En las últimas semanas hemos visto una ola de protestas en Ecuador, Chile y Bolivia, aunque los factores detonantes fueron el alza en combustible, alza en la tarifa del metro y los “resultados” de las elecciones, existen algunas lecciones desde los Derechos Humanos que podemos considerar.
La protesta social es un medio para defender derechos, es decir, la toma de decisiones inconsultas, injustas o el cierre e ineficacia de espacios de interacción o participación, son un aliciente para levantar la voz contra una injusticia o el atropello de un derecho mediante la protesta social. Es posible que al igual que los amotinamientos en centros de reclusión, exista una especie de reacción en cadena como detonante adicional, también es posible que existan actores con claro interés geopolítico. En todo caso, el enfoque de derechos humanos ante estas situaciones debe ser preventivo y de contención con apego al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Las alzas en combustibles buscaban revertir un regresivo subsidio oneroso para el Estado; en el alza del metro es un tema de costos; mientras la falta de transparencia de un proceso electoral simplemente es inaceptable que por su naturaleza violatoria a Derechos Humanos y escapa a la posibilidad del enfoque preventivo. Según el informe de la CIDH “Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos” se requiere a un enfoque preventivo para evitar riesgos por medio de una exhaustiva y permanente revisión de sus obligaciones en materia de Derechos Humanos (párrafos 157 y 158). Lo anterior implica que, en las diferentes etapas de las políticas públicas, debe permitirse la participación efectiva de los actores involucrados.
Un buen ejemplo fue el incremento de la tarifa del metro en la Ciudad de México a finales del 2013. Primero hubo una campaña sobre las condiciones del metro, después se fortaleció la idea de que su conservación era tarea de todos y finalmente los usuarios participaron de una encuesta donde mayoritariamente expresaron estar dispuestos a pagar más si mejoraran sus condiciones. Lo extraordinario es que prácticamente se duplicó el costo sin mayor percance en una ciudad donde en promedio hay más de una protesta por día.
La existencia de un diálogo democrático permanente con diversos actores sociales e incluirlos en la toma de decisiones, no solo es realizar políticas públicas con enfoque de Derechos Humanos, sino que sirve para prevenir conflictos sociales. La protesta social es parte de la vida en democracia, si el régimen Ortega-Murillo comprendiera esto jamás hubiera cometido Crímenes de Lesa
Humanidad y si hubiera aprendido la lección, no llenaría las calles de policías, sino generaría condiciones para restablecer el diálogo democrático efectivo como solución legítima a la crisis.
El autor es maestro en Derechos Humanos.