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Vizcarra anunció la disolución del Congreso y llamó a la convocatoria de elecciones legislativas. Reuters

Presidente de Perú advierte al jefe del disuelto Congreso que puede ser acusado penalmente por firmar documentos oficiales

El jefe del disuelto Congreso presentó el jueves una "demanda competencial" ante el Tribunal pidiéndole que dirima si se ajusta o no a la carta magna la disolución del Congreso, decretada por Vizcarra

El presidente peruano Martín Vizcarra advirtió este viernes al jefe del disuelto Congreso, el opositor Pedro Olaechea, que puede ser acusado penalmente de usurpar funciones por firmar documentos oficiales como si continuara en ejercicio.

“El señor Oleachea no es presidente del Congreso y si presenta un documento firmando como presidente del Congreso está infringiendo una norma, usurpando un cargo que no le corresponde”, declaró Vizcarra a periodistas, en alusión a una demanda presentada por el jefe opositor ante el Tribunal Constitucional.

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Olaechea presentó el jueves una “demanda competencial” ante el Tribunal pidiéndole que dirima si se ajusta o no a la carta magna la disolución del Congreso, decretada por Vizcarra el 30 de septiembre.

No está claro si el tribunal acogerá o no a trámite esta demanda. Olaechea aparentemente carecía de facultades para presentarla, pues ya no es jefe del parlamento, sino de la Comisión Permanente que funcionará hasta los comicios del próximo 26 de enero.

“El Congreso de la República, representado por su presidente”

Además, la demanda de Olaechea dice en su encabezado: “El Congreso de la República, representado por su presidente”. Cualquier demanda del Congreso debe ser aprobada previamente por el plenario, lo que no ocurrió. De hecho, Olaechea invocó para presentarla un acuerdo de la Comisión Permanente adoptado el 2 de octubre, dos días después de la disolución. “No hay presidente del Congreso porque, usando el respaldo de la ley y la Constitución, el Congreso ha sido disuelto y va nuevamente a elegirse en enero”, destacó Vizcarra.

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La disolución del Congreso fue aplaudida por el 90% de los peruanos, según sondeos, debido al gran desprestigio de los parlamentarios opositores. Vizcarra disolvió el Congreso para acabar con los recurrentes choques de poderes con la mayoría fujimorista, criticada además por amparar a funcionarios y magistrados investigados por corrupción.

El Congreso denunció el “golpe de Estado” y en una cuestionada sesión después de ser disuelto, juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta encargada”, pero ella renunció al día siguiente.

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Pese a la alta tensión en las esferas del poder, no ha habido caos en Perú: la bolsa y el dólar se han mantenido estables y todas las actividades se desarrollan normalmente.

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