La Asociación de Madres de Abril (AMA) y la Unión de Presos Políticos de Nicaragua (UPPN) están listos para enviar una delegación a El Salvador para participar en las reuniones con la comisión de alto nivel diplomático de la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque viajar al país vecino ha representado dificultades económicas para los familiares de la represión y los excarcelados.
Los embajadores miembros de la comisión de la OEA están forzados a buscar un país alterno, en este caso El Salvador, para realizar su trabajo de seguimiento a la crisis de derechos humanos en Nicaragua debido a que la dictadura de Daniel Ortega no los deja ingresar a Managua argumentando de “injerencismo” la ayuda del organismo para encontrar una solución a la crisis sociopolítica que existe desde hace casi 18 meses.
La visita a El Salvador será del 1 al 3 de octubre. Además de las víctimas directas de la represión está previsto que asista una delegación de las opositoras Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) como otros sectores.
Lea además: 139 presos políticos y tres manifestantes desaparecidos es el informe actualizado de la Alianza Cívica
Francys Valdivia Machado, presidenta de AMA, aseguró que una comisión conformada por seis personas viajará este martes 1 de octubre a El Salvador para reunirse con la comisión de alto nivel, que busca escuchar los testimonios de todas las víctimas de la dictadura Ortega-Murillo.
Por parte de la Unión de Presos Políticos solo irá el vocero de la organización en el departamento de Rivas, Alexander Pérez, un expolicía que participó en las marchas antigubernamentales pero que el régimen lo encarceló durante seis meses acusado de haber participado en la quema de las instalaciones de Caruna, en Managua.
Patricia Sánchez, vocera de la UPPN, y quien estuvo ocho meses presa por participar en las protestas contra el régimen, explicó que debido a que no fueron informados con más tiempo de que la comisión de alto nivel diplomático de la OEA hará una segunda ronda de consultas con los sectores nicaragüenses, no cuentan con los recursos económicos para que viajen a El Salvador más excarcelados políticos.
Sánchez refirió que están buscando los fondos entre los excarcelados y organismos para cubrir los gastos económicos del viaje, que consideran fundamental para presentar los testimonios y la mayor cantidad de pruebas posibles de las ilegalidades en los arrestos y las torturas que sufrieron, así como el asedio y hostigamiento por parte de la Policía y fanáticos orteguistas.
Lea también: Inauguran el Museo de la Memoria contra la Impunidad en homenaje a las víctimas de la represión en Nicaragua
“Al principio estábamos desinformados de esa visita de la comisión de la OEA, pero ya recibimos la invitación directa aunque nos incomoda que fue hasta última hora. No hay condiciones para la participación porque como organización de excarcelados políticos no contamos con los recursos económicos”, dijo Sánchez.
Desde el estallido de las manifestaciones ciudadanas en abril del 2018 la dictadura Ortega-Murillo emprendió una cacería contra los protestantes que ha dejado al menos 328 asesinatos, miles de heridos así como más de mil presos de forma arbitraria y sometidos a juicios viciados.
Con una Ley de Amnistía o de autoamnistía la dictadura excarceló a más de 600 protestantes, sin embargo sigue el estado de sitio que implica las amenazas contra quienes protestan.
Lea además: Diáspora nicaragüense insta a la creación urgente de una Gran Coalición Azul y Blanco
La UPPN y la Alianza Cívica exigen la liberación de 139 ciudadanos que aún están detenidos ilegalmente y condenados por su participación en las protestas ciudadanas, de los cuales nueve manifestantes que habían sido excarcelados con la Ley de autoamnistía pero que ahora son acusados por otros delitos inventados por la Policía Orteguista (PO) y la Fiscalía.
Existe un segundo listado de 109 personas cuyos familiares les reportaron como víctimas de detenciones ilegales y arbitrarias, «pero cuya información o ubicación está pendiente de ser confirmada o verificada”, según el informe al 23 de septiembre del 2019.
A pesar de las dificultades, los excarcelados políticos sí harán escuchar su voz ante la comunidad internacional para relatar el horror sufrido en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
“Es importante que estemos presentes porque somos víctimas directas de la represión, queremos que el mundo sepa nuestro sentir y el objetivo como excarcelado es evidenciar las formas de represión que llevamos registradas como que seguimos asediados, acosos a nosotros y a nuestras familias son constantes y por eso demandamos justicia, no repetición y reparación por lo que el régimen nos ha hecho”, afirmó Sánchez.
Propiedades confiscadas, secuelas psicológicas por las torturas sufridas en las cárceles, daños físicos por las heridas de bala durante los ataques a las protestas por parte de los parapolicías y la PO, son parte de lo que será denunciado por la Unión de Presos Políticos de Nicaragua.
La semana pasada la comisión de alto nivel de la OEA tuvo el primer intercambio con los sectores nicaragüenses en Washington DC, Estados Unidos, donde conversaron con una amplia delegación opositora de la Alianza Cívica, la UBAN, periodistas y defensores de los derechos humanos.
En un plazo máximo de 75 días la comisión presentará un informe a la Asamblea General de la OEA sobre la situación de Nicaragua, y de no haber avances por la negativa del régimen de Ortega es posible que el organismo aplique la Carta Democrática Interamericana y suspenda a Nicaragua como estado miembro de la organización. Esto último supondría un fuerte golpe al régimen ya que los organismos internacionales no podrán dar financiamiento a la dictadura. Además esta quedaría expuesta a que el resto de gobiernos latinoamericanos suspendan sus relaciones diplomáticas y comerciales de forma bilateral.