Los setenta diputados sandinistas en la Asamblea Nacional consumaron la destitución de su otrora aliado Rafael Solís Cerda como magistrado de la Corte Suprema orteguista en una sesión en la que, de acuerdo a legisladores opositores, hubo una serie de violaciones legales debido a que el presidente del parlamento, el orteguista Gustavo Porras no sometió al debate el tema e impuso la votación.
La destitución de Solís Cerda como magistrado la solicitó la Corte Suprema en la que se le acusó de “canalla”, “vendepatria” y de ser parte del “golpismo”, siendo los mismos descalificativos del régimen contra los manifestantes que se levantaron en protestas desde abril del 2018 contra la represión de la dictadura.
Solís Cerda renunció al cargo de magistrado el 8 de enero pasado mediante una carta dirigida a Porras y a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, debido a su desacuerdo con la represión del régimen a las protestas ciudadanas. En su carta pública de renuncia Solís además señaló que se estaba instaurando una dictadura familiar y que al retrasar una salida dialogada a la crisis sociopolítica existe el riesgo de una guerra civil en Nicaragua.
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Porras impone su dictadura
Sin embargo Porras no tramitó la carta de renuncia de Solís y fue hasta ocho meses después de que la Corte orteguista decidió actuar que se inició el proceso en el Legislativo.
El trámite de destitución se aprobó en diez minutos porque los orteguistas solo permitieron que la primera secretaria, Loria Dixon, leyera en el plenario la solicitud de la Corte contra Solís Cerda, e inmediatamente Porras la sometió a votación, cuando el procedimiento legal es que se permita a los diputados argumentar si están de acuerdo o no antes de votar.
“Esa es la solicitud de la Corte Suprema de Justicia. Pasaremos a votación si se acepta o si se rechaza”, dijo Porras en el plenario quien no abrió el debate lo cual provocó reclamos de los liberales en el hemiciclo.
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Los legisladores liberales Azucena Castillo, Maximino Rodríguez, el de Yatama Brooklyn Rivera y el conservador Alfredo César votaron en contra por cuanto consideraron que tanto la Corte Suprema como la junta directiva del Legislativo cometieron una serie de violaciones legales.
Hubo once diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y de ALN se abstuvieron y dos quedaron presentes en el sistema electrónico.
Inmediatamente después de que se aprobó la destitución de Solís Cerda, se escuchó decir al orteguista y segundo secretario de la Junta Directiva, Wilfredo Navarro, “seguí, seguí, avancemos” a la primer secretaria, la sandinista Loria Dixon quien le hizo caso y pasó a otro tema de la agenda legislativa para callar al resto de los legisladores.
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El diputado del PLC, Maximino Rodríguez, acusó a Porras de violar la Ley Orgánica del parlamento que lo obliga a someter a debate del plenario todos las leyes, normas y decretos antes de ser aprobados o rechazados.
“Es una actitud dictatorial, preponente y fuera de lugar por parte del presidente de la Asamblea”, reclamó Rodríguez.
Otra irregularidad en el proceso es que, según Rodríguez, “es impertinente” que se procediera a una destitución cuando Solís Cerda renunció formalmente como funcionario del máximo tribunal.
Alfredo César, el único diputado del Partido Conservador, calificó de “ilegal” la destitución de Solís Cerna “ya que él renunció el pasado mes de enero 2019 y acorde a la Constitución Política, en el artículo 138 numeral 11, la Asamblea Nacional debió haber sometido al plenario su renuncia”.
César y Rodríguez insistieron en que la Corte Suprema también cometió ilegalidades porque sabiendo de la renuncia de Solís, de la que debieron tener la carta desde enero pasado, les correspondía tramitarla en la Asamblea y actuar políticamente.