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Anibal Toruño, entre escombros, paredes quemadas y equipos de transmisión consumidas por el incendio que simpatizantes del FSLN le prendieron fuego a la Radio Darío. LA PRENSA/Óscar Navarrete

Anibal Toruño, entre escombros, paredes quemadas y equipos de transmisión consumidas por el incendio que simpatizantes del FSLN le prendieron fuego a la Radio Darío. LA PRENSA/Óscar Navarrete

Demandarán al régimen orteguista por quema de radio Darío en León

El propietario de la emisora, Aníbal Toruño, asegura que han elevado la denuncia del atentado ante la CIDH y lo seguirán impulsando hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y “a cualquier otro tribunal donde podamos encontrar justicia”

El pasado 20 de septiembre, la dictadura que encabeza Daniel Ortega y Rosario Murillo —sancionada por Estados Unidos por violaciones de derechos humanos y corrupción—, envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una comunicación para responder sobre denuncias de abusos y acoso contra periodistas.

En ese documento se plasmó la respuesta del Estado de Nicaragua a la CIDH ante la audiencia convocada en el 173 Periodo Ordinario de Sesiones en Washington, EE. UU., para tratar el otorgamiento de medidas cautelares al periodista Aníbal Toruño y personal de Radio Darío; Carlos Fernando Chamorro y personal de Confidencial y Esta Semana, así como a Sergio León, director de Radio La Costeñísima y familia.

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En defensa de sus políticas de represión, el régimen alteró la narrativa sobre los sucesos del 21 de abril en León, cuando parapolicías del Frente Sandinista llegaron a la emisora para prenderle fuego con 12 personas dentro del local, que quedaba al costado oeste del parque Posada del Sol.

Según las inverosímiles versiones de la dictadura, grupos de delincuentes, vandálicos y terroristas armados y encapuchados, incendiaron la radio y dos personas que trataban de evitar que se le causara daño al local, murieron por quemaduras.

Además, de acuerdo con el informe oficialista, el propietario de la radio rechazó denunciar y dejarse entrevistar por la Policía Orteguista, por lo cual se nombró a un investigador de oficio, Walter Gonzalo Fernández Vanegas, quien estaba “al frente” de “las investigaciones” hasta su cierre definitivo por la Ley de Amnistía en junio de 2019.

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Para Toruño, lo que el régimen busca es esquivar su responsabilidad y no resarcir los daños económicos que superan los 850 mil dólares por el incendio de la radio, la destrucción del edificio, equipos de transmisión, de oficina y enseres domésticos.

Según Toruño, el régimen también busca dejar en impunidad a los dirigentes de la violenta organización denominada Frente Sandinista, que ejecutaron el atentado en el que murieron dos de sus parapoliciales al estallarles la pólvora y el combustible con el cual querían hacer volar la emisora con las 12 personas adentro, incluyendo al mismo propietario, Aníbal Toruño.

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Por esas razones, dijo el periodista, han elevado la denuncia del atentado ante la CIDH y lo seguirán impulsando hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y “a cualquier otro tribunal donde podamos encontrar justicia”.

Sigue persecución

El director de Radio Darío denunció que mientras la dictadura de Ortega niega su responsabilidad en el atentado a la emisora, sigue acosando y atacando a la radio en su nuevo local.

Denunció que la Policía Orteguista asedia permanentemente a la emisora y sus periodistas, y amenazan con pintas en las paredes de la radio.

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