Campaña de desprestigio orteguista afecta a abogados de Somoto, Madriz

A los abogados que no se alinean al régimen se les limita el acceso a los expedientes de los casos y emitir sentencias o resoluciones judiciales adversas

complejo, somoto

Además de las campañas de desprestigio y ataques que enfrentan los abogados que no se alinean al régimen en las salas de los juzgados, pasillos y oficinas del complejo, se les limita el acceso a los expedientes de los casos. LA PRENSA/William Aragón

Un grupo de abogados de Somoto, Madriz, enfrentan dificultades para ejercer su profesión por las campañas y trabas que les han impuesto los mandos de la Policía Orteguista (PO) y funcionarios políticos del régimen en el Complejo Judicial de la ciudad, quienes los señalan de golpistas azul y blanco ante sus clientes.

Claudia Marieta Medina manifestó que desde hace varios meses no ha podido llevar casos porque cuando un cliente la busca para que le ofrezca sus servicios, en los juzgados lo amenazan de que si la nombra como defensora va a perder su caso. “Aquí ya el estado de derecho ha colapsado porque las instituciones, como el mismo Poder Judicial, han mostrado su total parcialidad y obediencia política a la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y solo por el hecho de criticar lo tildan a uno de golpista”, expresó la defensora.

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Marieta agregó que hasta el Ministerio Público (Fiscalía) y la Policía funcionan sin autonomía e independencia, lo que genera desconfianza en las víctimas, que recurren a estas instancias creyendo que todavía pueden servir de manera transparente y aplicar la justicia correctamente, como lo establece la Constitución Política del país. “Estas instituciones más bien se han convertido en verdugos de los opositores al gobierno”, dijo.

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Para la abogada, la labor de la gran mayoría de los profesionales del derecho se ve limitada y casi nula por las orientaciones partidarias de obstaculizar el trabajo de quienes piensan diferente al régimen y por criticar fuertemente los abusos del sistema. “Muchos estamos en el desempleo por la campaña desatada por el mando de la Policía y los operadores políticos del Poder Judicial que se dedican a señalarnos como “golpistas”, término que ni ellos mismos saben su significado”, finalizó.

Por su parte, el abogado somoteño Daniel Mendiola Salinas lleva meses que no toma casos porque existe toda una campaña de ataques y de desprestigio en las instancias del Poder Judicial. “Tenemos un sistema judicial que ya colapsó, está politizado, es excluyente de quienes no compartimos criterios sobre el contexto actual (…) Existe una campaña de denigración, se cierran puertas a abogados que señalan de ser golpistas en la Policía y algunos jueces emiten sentencias violando los debidos procedimientos”, señaló.

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La gran mayoría de los empleados, funcionarios administrativos, defensores públicos y jueces (suplentes y propietarios) forman parte del Consejo de Liderazgo Sandinista (CLS), una estructura de control institucional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que funciona dentro del complejo judicial de la ciudad de Somoto.

Abogados con privilegios

Una fuente policial reveló los nombres de cinco abogados somoteños, tres de ellos expolicías, que son contactados por el mando policial cuando encarcelan a un ciudadano para que lo represente legalmente en el juicio. “Igual sucede en los juzgados, en la Defensoría Pública y en el Ministerio Público y hasta con las instituciones del Estado y alcaldías, que los llaman para que tomen casos y que no caigan en manos de abogados golpistas”, dijo la misma fuente.

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Agregó que estos abogados, aunque no son afines al régimen orteguista, han mostrado ser dóciles o complacientes con las políticas. “Es que a ellos no se les ve criticando ni andan en marchas políticas y eso vale para tenerles confianza; y se les ayuda dándoles casos”, finalizó.

Además de las campañas de desprestigio y ataques que enfrentan los abogados que no se alinean al régimen en las salas de los juzgados, pasillos y oficinas del complejo, se les limita el acceso a los expedientes de los casos y emitir sentencias o resoluciones judiciales adversas.

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