Bogotá eligió este domingo a su primera alcaldesa, la centroizquierdista Claudia López, homosexual y figura anticorrupción, en el marco de los comicios locales más pacíficos que se han disputado en años en Colombia.
“Cambiamos la historia! (…) Ganamos la Alcaldía Mayor de Bogotá”, proclamó la dirigente opositora, de 49 años, tras el escrutinio que señaló su apretada victoria en la capital colombiana.
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López, aspirante por una coalición del Partido Verde y el Polo Democrático de izquierda, se impuso con el 35.23 por ciento de los apoyos contra el 32.47 por ciento del liberal Carlos Fernando Galán, quien reconoció su derrota con el 99.41 por ciento de los votos escrutados por la Registraduría Nacional.
Su victoria abre una nueva página en un país donde históricamente han gobernado hombres de las élites conservadora y liberal. López, que asumirá el 1 de enero, se pondrá al frente de una capital de 7,2 millones de habitantes agobiada por problemas de movilidad y una alta percepción de inseguridad.
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Conocida por su carácter explosivo y su disciplina, la mandataria electa impulsó sin éxito, en 2018, una consulta popular contra la corrupción en la política. Como investigadora académica, investigó el llamado fenómeno de la parapolítica: la alianza de líderes públicos con los sanguinarios grupos de ultraderecha, lo que le costó el exilio.
También es conocida por su vehemente oposición a la derecha que gobierna Colombia desde hace poco más de un año con Iván Duque a la cabeza. “Ser mujer no es un defecto, ser una mujer de carácter, firme (…) no es un defecto. Ser gay no es un defecto, ser hija de una familia humilde no es un defecto”, había dicho en una entrevista con la AFP la semana pasada.
Inusual proceso pacífico
López fue elegida en uno de los procesos más pacíficos en años en Colombia, pese a los episodios de violencia que empañaron la campaña. “Han sido las elecciones territoriales más pacíficas de los últimos años”, dijo Juan Carlos Galindo, jefe de la Registraduría, jefe del organismo encargado de organizar las votaciones.
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Los colombianos -según Galindo- prácticamente pudieron votar en todos los puestos habilitados, en los primeros comicios locales que se organizan desde el acuerdo de paz en 2016 con la ya disuelta guerrilla FARC.
El proceso revestía especial complejidad por el alto número de candidatos y las amenazas de seguridad en algunos territorios donde operan grupos armados financiados por el narcotráfico o la minería ilegal, luego del desarme de la exguerrilla FARC.
El ahora partido de izquierda compite por segunda vez en democracia desde que depuso la lucha armada de más de medio siglo, a lo largo del cual saboteó elecciones con violencia.
Aun sin la amenaza de la antigua guerrilla, en los últimos tres meses siete candidatos fueron asesinados, 88 recibieron amenazas, 12 han sufrido atentados y uno fue secuestrado, según la independiente Misión de Observación Electoral (MOE).
El organismo “registra con satisfacción que no se han presentado hasta el momento hechos de orden público relacionados con grupos armados ilegales que perturben de manera determinante las elecciones”.
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Unos 36 millones de colombianos estaban convocados para elegir 32 gobernadores, poco más de 1.100 alcaldes y miles de diputados departamentales, concejales y ediles.
Además de la violencia, la corrupción -expresada en la falta de transparencia en la financiación de las campañas, la compra de votos o la interferencia indebida de funcionarios- era apuntada por los analistas como una de las manchas de estos comicios.
En esta jornada las coaliciones se impusieron sobre los desprestigiados partidos tradicionales.
FARC mide su fuerza
Surgida del acuerdo de paz, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) se midió por segunda vez en unas elecciones tras su magro debut en las legislativas de 2018, en las que apenas obtuvo el 0.27 por ciento de apoyos.
El partido de la exguerrilla postuló a 308 candidatos, la mayoría para concejos locales y solo 18 para alcaldías. Los antiguos rebeldes enfrentan un difícil proceso de reincorporación social y económico marcado por denuncias de retrasos e incumplimientos oficiales, pero sobre todo ensombrecido por el asesinato de 168 excombatientes. El jueves cayó muerto a tiros el líder Alexander Parra, esposo de una candidata al concejo del municipio de Mesetas (centro), dentro de una de las zonas protegidas por el Estado y donde se agrupan exguerrilleros que están en vías de reinserción.