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CONTENIDO EXCLUSIVO.Ocho meses han transcurrido desde la muerte de Ramón Antonio Ugarte Rivera, y sus familiares siguen denunciando que no tuvo un proceso judicial justo, no se le brindó atención médica a tiempo, y que incluso les ocultaron información cuando personal de salud le detectó que era VIH positivo.
De acuerdo con fuentes del hospital Gaspar García Laviana, de Rivas, los resultados de los exámenes de Ugarte Rivera, que daban VIH positivo, fueron comunicados a la Policía de Rivas, pero esta información no llegó a sus familiares.
El 10 de diciembre 2018 Ugarte Rivera fue entregado a sus familiares en un estado inmóvil, no conocía a nadie y en el hospital de Rivas les dijeron que ya no había nada que hacer y que le quedaban pocos días de vida.
Su viuda, Sonia Isabel Rivas, asegura que a ella y demás familiares de su esposo, nunca les informaron nada sobre su enfermedad, y tampoco se informó en el Juzgado ni se hizo constar en el expediente.
“Nosotros supimos en el hospital que él estaba con Sida, hasta que ya le faltaban como dos semanas para morir, y es algo que no creíamos, porque en el juicio nunca se habló de eso. Y cuando a él lo capturaron iba sano, solo padecía de azúcar que a veces se la tenía que controlar y esos eran los medicamentos que nosotros le mandábamos a la Policía, pero que no se los daban, explica Sonia.
Se intentó conocer más sobre el contagio de VIH de Ugarte Rivera, pero se nos fue negado el acceso a información de su expediente médico.
Causas de la muerte
El certificado de defunción indica que falleció producto de un desequilibrio hidroelectrolítico, que según la fuente hospitalaria equivale a una total deshidratación tras la pérdida de sodio, potasio y calcio, luego de contraer una diarrea crónica. La defensa pidió que se le enviara a un centro asistencial por esa causa desde el 27 de agosto 2018, según consta en expediente judicial.
“Ese tipo de patología (desequilibrio hidroelectrolítico) es manejable en un hospital y se controla con dieta y medicamento para aumentar los niveles de potasio, pero un paciente con VIH tiene que estar tomando su medicamento, porque cualquier bacteria, hongo o virus le puede causar la muerte, sobre todo si en el lugar donde se encuentra no hay condiciones adecuadas de higiene, en situaciones como esta se recomienda que un prisionero debe de obtener la casa por cárcel”, comentó una fuente del hospital de Rivas que pidió no ser identificada por temor a represalias.
Según Sonia Rivas, viuda de Ugarte, su esposo y ella se realizaban exámenes y chequeos todos los años y nunca salió positivo de VIH. Le detectaron la enfermedad hasta que estaba dentro de la cárcel de Rivas, asegura.
“Yo estoy sana, me he hecho dos pruebas este año y estoy bien gracias a Dios. Lo que no me explico es cómo se contagió mi esposo en la cárcel y por qué no lo atendieron como se debía,” lamenta la viuda.
En el primer mes de detención de Ugarte Rivera ya se veía desmejorado, parecía más envejecido, comenta su madre, María Marcelina Rivera. “Desde que le comenzó a dar una diarrea que no se le quitaba y tenía como nueve días sin comer, se le pidió al juez Chang que lo mandaran al médico, pero nunca lo llevaban y tampoco le daban los medicamentos” asegura.
En octubre de 2018, la Policía de Rivas informó al juez Emilio Chang López que no tenían condiciones en sus celdas para mantener recluido a Ugarte Rivera debido a sus problemas de salud, por lo que la defensa aprovechó para pedir el cambio de medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliar. Lo hizo en audiencia de juicio, el 29 de octubre 2018, y el Ministerio Público no se opuso a la petición, pero el judicial decidió solo mandar a valorar al acusado a Medicina Legal; volvió a reprogramar el juicio y de la petición de la defensa no dijo nada.
El caso
El juicio en contra de Ugarte Rivera estaba previsto a iniciar el 6 de septiembre de 2018, pero fue suspendido a petición de la defensa, que buscaba lograr un acuerdo de mediación con Kevin Samir Guadamuz Álvarez, propietario del bar y víctima del robo por el que lo acusaban. Este acuerdo se logró el 12 de septiembre del mismo año, cuando sus familiares entregaron 12 mil 500 córdobas al afectado y se comprometieron a pagar el resto en un plazo de tres meses, según consta en el acta de mediación del 12 septiembre 2018, que el Ministerio Público presentó en la audiencia de inicio de juicio.
Después de eso el juez Chang López debió seguir el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal, explicó el abogado penalista rivense, José Daniel Espinoza Bejarano. No aceptar la mediación es antijurídico porque la ley no otorga facultades al juez para rechazarla, comentó.
El Ministerio Público dejó sentada su protesta por la decisión del juez Chang López, quien decidió continuar el proceso aduciendo que “el delito se había cometido de noche en casa de habitación, y el caso tenía que ser esclarecido en juicio”. Sin embargo, según la señora Sonia Rivas, el lugar donde se cometió el robo no era ninguna casa de habitación sino un local para negocio y no sabe de dónde sacó el juez esa versión. El local siempre ha sido un sitio para negocio y no una casa de habitación, confirmaron vecinos del extinto bar y lo pudimos comprobar en un recorrido por el lugar.
El juicio siguió programado para el 29 de octubre del mismo año, y luego se reprogramó para el primero de noviembre, dado que la Policía ya no llevaba al detenido por su delicado estado de salud. De hecho, ese 29 de octubre se interrumpió el proceso debido al mal estado de salud en que se encontraba el acusado.
