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El camino de las elecciones

En Nicaragua, lo mismo que en Venezuela —ambos países y pueblos sometidos a la dictadura del socialismo del siglo 21—, la oposición democrática busca una salida electoral, pero algunos sectores cuestionan esa propuesta.

Alegan sobre todo que no se puede —ni se debe— ir a elecciones sin garantías de libertad de expresión y de prensa, de organización y movilización política, y otras que son propias del sistema electoral democrático.

Algunas opiniones van más allá y sostienen que primero hay que derrocar a la dictadura y solo después de eso hacer las elecciones. Pero si tal cosa no se puede lograr, como en efecto no se ha logrado a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y de la gran cantidad de sangre derramada, la oposición se queda prácticamente sin alternativa.

La oposición no puede quedarse de brazos cruzados, esperando que la dictadura caiga por su propio peso o que sea botada por los discursos radicales. Si se ha escogido el camino pacífico para buscar y producir el cambio esa vía no puede ser otra que la electoral. Y en consecuencia hay que proponer iniciativas para abrir el camino de las elecciones.

En los años ochenta del siglo pasado parecía imposible que el cambio democrático se pudiera lograr por medio de elecciones libres. Sin embargo, al final se combinaron una serie de factores y condiciones que obligaron a la dictadura sandinista a negociar con la comunidad internacional y acordar con la oposición interna un plan político que desembocó en las elecciones del 25 de febrero de 1990, que las ganó la oposición con la candidatura de doña Violeta Barrios de Chamorro.

Las condiciones en la actualidad son diferentes, pero también ahora el esfuerzo combinado de la comunidad democrática internacional y la oposición nacional podría obligar a Daniel Ortega a aceptar la celebración de elecciones libres y competitivas.

Se sobrentiende que para que las elecciones sea auténticas y valga la pena participar en ellas, tienen que existir las indispensables garantías democráticas. Una parte de esas garantías están establecidas en la Constitución, pero han sido suspendidas de hecho por la dictadura desde los sucesos de abril y meses siguientes del año pasado. Habría que restablecerlas y las demás obtenerlas en la negociación política que demanda la oposición y respalda la comunidad internacional.

Está claro que sin garantías democráticas no se podría participar en las elecciones, pues serían otra farsa como las de 2011 y 2016. En ese caso los ciudadanos tendrían que abstenerse otra vez de ir a votar.

En realidad, cuando hablamos de elecciones para abrir el camino a la solución de la crisis y la restauración de la democracia nos referimos a elecciones competitivas. De otra manera solo servirían para legitimar la dictadura y por eso mismo serían inaceptables.

Editorial elecciones Nicaragua opositores archivo
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