Mientras a las alcaldías, que son claves para reducir la pobreza, se les confiscó más de 4,412 millones de córdobas, las instituciones públicas que el gobierno del Frente Sandinista utiliza para reprimir opositores recibirán en su conjunto el próximo año 8,163 millones de córdobas (242.77 millones de dólares), según los números del proyecto de ley del Presupuesto General de la República 2020.
Ese monto representa el 10.30 por ciento de los ingresos por recaudación de impuestos que el régimen prevé en 79,199 millones de córdobas.
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Estas instituciones son la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Asamblea Nacional y la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos.
En su conjunto el monto asignado para las seis instituciones es mayor en 272.89 millones de córdobas de lo asignado este año, según un análisis realizado por LA PRENSA con base en el proyecto presupuestario y el gasto 2019.
Entre la seis instituciones, este año las asignaciones sumaban 7,891 millones de córdobas. No obstante, por cartera, de las seis fuerzas represoras, solamente la Policía Nacional y la Corte Suprema de Justicia tendrán incrementos.
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La Policía Nacional, principal señalada por organismos de derechos humanos internacionales de asesinar manifestantes y arropar paramilitares que ejecutaron a opositores durante las protestas de 2018, será la mayor beneficiada con 249.53 millones de córdobas, más que lo asignado este año.
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El aumento en la Policía será de siete por ciento con respecto al año pasado, mientras que en otras instituciones como el Ministerio de Educación, el incremento será de apenas 3.8 por ciento. Según el documento, la Policía realizará 16 proyectos de construcción, reemplazo y equipamiento de edificios y delegaciones.
CSJ, también prioridad
En el caso de la CSJ el incremento será de 35.48 millones de córdobas respecto a 2019. La institución judicial es señalada de realizar aberraciones legales mediante el aparato de jueces orteguistas para condenar a presos políticos, según diversos informes de organismos especializados.
El documento justifica el incremento a la Corte Suprema de Justicia por la construcción de tres complejos judiciales, que estarían ubicados en Tipitapa, Siuna y San Juan del Sur. Además de la ampliación, mejoramiento y reemplazo de diez oficinas, juzgados o complejos judiciales, “que permitirá brindar un óptimo servicio de calidad y calidez a la ciudadanía”, según el documento.