El Estado de Nicaragua no solo le sigue asignando fondos a la desaparecida Autoridad del Gran Canal Interoceánico, sino que para el próximo se le aumentó un cinco por ciento más del capital que recibió este año.
En el 2020, la Autoridad recibirá 7.6 millones de córdobas, es decir, un ligero aumento en comparación a 7.2 millones de córdobas que se le destinó este año, según el proyecto del Presupuesto General de la República de 2020.
Sin embargo, el proyecto del Gran Canal, anunciado en diciembre de 2014, nunca inició y ha quedado solo en papel. De hecho, no hay ningún representante u oficina alguna en el país que represente a la compañía encargada del ambicioso proyecto, HKND.
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Para el economista Luis Murillo, el “error” de toda esta situación es que aún no se haya derogado la ley del Gran Canal, o Ley 840, puesto que el país “adquirió un compromiso con una institución aunque sea fantasma”. “Mientras no haya una derogación del decreto vamos a seguir con el mismo problema”, señaló.
Murillo aseveró que la transferencia de recursos del erario a la institución “es legal” porque se mantiene la Ley 840. “Lo ilegal es que no dan razones en qué se utiliza, cómo se utiliza y para qué se utiliza (los fondos). La Ley se aprobó, nunca ha sido derogada y no se han preocupado los diputados de la Asamblea Nacional en hacer una derogación de algo que es una utopía, es decir, nunca se va a dar”, agregó.
“Desperdicio de recursos”
El economista también manifestó que el presupuesto destinado a la Autoridad del Gran Canal es “un desperdicio de recursos”, debido a que nunca arrancó el proyecto anunciado. “Es lamentable cómo se le ha recortado a la parte social, que sí lo necesita para crear unas condiciones de reactivación de la economía, y se siga desperdiciando plata en esta institución que no ha traído nada bueno al país”, expresó.
Ejemplo de eso es que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han castigado fuertemente a las alcaldías del país, principalmente a las opositoras, dándole solamente el 4 por ciento del 10 por ciento que les corresponde del presupuesto, tal como lo establece la Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua.
Al respecto, Murillo señaló que habría un “retroceso a nivel de desarrollo local” por el recorte de presupuesto que por ley les corresponde a las municipalidades, mientras que por otro lado se le esté destinando a la Autoridad del Gran Canal un fondo sin destino.
Por su parte, el analista político Eliseo Núñez dijo que la prioridad del régimen orteguista no es el estado del país ni el bienestar de los nicaragüense, sino “mantenerse sin ceder” y sin mostrar debilidad al inhabilitar uno de sus proyectos. “Él (Ortega) no piensa si el proyecto funciona. Lo que quiere es mantenerlo ahí porque lo ocupa políticamente pero que funcione o no funcione no es un parámetro que él tenga para pagar o no”, compartió.
Desde el 2013 se le ha destinado a la Autoridad del Gran Canal 30.5 millones de córdobas, correspondientes a gastos administrativos y pago de personal, sin que hasta el momento se conozca cuál es su uso final.
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