La distribuidora Disnorte-Dissur alegó ante la Comisión de Servicios Públicos, de la Asamblea Nacional, que la mora comercial representa un grave problema financiero que de no resolverse a mediano plazo pondría en riesgo la capacidad de la empresa de garantizar la estabilidad del servicio a la población, según revela el dictamen de la reforma a la Ley de Estabilidad Energética (554).
Dicha reforma está prevista a ser aprobada esta semana.
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De aprobarse en la Asamblea Nacional, la reforma a la Ley 554 otorgará el poder legal a la distribuidora eléctrica de usar las facturas en mora para embargar judicialmente a los consumidores.
En el dictamen se recoge que Gustavo Acosta López, gerente general de Disnorte-Dissur, advirtió en la Comisión de Servicios Públicos, el jueves pasado, que si la empresa no mejora la recaudación por la facturación en un corto plazo se le haría difícil pagar a las generadoras y, por tanto, no sería capaz de garantizar el servicio eléctrico a la población.
“El deterioro del cobro está afectando nuestra capacidad de sostener el negocio, impactando actividades importantes relativas al mantenimiento de las redes y las inversiones para la atención del crecimiento de la cobertura. Si la efectividad del cobro se sigue deteriorando podría afectar el pago a los generadores y la transmisión, lo que queremos evitar, pues esto no es sostenible a mediano plazo”, expuso Acosta López, según el documento legislativo.
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La reforma que originalmente impulsó el dictador Daniel Ortega, establecía que todos los usuarios serían sujetos de embargo por incumplimiento en el pago de la factura de consumo de energía.
Luego los diputados orteguistas en la Comisión de Servicios Públicos le hicieron modificaciones a lo propuesto por Ortega, estableciendo que los afectados serán los usuarios que consuman más de 300 kilovatios hora al mes.
Además, de que solo se podrá embargar una vez agotadas las vías de reclamo por parte del cliente cuando esté en desacuerdo con el cobro y que el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) certifique la deuda.
La presidente de la Comisión de Servicios Públicos, la orteguista Jenny Martínez, afirmó la semana pasada que la mora comercial de la distribuidora de energía era de 350 millones de córdobas (unos 10.6 millones de dólares).
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Aunque el régimen ha señalado a las grandes empresas de ser los mayores morosos, Martínez aseguró que la deuda la acumulaban 16,500 consumidores de “todo segmento”. El INE registra 1.2 millones de clientes del servicio eléctrico a nivel nacional.
Urgidos por embargar
Sin embargo, el gerente de Disnorte-Dissur no ahondó en cómo se ha llegado al problema financiero que afirma tener, al menos no lo explica en el dictamen de la reforma a la Ley de Estabilidad Energética.
Lo que urgió Acosta López es que le permitan a Disnorte-Dissur embargar judicialmente a los morosos mediante la Ley 554 porque, según expuso a los diputados, de esa forma recuperarán recursos, pero no ofreció garantías de que con esa medida el sistema eléctrico se estabilizará.
“Necesitamos más herramientas que mejoren la efectividad del cobro y consideramos que de la mejora del recaudo depende no solo la prestación del servicio público a la población, sino además la economía y la transformación del sector eléctrico mediante los planes de expansión de generación”, insistió.
La consulta a la reforma a la Ley 554 se realizó el jueves y viernes pasados en la cual los diputados orteguistas solo permitieron a los representantes de la distribuidora, al Instituto Nicaragüense de Energía (INE), al Ministerio de Energía y Minas (MEM) y al Instituto Nacional de Defensa al Consumidor (Indec), que es afín al régimen.
Los supuestos riesgos que enfrenta el sistema energético de Nicaragua fueron advertidos también por Santiago Bermúdez, director general de Electricidad del MEM, al afirmar a los diputados que “la cartera morosa de las empresas distribuidoras pone en peligro el flujo financiero del sector eléctrico y a toda su cadena de valor, incluyendo generación, transmisión, distribución y comercialización”.
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El presidente del INE, José Antonio Castañeda, también ofreció un panorama desolador para respaldar que Disnorte-Dissur actúe contra los clientes morosos. “Es fundamental que para poder prestar el servicio de energía eléctrica se restituyan los recursos económicos necesarios que recupera el sector a través de la factura del servicio de energía eléctrica”, expuso Catañeda, de acuerdo con el dictamen de la reforma.
Expondrán a deudores
En el dictamen de la reforma a la Ley de Estabilidad Energética, los diputados reiteran la facultad de Disnorte-Dissur a publicar la lista de morosos, previa certificación del INE, así como reportar a los deudores ante las Centrales de Riesgo autorizadas por la Superintendencia de Bancos.
El presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), Sergio Maltez, reclamó que tanto las autoridades como la distribuidora “enseñen los números” del problema de la mora y de los deudores para que se transparente el verdadero problema en el sector. Maltez insistió en que “es ilógico pensar que las empresas formales que pagan su energía mensualmente sean los morosos, porque si dejan de pagar inmediatamente les cortan el servicio y eso afecta su producción”. “El problema real es la crisis económica que ha hecho cerrar comercios y por eso la empresa ha visto reducida su recaudación por factura de energía”, señaló Maltez.