Finalizaron los acontecimientos violentos ocurridos durante dos semanas en la República de Ecuador, protagonizados por los indígenas que reclamaban por la no derogación del subsidio al combustible.
El estallido social fue infiltrado por gente fanática del correísmo y convirtieron la protesta en pretexto para tratar de derrocar al presidente Lenín Moreno. Actuaron de manera vandálica pero fueron identificados. El movimiento indígena se desligó de ellos y quedaron abandonados a su suerte en poder de la Fiscalía.
Los poderes del Estado, las cámaras de la producción, los excandidatos a la Alcaldía de Quito, grupos de ciudadanos, líderes indígenas, líderes sociales y la opinión pública mayoritaria manifestaron su apoyo al presidente Moreno. Esto quedó evidenciado cuando el presidente derogó el desafortunado decreto 883, volviendo los precios de los combustibles a su estado primitivo.
Esto fue como un balde de agua fría para Rafael Correa y Nicolás Maduro. Los indígenas cesaron su reclamo y regresaron a sus tierras porque su objetivo no era derrocar al presidente.
La Organización de Estados Americanos (OEA), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y todas las instancias internacionales dieron un espaldarazo al presidente ecuatoriano, echando por la borda las intenciones de Rafael Correa que pedía adelanto de elecciones presidenciales con él como candidato. La violencia fue planificada por Correa y Maduro con el apoyo de Cuba. Según se conoce, los planes tenían la intención de desestabilizar económicamente a Colombia con la violencia. Por el momento fueron derrotados.
Lo sucedido en Ecuador es contrario a lo que ocurrió en Nicaragua en abril 2018, con el famoso decreto que reformaba el Reglamento del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Ortega lo derogó pero posteriormente lo resucitó, y al final despojó a los jubilados de su derecho a optar a una pensión digna de vejez extendiendo el periodo de cálculo para optar a ella que pasó de los últimos 3 años a los últimos 7 años y 3 meses. Muchas personas adultas que esperaban la pensión como agua de mayo, perdieron ese derecho.
Sin embargo, el daño mayor lo asumirán los jóvenes que tendrán que cotizar como mínimo 40 años en un país donde no hay fuentes de trabajo y para optar a una plaza en el Estado se debe ser partidario. Cuando Ortega hizo el ridículo derogando el decreto, la Policía había hecho correr la sangre, en las montañas el campesino ya luchaba porque estaba siendo despojado de sus tierras, y muchos de sus líderes habían sido ejecutados por paramilitares. La lucha ya no era por la derogación del decreto, era por la renuncia del dictador porque la corrupción y la represión había tocado fondo.
El autor es comentarista político.