.

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La Fundación Violeta Barrios de Chamorro contabiliza 1,588 casos de agresiones a la libertad de prensa entre abril del 2018 y agosto del 2019.

Ortega ha negado que se viole la libertad de prensa y que hasta ha afirmado que ningún periodista a sido encarcelado por ejercer su profesión. Pero el asedio, allanamientos a medios críticos, y las detenciones de periodistas como Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, jefa de prensa y director del Canal 100 % Noticias, respectivamente, que seis meses permanecieron encarcelados acusados de incitar el odio, son pruebas de que el régimen criminaliza el periodismo independiente.

«Confidencial y (el Canal) 100 % Noticias continúan cerrados. Periódicos que casi dejan de existir por el bloqueo al papel. La violencia y ataques a medios de comunicación independientes son indiscriminados. La violencia del régimen obliga a trabajar en la semiclandestinidad», expuso Toruño.

El periodista estuvo nueve meses en el exilio debido a la represión, pero al regresar a Nicaragua a principios de septiembre volvió a ser atacado por turbas y la  PO, y no cesan las amenazas a las instalaciones de la radio Darío, la casa de la familia de Toruño y en su contra.

«Ortega y Murillo (vicepresidenta) parecen haberme desterrado de mi ciudad (León) con todo el operativo que montó con los paramilitares en complicidad con la Policía Nacional, además de todos los mensajes de odio y amenazas que recibo», dijo Toruño.

Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial y Esta Semana, denunció en la CIDH que las redacciones y equipos de sus medios siguen confiscados de facto luego de nueve meses de que la PO «asaltara» y se tomara las instalaciones.

Chamorro se exilió a Costa Rica en enero del 2019 ante la amenaza de ser encarcelado por el régimen orteguista. La CIDH le otorgó medidas de protección especiales al periodista, su familia. Seis reporteros que trabajan con Confidencial y Esta Semana también se exiliaron a Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador y México debido al asedio y hostigamiento de los simpatizantes del régimen.

Al incumplir su obligación el Estado de Nicaragua las medidas otorgadas por la CIDH a los periodistas nicaragüenses y ante «la situación de extrema gravedad y urgencia» en la que encuentran se solicitó a la Comisión adoptar nuevas acciones.

«Solicitamos a la CIDH ejercite las facultades que le confiere el articulo 63.2 de la Convención de Derechos Humanos y el 76 de su reglamento, a efectos que solicite medidas provisionales  a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para los periodistas que hemos recibido medidas cautelares y que no se han cumplido», planteó Chamorro.

Se solicitó también ampliar las medidas cautelares a favor de otros periodistas de Confidencial y Esta Semana; que se llame al Estado de Nicaragua a cesar el acoso, intimidación, ataques físicos  contra los periodistas y sus familiares así como cesar la censura a medios de comunicación independientes para garantizar el libre ejercicio de su profesión. Que se demande al Estado la devolución de los bienes robados y la propiedad de los bienes confiscados de hecho así como el resarcimiento de los bienes destruidos.

También se exigió cesar la persecución contra los periodistas y garantizar la integridad física y los derechos de los periodistas que están en Nicaragua y los que retornen del exilio para que ejerzan su profesión en libertad y que la CIDH siga pronunciándose sobre la crisis del país.

CSJ es extensión del Frente Sandinista

Durante la audiencia a los funcionarios de la CIDH les interesó conocer sobre el actuar de la Corte Suprema de Justicia en la crisis de derechos humanos, a lo que el periodista Chamorro respondió que «opera como una extensión del partido de Gobierno, que a la vez es extensión de la voluntad personalista de la pareja dictatorial de Ortega y su esposa Rosario Murillo».

«Esto no empezó el 18 de abril (del 2018), desde hace más de una década se ha dado de la demolición de los instrumentos judiciales», afirmó Chamorro.

La CSJ es considerada el brazo represor para penalizar a las víctimas de la represión y los opositores.

«El ejercicio del periodismo no tiene protección legal, está en la indefensión total. El único acompañamiento es de ustedes (organismos defensores de los derechos humanos), la prensa internacional que expone la situación y de los ciudadanos que reinvidican su derecho a la información», expuso Chamorro.

Sergio León, propietario de radio La Costeñísima, ubicada en Bluefields, en el  Caribe Sur, relató a la CIDH que «ser una voz independiente tiene como consecuencias amenazas, intimidación y asedio» suponiendo el riesgo para su vida, el de su familia y quienes trabajan en la radio.

A León la CIDH otorgó medidas de protección hace tres meses, pero «la Policía y paraestales continúan asediándome y amenazando buscando callar la voz desde La Costeñísima», y las entidades estatales como el Ministerio Público no ha investigado.

«Existe una estrategia para afectar drásticamente a La Costeñísima y para eso la estructura del Gobierno orienta a sus bases y seguidores no escuchar  nuestra radio, inclusive está prohibido sintonizar La Costeñísima en las instituciones públicas. Las estructuras de barrios y comunales fiscalizan las viviendas para detectar quién sintoniza La Costeñísima, principalmente su noticiero Tras la Noticia. La población se ve obligada a escuchar con el volumen mínimo este noticiero para no ser identificado y sufrir consecuencias», expuso la grave situación que sufre León y su medio de comunicación.

Las instalaciones de la radio y la casa de habitación de León se mantienen asediadas por la PO y los simpatizantes orteguistas hacen pintas con mensajes de odio.

El periodista León expuso a la CIDH que en julio pasado fue informado de que la PO maneja una ficha donde se le considera al reportero «persona de interés», señalándole de ser de la línea opositora, de publicar noticias falsas, crear zozobra y pánico colectivo y de difundir viñetas subversivas».

«No son hechos aislados»

Edison Lanzas, relatos especial para las libertades de la CIDH, tras escuchar a los tres comunicadores nicaragüenses refirió que la grave situación expuesta sobre el riesgo del  periodismo crítico constatan que «no son hechos aislados» sino que «se trata de un plan del Gobierno para cerrar todos los espacios que habían y que quedaban antes de esta crisis, contra los medios y defensores de derechos humanos independientes».

«La pintura que nos hacen hoy claramente nos dan la pauta de que son una serie de acciones y decisiones desde el Estado para que los medios no existan», resaltó Lanzas.

 

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