El régimen de Daniel Ortega ha impuesto a los nicaragüenses drásticas medidas económicas y sociales, que podrían generar protestas en cualquier parte, pero aquí son contenidas por la represión que ha ejercido la dictadura a lo largo de 18 meses de crisis sociopolítica, en la que al menos 328 personas fueron asesinadas. Sin embargo, ese descontento social se está acumulando y podría volver a estallar, analizan expertos.
Mientras Ortega se aferra al poder, su maquinaria institucional aprobó reformas tributarias que ahogan el bolsillo de los nicaragüenses, puso en marcha una reforma a la seguridad social que sigue sin solucionar el problema de liquidez del INSS y que condena a los asegurados a pensiones de hambre, además del aumento discrecional a la tarifa de energía eléctrica, y la tendencia a aumentar los precios de los combustibles, que son los más caros en Centroamérica.
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El sociólogo Óscar René Vargas explicó que la ausencia de protestas frente a las medidas actuales se debe a la “represión indiscriminada”.
Para el investigador social Mario Sánchez, durante la crisis de abril se evidenció no solo el nivel represivo del gobierno, sino su brutalidad en términos de vidas humanas cobradas (328).
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Ambos expertos coinciden en que pese a la represión gubernamental, la población se mantiene en la lucha. Por un lado, se han logrado pequeñas acciones planificadas y coordinadas con ciertos niveles de autoprotección, consensuados en piquetes o plantones exprés, indicó Sánchez.
Vargas señala que la gente protesta hasta en las celebraciones religiosas, como en Masaya, donde la población lanzó botellas y bolsas de agua al comisionado de la Policía Orteguista Ramón Avellán, señalado de reprimir a ese departamento.
Una bomba de tiempo
Para Vargas se está incubando un “tsunami democrático”, que no se sabe cuándo y cómo va a explotar, debido a la acumulación de descontento social.
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Recordó que las protestas de abril no solo se debieron al incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz ni a las reformas a la seguridad social, antes de eso hubo protestas que afectaban a sectores específicos como el Movimiento Anticanal, contra la minería y otros donde también hubo represión, pero menos letales. “Había una incubación de hechos que movilizó a los universitarios con sus propias demandas”, dijo Vargas.
Para la también socióloga Violeta Granera, el estallido de abril es resultado de una exclusión política, social y económica que ha afectado a las grandes mayorías del país.
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Granera compara la situación de Chile con la de Nicaragua, al indicar que para los chilenos el alza en el metro fue equivalente a la reforma al INSS, ambas fueron la “gota que derramó el vaso”.
“La diferencia es que aquí la dictadura, en lugar de entender la profundidad y amplitud del hartazgo ciudadano con la forma de ejercer la política, y debido a su propia naturaleza dictatorial, escogió el camino de la brutal represión que estamos viviendo”, expresó.
Caldero de presión
La actual situación del país está condicionada por la pérdida del empleo, el incremento de la tarifa eléctrica, la supresión de los subsidios a la tarifa de energía eléctrica para los barrios y asentamientos, el empobrecimiento de la clase media; son cuatro elementos que muestran que el problema social en Nicaragua se está incubando nuevamente, explicó Vargas.
Advierte que el error del gobierno es creer que el estallido social es “un golpe de Estado”, sino que “este es un problema que se está incubando y que, yo creo, en el 2020 viene una fuerte movilización social por reivindicaciones cuando la gente comience a sentir realmente el problema del agua, de la luz, del costo de la vida”, reveló.