Si el dictador Daniel Ortega quiere actuar con seriedad, al amenazar que quienes deberían ser llevados ante la Corte Penal Internacional (CPI) son los opositores y no él y su régimen, primero debe ratificar el Estatuto de Roma, ya que solo los países que lo firman están bajo la jurisdicción de esa corte, consideran juristas y líderes de la Alianza Cívica.
“Toda la oposición debería de tomarle el reto a Ortega y exigirle que ratifique el Estatuto de Roma con efectos retroactivos, ya que el que no la debe no la teme”, indicó José Pallais, miembro de la Alianza Cívica.
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Al decir que los opositores pueden ser llevados ante la CPI, Ortega también mostró ignorancia, indicó la activista de derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia.
“Ortega muestra una gran ignorancia porque la Corte Penal (Internacional) es para los funcionarios de alto nivel de los estados”, indicó Núñez.
Ortega dijo el viernes pasado: “(Los opositores) le hicieron un daño enorme a la economía, cometieron un crimen, un crimen provocando la muerte de hermanos nicaragüenses, un crimen provocando un daño enorme a la economía nicaragüense. Si aquí habría que llevar a Corte Penal Internacional alguna, es a los criminales que promovieron estos crímenes”.
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Pruebas
Los opositores no tienen nada que temer, porque es la actuación del Estado, dirigido por Ortega y su esposa Rosario Murillo, la que ha violentado los derechos humanos de los nicaragüenses, especialmente desde el 17 de abril de 2018, indicó el director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro.
“Hay que ver si salen bien parados”, dijo Chamorro, refiriéndose a qué pasaría si Ortega y su aparato represivo se sometieran a la CPI.
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De acuerdo con Chamorro, contra la Alianza Cívica no hay evidencias que los involucren en delitos, pero sí las hay contra Ortega, ya que diversos organismos proderechos humanos, nacionales e internacionales, han documentado cómo el Estado nicaragüense ha actuado desde abril de 2018.
“Esas expresiones de odio (de Ortega) y de denigrar a los opositores son desafortunadas”, señaló Chamorro.
Mientras tanto el exdiputado José Pallais indicó que “en la oposición nadie puede temer por delitos de guerra o de lesa humanidad… El único que puede temer es él (Ortega)”.
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“Si Ortega desea que la justicia universal de estos hechos que ocurrieron en Nicaragua en 2018 deben satisfacer a todos los nicaragüenses, que Ortega hable en serio, que sus palabras tengan sentido y que puedan ser tomadas en serio (firmando el Estatuto de Roma)”, agregó el exdiputado liberal.
Retroactividad
La activista de derechos humanos y directora del Cenidh, Vilma Núñez de Escorcia, indicó que la CPI no actúa retroactivamente, pero si se trata de delitos de lesa humanidad, entonces sí podrían ser tomados en cuenta, porque este tipo de actuaciones no tienen prescripción.
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Si Ortega firmara el Estatuto de Roma, sin retroactividad, no podrían ser tomados en cuenta todos los delitos que han ocurrido en Nicaragua antes de esta fecha.
La Corte
La Corte Penal Internacional existe desde 1998, cuando fue firmado por diferentes naciones, pero empezó a funcionar en 2002. Hasta hoy, Nicaragua es uno de los cuatro países de América Latina que aún no ha ratificado el Estatuto.
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De acuerdo con el exdiputado Pallais, Ortega se ha negado a que el Estatuto se haya firmado por Nicaragua.
Con el expresidente Arnoldo Alemán no hubo muchos esfuerzos en ese sentido. El expresidente Enrique Bolaños no pudo porque los diputados sandinistas se negaron a votar para ello y los mayores esfuerzos se han hecho desde que Ortega regresó al poder en 2007, pero ha sido inútil, aseveró Pallais.