Delegación de la oposición sostiene encuentro con secretario Luis Almagro previo a reunión con comisión de alto nivel de la OEA

Mario Arana afirmó que han recibido la información de que si bien la comisión de alto nivel agotará el plazo establecido para "dar tiempo a la diplomacia", "no están pensando en prórrogas" para que Ortega acepte la negociación.

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Nicaragüenses radicados en EE.UU. realizaron un plantón fuera de la embajada de Nicaragua en Washington para expresar su repudio al régimen de Daniel Ortega. LA PRENSA/Cortesía

La delegación de la Alianza Cívica y la Unión Nacional Azul y Blanco (UNAB) se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien actualizaron sobre los niveles de represión del régimen orteguista en Nicaragua. La conversación con Almagro antecede a la que sostendrán los opositores nicaragüenses con los embajadores que integran la comisión de alto nivel diplomático de la OEA prevista para mañana viernes 26 de septiembre, en donde pedirán la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al régimen de Daniel Ortega.

En la gira de cabildeo con funcionarios del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), la OEA y organismos de derechos humanos se ha destacado que la Alianza Cívica (AC) y la UNAB se presenta como la coalición de los diferentes sectores contra la dictadura de Daniel Ortega.

Esa unidad es la que resaltó el mismo Almagro, quien en sus redes sociales saludó «la unión que se ha construido en la oposición en Nicaragua, que está trabajando en la reconquista de libertades para cambiar la realidad política que vive el país».

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El secretario general de la OEA recibió el miércoles 25 de septiembre por la tarde a la delegación de la UNAB y la AC quienes esta semana también han conversado con congresistas, senadores y funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. con el objetivo de que se incremente la presión para que Ortega acepte reanudar el diálogo nacional a fin de lograr acuerdos que pongan fin a la crisis sociopolítica en la que se hunde Nicaragua desde abril del 2018.

La conversación con el secretario general de la OEA la sostuvieron el líder campesino Medardo Mairena, los empresarios Juan Sebastián Chamorro, Mario Arana, la activista de derechos humanos Haydée Castillo, la política Violeta Granera y Félix Maradiaga y el líder universitario Max Jerez. Todos son parte de la UNAB y la AC.

Chamorro en sus redes sociales calificó de «productiva» la reunión con Almagro» con quien hablaron el «tema de la unión de la oposición, la reconquista de los derechos ciudadanos, los presos políticos, las reformas electorales y las presiones internacionales, entre otros temas».

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La delegación opositora tendrá una sesión de trabajo con la comisión de alto nivel diplomático creada por la OEA con el objetivo de gestionar  con el régimen de Ortega y la oposición el restablecimiento del diálogo a fin de alcanzar una solución pacífica a la crisis provocada por la represión desatada por la dictadura contra las protestas ciudadanas iniciadas en abril del 2018.

El régimen se presenta desafiante ante la OEA al calificar de intervencionismo en asuntos internos del país su posición. Se prohibió el ingreso a Nicaragua a la comisión de alto nivel integrada por a los embajadores Leopoldo Sahores, Sebastien Sigouin, Elisa Díaz, Carlos Trujillo y Audrey Patrice Marks, representantes de Argentina, Canadá, Paraguay, Estados Unidos y Jamaica.

La comisión de alto nivel tiene un plazo de 75 días para presentan un informe a la Asamblea General de la OEA sobre la situación de la crisis de Nicaragua. El plazo se cumple el próximo 13 de noviembre.

Mario Arana, empresario y opositor, afirmó que han recibido la información de que si bien la comisión de alto nivel agotará el plazo establecido para «dar tiempo a la diplomacia», «no están pensando en prórrogas» para que Ortega acepte la negociación.

El líder campesino y excarcelado político, Medardo Mairena, afirmó a LA PRENSA, que a los embajadores les «pediremos que se aplique el artículo 20 y 21 de la Carta Democrática al gobierno de Ortega porque su negativa a recibir a la comisión de la OEA demuestra su falta de voluntad por la solución pacífica y que su único fin es mantenerse en el poder siguiendo sus crímenes», dijo.

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«A la comunidad internacional les estamos pidiendo que deben haber más sanciones a los funcionarios violadores de derechos humanos del régimen, que debe aplicarse la Carta Democrática, porque de qué sirve que seamos parte de la OEA si en Nicaragua no se practica la democracia sino que es un u país en estado de sitio y que el régmen mata», afirmó Mairena.

Prueba de que el régimen no cesa la represión contra el pueblo se le entregó al secretario Almagro el informe sobre la Situación de Derechos de la Población Campesina, en donde se denuncia cómo los campesinos nicaragüenses son asediados, perseguidos, amenazados, encarcelados y forzados al exilio en los 12 años que Ortega lleva en el poder. Ese informe denuncia que 55 campesinos han sido asesinados durante el régimen orteguista, crímenes que se han intensificado en 2019 al reportarse 30 muertes entre enero y septiembre.

El horror sufrido en las cárceles del régimen orteguista durante once meses por el campesinos Mairena y otros excarcelados políticos se reconocen en el informe e igual la conoció de primera mano el secretario Almagro.

«Como movimiento campesino expuse los últimos asesinatos y que no cesa la persecución del régimen a los líderes campesinos, esto lo hacemos en busca de soluciones. Todos sabemos que Ortega cortó la mesa de diálogo porque nunca ha tenido buena intensión de encontrar una salida pacífica a la crisis y por eso pedimos ayuda a la comunidad internacional para que juntos presionemos por esa salida», dijo Mairena vía telefónica a LA PRENSA.

Documentar las pruebas de los crímenes contra los campesinos tiene el objetivo de que en los organismos defensores de derechos humanos y la OEA se revisen a fin de encontrar los mecanismos para iniciar procesos judiciales a nivel internacional contra los responsables, ya que en Nicaragua lo que impera es la impunidad.

«Hemos solicitado que deben sancionarse a violadores de derechos humanos, deberían enfrenar la justicia porque son verdaderos asesinados. En busca de justicia es que hacemos todas las denuncias y por eso las documentamos ante los organismo de derechos humanos», precisó Mairena.

Plantón afuera de embajada

La delegación de la UNAB y la Alianza Cívica también han coordinado acciones con la diáspora de nicaragüenses en EE.UU.  para gestionar con la administración estadounidense nuevas presiones al régimen de Ortega. Participó además en un plantón a fuera de la embajada de Nicaragua en Washington DC donde se reclamó la liberación de los 139 presos políticos y se restituyan los derechos en el país.

 

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