Los opositores nicaragüenses no podrían ser llevados ante la Corte Penal Internacional porque de los delitos que procesa ese tribunal internacional ninguno puede ser atribuido a los ciudadanos que no ejercen altos cargos de poder.
Por su parte, Daniel Ortega —quien el viernes pasado indicó que los opositores deberían de ser enviados ante ese alto tribunal por “crímenes” relacionados con las protestas sociales desde abril de 2018—, sí podría ser remitido ante esa Corte, aunque a lo inmediato no es posible porque Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma, mediante el cual se creó la Corte.
Lea además: Opositores retan a Daniel Ortega con el Estatuto de Roma
Así lo explicó el catedrático Uriel Pineda, experto en Derecho Internacional, quien indicó que aunque Ortega hable de enviar a los opositores a la Corte Penal eso no depende de su voluntad, sino de que la Fiscalía Penal Internacional investigue un hecho y determine si hay mérito o no de abrir un proceso formal en la Corte.
Pineda aclaró que la Corte Penal Internacional mira tres tipos de delitos: genocidio, que está relacionado con el exterminio realizado por un grupo irregular, pero este último tiene elementos complejos que no se pueden atribuir a los opositores nicaragüenses; crímenes de guerra, pero no hay guerra en Nicaragua, y crímenes de lesa humanidad, que solo pueden ser cometidos por el Estado, tal y como lo achacó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes a Ortega y sus fuerzas policiales.
Puede interesarle: Dictador Daniel Ortega ataca a la oposición y asegura que a quienes deberían llevar a la Corte Penal Internacional es a ellos
“No hay competencia material para que la Corte Penal Internacional pueda conocer de acciones realizadas por grupos opositores”, dijo Pineda.
“El único elemento que podría tener relación es el llamado crimen de agresión, que está orientado a la política exterior de un Estado, orientada al derrocamiento de un gobierno, pero no es el caso, es muy distinta la situación”, agregó.
Lo dicho por Ortega el viernes pasado es —a criterio del experto— “una declaración infundada de Daniel Ortega que busca desviar la atención o abrir un debate jurídicamente inexistente”.
Lea también: Régimen orteguista desestima nuevamente el trabajo de la CIDH ante la OEA
Aunque los opositores piden a Ortega que ratifique el Estatuto de Roma para que la Corte tenga jurisdicción en Nicaragua y que lo hagan con retroactividad, para que la Corte pueda actuar sobre hechos pasados, como los ocurridos a partir de abril del 2018, Pineda dice que en la Corte no hay retroactividad, pero eso se trata de un “obstáculo vencible”.
Según Pineda, si la Corte comenzara a tener jurisdicción sobre Nicaragua, sería sobre hechos que ocurran a partir de la firma del Estatuto. Pero, como cualquier otro tribunal, la Corte Penal puede decidir por ella misma si tiene jurisdicción o no sobre ciertos hechos. Y, además, también podría actuar por un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU.
Puede interesarle: Régimen orteguista eleva la deuda pública externa a los niveles del 2003
Más retos a Ortega
Otros actores de la sociedad civil se sumaron a los líderes de la Alianza Cívica para retar a Ortega a que suscriba el Estatuto de Roma. Entre ellos se encuentra Félix Maradiaga, quien manifestó que Ortega habla “tonterías”.
Otro fue el activista proderechos humanos, Álvaro Leiva, quien publicó en Facebook que los derechos humanos están prepa