Pese a que Fundación del Río fue una de las nueve organizaciones no gubernamentales a las que le fue cancelada su personería jurídica en represalia por mantener una voz crítica contra el régimen orteguista y posteriormente fueron expropiados todos sus bienes, según disposición del Ministerio de Gobernación (Migob), el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) envió un cobro en materia de impuestos por 26,602.4 córdobas al director de Fundación del Río, Amaru Ruiz, por la operación de dos radios comunitarias: Radio Humedales y Radio Voz Juvenil.
Ambas emisoras son de corte comunitario y enfocadas en la educación ambiental, que era parte del trabajo que desarrollaba Fundación del Río en San Carlos.
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Los cobros que hace Telcor se refieren a la constancia de registro 2018 y 2019 y tasa anual por los mismos años, que acumulan 13,301.20 córdobas por cada radio, las cuales están sin operar desde diciembre del año pasado, cuando fueron confiscadas por el Estado.
“Los bienes muebles e inmuebles y cualquier otro activo de las organizaciones antes referidas, pasan bajo la administración del Estado de Nicaragua, para la creación del Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas del Terrorismo”, se lee en el comunicado que emitió en su tiempo el Migob, lo que implica que las radios estarían bajo la administración del Estado, pese a que todo el proceso fue arbitrario, critica Ruiz.
Policía Orteguista ocupó oficinas de Fundación del Río
El director de la fundación relató que la noche del 13 de diciembre de 2018 las autoridades policiales se tomaron las instalaciones de la fundación, en San Carlos, Río San Juan.
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Como medida de prevención, orientaron a sus colaboradores a resguardarse en sus casas y no exponerse, por lo que las instalaciones de las radios quedaron solas.
Debido a la forma intempestiva en que sucedieron las confiscaciones, las organizaciones no pudieron inventariar lo que tenían y, menos, avisar a sus proveedores.
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Ruiz explica que, como parte del proceso judicial, ellos introdujeron un recurso por inconstitucionalidad y dos de amparo por la decisión de quitarles su personería jurídica, los cuales fueron recibidos, pero no se ha obtenido respuesta.
Es decir, la personería está en un proceso legal, pero en vista de la actuación del Poder Judicial, no esperan ningún tipo de resultados. Lo que significa que quien debería honrar las deudas y otras responsabilidades de la fundación es el Migob, puesto que expropió todos los bienes.
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“En todo caso, quien debería pagar por todas esas deudas alrededor de la organización, así como son asumidos los activos, y el patrimonio, también deben ser asumidos los pasivos, que implican las deudas a los proveedores de servicios”, expresó Ruiz.
A la vez, aseguró que este no es un caso exclusivo de Telcor porque otras instituciones como la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados y el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social también les han cobrado.
Legitima trabajo comunitario
Ruiz, quien también es biólogo, señaló que el cobro de Telcor también se puede leer como una forma de legitimar el trabajo que en materia de comunicación realizaba la organización en las comunidades.
“En el fondo se lee que nosotros estábamos basados, de alguna manera, en los procesos de cumplimiento de las garantías y solicitudes que establecía Telcor”, refirió Ruiz. No obstante, el cobro asimismo implica la poca coordinación entre las carteras del Estado, ya que es una institución que sabe que el Migob expropió a la fundación y, por ende, todo lo que tenían está bajo su jurisdicción.
Ruiz aclaró que ellos honraron su deuda con Telcor durante el primer trimestre de 2018, antes que iniciara la crisis sociopolítica en el país. “Nosotros ya habíamos adelantado pago de servicio de 2018 del permiso anual de operación, porque todavía estábamos en proceso de que nos dieran la licencia de operación definitiva”, aseveró.
Asimismo, el ambientalista señala que el cobro implica un nivel de “saña y de burla hacia la institucionalidad”, pues de alguna manera Telcor conoce la situación de la fundación y manda el cobro, como si este al cancelarse, implicara que las radios siguieran operando normal, cuando en realidad fueron expropiadas por el Migob, insiste.
Pérdida de libertad de expresión
Con la confiscación de las radios comunitarias Humedales (casi diez años) y Voz Juvenil (14 años), también se está coartando la libertad de expresión, señaló Ruiz.
Las emisoras cubrían cerca del ochenta por ciento de los municipios de Río San Juan y la zona norte de Costa Rica.