Se buscó en dos ocasiones la versión del juez Chang López, pero no fue posible hablar con él. Las veces que se le buscó en el Complejo Judicial de Rivas los funcionarios indicaron que no sabían dónde ubicarlo.
Otros casos
Octavio Ortega Arana del Movimiento Campesino Anticanal en Rivas, lamentó las violaciones a los derechos humanos que sufren los presos. De acuerdo con él, en los casos de presos políticos el sistema de justicia se vuelve un sistema represivo, y recordó el momento en que capturaron al autoconvocado isleño Max Cruz y su esposa la mañana del 8 de octubre 2018.
Aunque el caso de Ramón Antonio Ugarte Rivera no figura en las listas de presos políticos de Nicaragua, sus familiares más cercanos consideran que esto se debió a que la mayoría de dirigentes opositores de Rivas, se fueron del país huyendo de la represión gubernamental y no informaron a Managua de lo que ocurría con él por haberlos apoyados en las protestas antigubernamentales.
“A Max Cruz la Policía le pegó cuatro balazos cuando éste se encontraba en su casa en Altagracia, isla de Ometepe. A otro joven del barrio Los Pinos de Rivas, Ramón Ugarte Rivera, que apoyó las protestas de abril, lo acusaron de un delito menor, y se ensañaron contra él, un juez no le aceptó la mediación, y tampoco le atendieron sus problemas de salud, y lo dejaron libre ya prácticamente cuando se iba a morir”, precisó Octavio Ortega.
Mataron a un hermano
Octavio Ortega recordó que Carlos Alberto Jiménez Rivera (hermano de Ramón Ugarte Rivera), murió a consecuencia de los golpes que le propinó la Policía en todo su cuerpo, cuando lo capturaron en diciembre 2014, luego de desmontar la protesta anticanal por el sector de Los Pinos en Rivas, y a Carlos Alberto se lo llevaron porque estaba tomando licor cerca del lugar de la protesta, y murió días después que lo liberaron, recordó Ortega Arana.
María Marcelina Rivera, madre de ambas víctimas, confirmó la versión de Ortega Arana, y lamentó que Ramón Antonio sea el segundo hijo que pierde en menos de cinco años.
“El primero que me mataron fue Carlos Alberto Jiménez Rivera, porque cuando había una protesta en contra del Canal él estaba tomando (licor) en la acera de una casa cercana a la protesta en diciembre 2014, y cuando desalojaron ese tranque la Policía se lo llevó para el Chipote, ahí lo golpearon hasta que se cansaron de darle golpes y pasó como un mes en el hospital, y ya no se recuperó de la golpiza hasta que murió” lamentó María Marcelina Rivera.
“Era alegre”
Elizabeth Gómez de 28 años habitante del barrio Los Pinos de Rivas, calificó a Ramón Antonio Ugarte Rivera como una persona alegre y que le gustaba compartir con los demás, era solidario y no le gustaban las injusticias.
Scarleth Gazo Alcocer también vecina del barrio Los Pinos de Rivas, señaló que Ugarte Rivera era un hombre trabajador por cuenta propia. Acostumbraba a vender bebidas en los chinamos de las fiestas patronales, iba a varios municipios y era muy buen vecino.
Otra vecina del barrio Los Pinos de Rivas, que pidió no ser identificada, dijo que no creía que Ugarte Rivera hubiese cometido el robo en un bar de la zona, donde sustrajeron un monto estimado de 25 mil córdobas.
“En ese bar se volvieron a meter a robar cuando él ya estaba preso, y hasta unos balazos dispararon por ese bar, ahora los dueños ya lo cerraron” indicó la vecina.
Kevin Samir Guadamuz Álvarez propietario del desaparecido bar Aries,no quiso referirse al tema, aduciendo que ese caso ya pasó.
Casos similares
En un reciente informe de la Organización de Naciones Unidas ONU, señala que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH, tiene documentadas violaciones del derecho a un juicio justo, en casos de personas procesadas por su participación en las manifestaciones, a veces basada en una aplicación distorsionada de la legislación penal, señala el informe.
“Creo que los organismos de Derechos Humanos deben de revisar también los casos de personas que protestaron y que les han inventado delitos comunes sin darles oportunidad a demostrar que son inocentes, y como en el caso de mi esposo que hasta que murió tuvieron gusto, y todavía a mí me siguen asediando, me tiran piedras sobre el techo de mi casa, ya mataron a mi esposo ahora que nos dejen en paz y espero que un día se haga justicia” finalizó la señora Rivas, viuda de Ugarte.
Derechos violentados
De acuerdo con un abogado especialista en derecho penal del departamento de Rivas, que pidió omitiéramos su identidad, explicó que los familiares de Ugarte Rivera, pueden acudir a Inspectoría Judicial del Tribunal de Apelaciones de Granada, para que haga una investigación de la actuación del juez Chang López, y luego ellos (los de Inspectoría Judicial) remiten el caso al Consejo Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, donde deciden el tipo de sanción a imponer al funcionario, por extralimitarse en sus funciones.
En cuanto a la violación de derechos humanos, como el derecho a la vida, a un juicio imparcial, o el derecho a la salud, ese tipo de denuncia se realiza a través de Organismos de Derechos Humanos, y ellos asesoran a las víctimas y les dan acompañamiento hasta interponer denuncias en la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quienes luego solicitan esclarezcan los casos denunciados, o de lo contrario ellos imponen sanciones al Estado nicaragüense por violentar derechos humanos de sus ciudadanos, explicó el especialista en derecho penal.