Independentistas catalanes salen a protestar tras la condena a sus líderes en España

La condena del Tribunal Supremo fue entre 9 y 13 años de cárcel para nueve de los independentistas juzgados por el intento de secesión de octubre de 2017

Los catalanes salieron a las calles a protestar. LA PRENSA/AFP

Nueve líderes independentistas catalanes fueron condenados el lunes a penas de 9 a 13 años por el fracasado intento de secesión de 2017, sentencia que detonó inmediatas protestas de repudio con miles de participantes en las calles de Barcelona, que cortaron avenidas y marcharon al aeropuerto.

En la sentencia del Tribunal Supremo, el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, recibió 13 años de prisión por sedición y malversación, la más dura de las penas contra los doce separatistas procesados de febrero a junio por el máximo tribunal en Madrid.

Otros ocho independentistas, en algunos casos encarcelados desde hace casi dos años, recibieron condenas de 9 a 12 años de prisión por sedición, y algunos por malversación. Entre los condenados figura la ex presidente del parlamento catalán, Carme Forcadell, sentenciada a 11 años y medio.

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Después del anuncio de la sentencia del Tribunal Supremo, que relanzó la tensión en Cataluña donde el separatismo tiene la escena política y social en ebullición desde hace una década, los manifestantes cortaron varias vías de la capital catalana.

Miles de personas se congregaron en la céntrica Plaza de Cataluña al grito de «las calles siempre serán nuestras», constató un periodista de la AFP. Una nueva plataforma independentista, el ‘Tsunami Democrático’, llamó a colapsar el aeropuerto de Barcelona para «internacionalizar la respuesta ciudadana». «Ahora sólo nos queda la vía de la desobediencia civil e institucional. Esto va para largo», dijo Juli Cuéllar, un funcionario de 44 años.

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«Movilizaciones pacíficas pero determinadas, que tengan un impacto. Cerrar aeropuertos, estaciones, pero siempre evitando la violencia», abundó Joan Guich, un estudiante de 19 años Más allá de la reacción en la rica región nororiental de 7,5 millones de habitantes fuertemente divididos en cuanto a la independencia, la sentencia devolvió la cuestión catalana al centro del debate político, a pocas semanas de las elecciones legislativas del 10 de noviembre.

El presidente de España, Pedro Sánchez, aseguró que «esta sentencia pone fin a un proceso judicial que se ha desarrollado con plenas garantías y a su transparencia, y como corresponde en un Estado Social y Democrático de Derecho el acatamiento de la misma significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento».

Sánchez agregó que se han violado tres principios democráticos: «Se han ignorado los derechos de la mayoría social no independentista de Cataluña y se ha originado con ello, una fractura de la
convivencia dentro de la sociedad catalana. En segundo lugar, el autogobierno catalán se reconoce y se expresa en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y ese Estatuto fue atropellado y quebrantado unilateralmente por el independentismo catalán. En tercer lugar, la integridad territorial y el principio de soberanía nacional fueron atacados y con ello fueron atacados también los derechos y libertades del conjunto de la sociedad catalana y del conjunto de la nación española».

«Hoy concluye un proceso judicial ejemplar, pero a la vez hoy se confirma el naufragio de un proceso político que ha fracasado en su intento de obtener un respaldo interno y un reconocimiento internacional. Deja tras de sí solo un triste saldo de dolor y de enfrentamiento, de fractura de la convivencia en Cataluña», finalizó el mandatario.

«Volveremos más fuertes»

Los jueces descartaron la acusación de rebelión elevada por la fiscalía, que había solicitado 25 años de prisión contra Junqueras, líder del partido Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), principal acusado en este juicio histórico en ausencia de Carles Puigdemont, expresidente catalán huido en Bélgica.

Junqueras aprovechó el fallo para llamar a la movilización, en una carta publicada en la web de su partido: «Volveremos, y volveremos más fuertes (…) no tengáis ninguna duda, volveremos y ganaremos».

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Además de Junqueras y Forcadell fueron condenados el expresidente y presidente de las influyentes asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart (9 años para cada uno), y cinco antiguos ministros regionales.

Los tres restantes son exmiembros del gobierno catalán de Puigdemont, que estaban en libertad condicional y fueron condenados cada uno a una multa de 60.000 euros por el delito de desobediencia.

Los doce fueron juzgados por haber organizado el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación ilegal -marcado por imágenes de violencia policial que dieron la vuelta al mundo-, y la proclamación el 27 de ese mes en el Parlamento regional de una «República catalana» que nunca se materializó.

Poco después de conocerse la sentencia, el Supremo emitió una nueva orden internacional de detención contra Puigdemont, por sedición y malversación de fondos.

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Los hechos alrededor de la fallida secesión significaron la peor crisis política en España desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975.

El juicio tuvo como epicentro la cuestión de si hubo o no violencia, una noción que sustentaba el cargo de rebelión presentado por la fiscalía contra nueve de los acusados.

En su sentencia, el Supremo dio por «probada la existencia de violencia». Sin embargo, esta careció de «funcionalidad», y «el Estado mantuvo en todo momento el control de la fuerza, militar, policial, jurisdiccional e incluso social», lo que convirtió el propósito independentista «en una mera quimera».

Desobediencia civil

«Hoy han sido condenados a entre 9 y 13 años de prisión, cien años en conjunto, unas personas que siempre actuaron con sentido absolutamente democrático y escrupulosamente pacífico», dijo el presidente regional catalán, el separatista Quim Torra.

El separatismo, que controla el gobierno regional, había hecho causa común en días pasados al llamar a la «desobediencia civil» en caso de condena del Supremo.

«Si dejamos de lado los extremismos podemos iniciar una etapa nueva en la que la vuelta a la concordia sea uno de los principales pilares de Cataluña», replicó el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, quien dijo abogar por el «diálogo» para salir de esta larga crisis política.

De todas maneras, Sánchez previno en días anteriores que no dudaría en tomar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad en Cataluña, incluso la suspensión de la autonomía regional, como ya ocurrió en 2017 después de la fallida secesión.

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