La Asamblea Nacional despojará de su personería jurídica a cinco asociaciones sin fines de lucro, entre las que están entidades de investigación y que prestan asesoramiento a los consumidores, porque el Departamento de Registro y Control de las Asociaciones del Ministerio de Gobernación (Migob) les acusa a todas de incumplir las obligaciones legales porque, supuestamente, no han renovado a sus directivas conforme sus respectivos estatutos.
Las cinco organizaciones contra las que actúa el Migob son: la Asociación de Promoción y Protección de los Derechos de los Consumidores y Usuarios de Nicaragua (Ceproduc); Asociación Centro de Investigación y Estudios de Centroamérica (Cieca); Asociación para las Naciones Unidas de Nicaragua (Asnun); la Asociación Nicaragüense de Maritimistas (Animar) y por último a la Asociación Club de Propietarios de Vehículos Clásicos de Nicaragua.
La Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea, que es presidida por el diputado orteguista Filiberto Rodríguez, avaló la solicitud contra esas cinco asociaciones por lo que los dictámenes en que se respalda quitarles la personería jurídica ya están incorporados en la agenda de temas a discutir y aprobarse la próxima semana por parte del plenario Legislativo.
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Contra todas esas organizaciones la directora auxiliar del Departamento de Registro y Control de Asociaciones de Gobernación, Franya Urey Blandón, les señala de las mismas infracciones legales como son estar “acéfala” por cuanto no han renovado a sus juntas directivas ni haber reportados sus respectivos estados financieros.
Las cartas que sustentan las acusaciones por parte de Urey Blandón son prácticamente iguales, pues en su redacción solo cambian los nombres de las asociaciones y fechas del registro de constitución.
Sin embargo, los documentos evidencian que en esta actuación del Migob habrían otros intereses que les motivas a quitarle la personería a Ceproduc, Cieca, Asnun, Animar y al Club de Propietarios de Vehículos Clásicos. Entre los detalles que llaman la atención es que se le señala de no haber presentado las acreditaciones de la renovación de sus juntas directivas desde hace dos y hasta 15 años cuando por ley las organizaciones sin fines de lucro deben hacerlo anualmente y el Departamento de Registro del Migob está constantemente inspeccionándolas.
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¿Incumplieron por años y no se dieron cuenta?
En el caso de la Asociación de Promoción y Protección de los Derechos de los Consumidores se les acusa de que estar acéfala desde el 14 de octubre del 2004, cuando sus estatutos establecen que deben renovar a la junta directiva cada cinco año.
¿Por qué en 15 años no se actúo por esta supuesta incumplimiento de la ley en la Dirección de Registro de Asociaciones? Eso no lo explica Urey en el documento en el que pide a los diputados quitarle la personería jurídica a la Asociación de Promoción y Protección de los Derechos de los Consumidores.
Tampoco hay explicación sobre la misma falta en el Migob con la supervisión del supuesto incumplimiento por parte de Cieca, Asnun, Animar y el Club de Propietarios de Vehículos Clásicos porque en sus casos les acusa de no reportar el cambio de sus directivas, conforme los estatutos, desde el 2005, 2013, 2003 y el 2017, respectivamente.
A las cinco organizaciones les acusan de “no reportar sus estados financieros” “obstaculizando al control y vigilancia” al “no poder identificar al representante, directivos y asociados” e imposibilitar al Migob de verificar las actividades financieras de las entidades.
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A las cinco organizaciones mencionadas el Migob y la Comisión de Gobernación les señala de violar la Ley General sobre personas jurídicas sin fines de lucro, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Lo que no hace el Departamento de Registro y Control de Asociaciones es solicitar que los bienes de las asociaciones se liquiden y pasen a ser propiedad del Estado, como ha actuado en el pasado contra otras organizaciones civiles.
Esta es la segunda oleada en el régimen orteguista a través del Migob y la Asamblea despoja a organizaciones no gubernamentales de su personería jurídica, sin presentar las pruebas de las supuestas violaciones a las leyes.
Entre noviembre y diciembre del año pasado se les eliminó a nueve organizaciones no gubernamentales acusándolas, sin demostrar las pruebas, de haber financiado el supuesto intento de golpe de estado como se descalifica las protestas ciudadanas iniciadas en abril del 2018.