El artesano monimboseño Sergio Putoy continua en prisión de forma ilegal, después que el juez William López de Masaya rechazó la sentencia del Tribunal de Apelaciones circunscripción Oriental, que ordena la libertad del preso político por estar detenido de forma ilegal. Según el judicial la orden iba dirigida a la Policía y no a él, por lo que ahora el reo está debidamente acusado y cumpliendo medida cautelar ordenada por juez competente.
Sin embargo, la abogada María Teresa Gómez dejó sentada su protesta porque la orden de libertad emitida por los magistrados de la Sala Penal del Tribunal va dirigida a toda autoridad que tenga a su disposición a Putoy.
“La detención sigue siendo ilegal, porque desde su origen es así y todo lo actuado a partir de esto es nulo, está lleno de vicios”, dijo Gómez.
Después de un mes
El juicio de Putoy está programado para el 16 de octubre y se encuentra en prisión en el Sistema Penitenciario de Granada. Él fue detenido arbitrariamente el 2 de agosto y llevado a los juzgados de Masaya el 15 de ese mismo mes acusado de un supuesto robo agravado.
Los familiares de Putoy interpusieron recursos de exhibición personal por detención ilegal, pero fue hasta un mes después, el 3 de septiembre, que resolvieron el recurso a su favor.
“Si nos vamos a la realidad jurídica, la resolución es extemporánea, pero constata que todo el proceso judicial es nulo, porque violaron garantías constitucionales y estas nulidades pueden alegarse en cualquier parte del proceso antes de la sentencia”, explicó Gómez.
En su centro de trabajo
Putoy fue secuestrado por la Policía cuando estaba en su centro de trabajo, como mueblero.
La detención de Putoy se debe a que lo querían señalar por supuestamente tirar bombas artesanales de contacto en la vía pública, pero no encontraron pruebas y le “fabricaron ese delito”, dijo su abogada.
En Masaya van nueve personas procesadas por presuntamente detonar estas bombas, sin embargo la población sostiene que son los mismos paramilitares allegados al orteguismo quienes las explotan para justificar las detenciones ilegales y la fuerte presencia policial en las calles.