La Policía Orteguista (PO) de Masaya desatendió una orden de desalojo en contra de unos ciudadanos con la excusa de que no cuentan con las “fuerzas policiales necesarias” para realizar dicha solicitud por estar con el “plan de seguridad ciudadana” en esa ciudad, lo que se traduciría a mantener la persecución y represión en contra de los pobladores.
Este hecho fue denunciado por el matrimonio de ancianos Alejandro Mercado Calero y María Isabel Hernández, quienes señalaron que Luis Álvarez Velásquez, Dionisia Mercado, Pánfilo Velásquez y Sofía Mercado Calero fueron los que invadieron las ocho manzanas de su propiedad, ubicada en el barrio Ignacio, en La Concepción, desde hace más de 40 años.
Lea Además: Policía Orteguista en cacería de autoconvocados por bombas de contacto en Masaya
El Juez de Ejecución y Embargo, Luis López Jiménez, solicitó a la Policía de Masaya que brindara acompañamiento para ejecutar el desalojo de los ciudadanos de la propiedad del matrimonio Mercado Hernández el pasado martes 24 de septiembre.
Sin embargo, Luis Fernando Barrantes, comisionado general de la Policía de Masaya, contestó a dicha orden que “debido a los procesos de los planes de aseguramiento de seguridad ciudadana, no contamos con las fuerzas policiales necesarias para realizar dicho acompañamiento”.
“Ellos como corresponde iniciaron un proceso civil (aproximadamente hace 15 años). El Estado a través de los jueces le reconoció la legitimidad de estos ciudadanos como dueños. Como corresponde en este caso, fue nombrado un Juez de Ejecución y Embargo y este intentó hacer la restitución, que estamos hablando proceder a desalojar para dejar en posición a los legítimos dueños”, dijo Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
No obstante, Cuevas reprochó la posición de la PO puesto que tienen personal para reprimir a los excarcelados y ciudadanos de Masaya, pero no para atender la orden de un juez.
“Cómo es posible que pudiera andar una patrulla y personal policial por seis horas en una situación abusiva, y no haya oficiales para restituirles el derecho conculcado a estos ciudadanos, y peor aún, violando el artículo 167 de la Constitución Política, que dice que las resoluciones y mandatos judiciales son de ineludible cumplimiento”, manifestó Cuevas.
Para el defensor de derechos humanos, este tipo de situaciones ponen al margen de las leyes a las autoridades, y muestra la realidad de lo que verdaderamente sucede en Nicaragua, que es una “carencia de institucionalidad”.
Años para recuperar su propiedad
De acuerdo a Mercado Calero, las manzanas de tierras invadidas son una herencia de su padre y por eso, a pesar de los años transcurridos, ellos no desistieron de recuperar sus propiedades.
Las personas invasoras se tomaron las ocho manzanas con el propósito de ser beneficiados con la Reforma Agraria de los años ochenta (que garantizaba tierras a personas campesinas), pero no hubo confiscación de la propiedad.
Puede Interesarle: Policía Orteguista secuestra a un adolescente de 17 años después de entregarle una cita policial en Masaya
“Ellos (el matrimonio) conservaron su escritura… en ese sentido (el judicial) le da una sentencia favorable a ellos y manda el desalojo. Lo que ha hecho el judicial es restituyendo los derechos”, aseveró el abogado.