Los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional aprobaron la reforma a la Ley de Estabilidad Energética (554) para autorizar a la distribuidora Disnorte-Dissur que pueda embargar judicialmente a los usuarios morosos cuyo consumo sea mayor a los 300 kilovatios hora al mes, una medida que el régimen impuso para ayudar a la empresa a estabilizarse debido a que enfrentaría un hueco financiero de 3,500 millones de córdobas (unos 106 millones de dólares) por la factura comercial.
La semana pasada la presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, la orteguista Jenny Martínez, aseguró que son grandes consumidores los principales deudores representando 16,500 clientes de la distribuidora cuya mora acumulada era de 350 millones de córdobas, sin embargo este martes 29 de octubre la legisladora informó que los datos actualizados por la empresa es que el nivel de deuda es mucho mayor y asciende a los 106 millones de dólares.
“La mora está concentrada en el 4 por ciento de los morosos (totales) que son 16,500 clientes de los cuales hay una deuda de 3,500 millones de córdobas, (es la información) luego que la distribuidora nos ha pasado los datos más específicos”, afirmó Martínez al ser cuestionada por LA PRENSA.
¿Por qué Disnorte-Dissur permitió una que un pequeño porcentaje de los clientes acumularan un nivel de mora tan grande? ¿Quiénes son esos consumidores? Las respuestas a esas interrogantes no fueron contestadas por la orteguista Martínez.
Fue el dictador Daniel Ortega quien propuso reformar la Ley de Estabilidad Energética para permitir que Disnorte-Dissur use las facturas en mora para embargar a los consumidores. En la Comisión de Servicios Públicos hicieron modificaciones a lo propuesto por Ortega estableciendo que los expuestos a los embargos judiciales son los consumidores de más de 300 kilovatios hora al mes de energía, además se precisó que el proceso será posible sólo con la certificación de la deuda por parte del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
La reforma a Ley 554 la aprobaron setenta diputados orteguistas y dos de sus aliados del Partido Liberal Independiente (PLI), Mario Asencio Flórez y Pedro Joaquín Treminio. Votaron en contra 16 legisladores, 13 del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el conservador Alfredo César y los dos de la Alianza Liberal Independiente (ALN) Alejandro Mejía Ferreti y Mauricio Urúe. Se abstuvo Brooklyn Rivera, del partido indígena Yatama.
Puede interesarle: ¿Le alteró Disnorte-Dissur el consumo en su factura eléctrica? Estos son los pasos que debe seguir para reclamar
Castro levanta más dudas
Durante el debate de la aprobación de la reforma a la Ley 554 en la Asamblea, el jefe de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro así como Martínez dieron información confusa sobre el supuesto problema financiero que enfrentaría la distribuidora eléctrica.
Castro y Martínez insistieron en su discurso, que quedan excluidos de los embargos judiciales el 94 por ciento de los clientes de la distribuidora porque consumen menos de 300 kilovatios hora al mes.
Los orteguistas reiteraron su versión que son los grandes consumidores, sobretodo empresas, que ya habrían pasado por procesos de reclamo administrativos en Disnorte-Dissur, y el INE habría certificado que acumulan grandes deudas por no pagar la factura de consumo de energía, las que enfrentarían acciones judiciales por parte de la distribuidora eléctrica, usando la Ley 554.
Pero las cifras sobre cuántos son los deudores en total y el nivel del hueco en las finanzas de la distribuidora, no quedó claro en el debate parlamentario.
Según Castro, del total de los consumidores, el 6 por ciento son los morosos. “De los cuales el 96 por ciento son menores de 400 kilowats hora al mes, es decir que solo el 4 por ciento (del total en mora) son mayores consumidores de 300 kilowats hora y lo interesante es, que ese 4 por ciento de clientes debe el 50 por ciento de la mora y eso pone en riesgo al sistema, no a la distribuidora. Ese 4 por ciento son 16,500 clientes, que son ricos, por tanto que paguen”, afirmó.
En base a las cifras dadas por el orteguista Castro el problema financiero por la pérdida comercial por facturación morosa sería mayor a los 3,500 millones de córdobas que aseguró Martínez era la deuda registrada por Disnorte-Dissur.
¿Quiénes son el otro 50 por ciento de morosos? El orteguista Castro se negó a responder la pregunta.
Fuentes del sector energético aseguraron que en realidad sería el gobierno central el principal deudor, porque acumula saldos de hace varios años por el subsidio a los asentamientos, que estaban recibiendo más de 30,000 hogares.
El Gobierno ya no podría hacer frente a ese subsidio debido a la recesión económica, causada por la represión a las protestas ciudadanas desde abril del 2018, y que se extenderá el próximo año. La presión para financiar el Presupuesto General de la República del 2020 es lo que habría causado que el régimen debe de subsidiar la energía a esos más de 30,000 hogares de los asentamientos, por lo que no incorporó ese gasto el próximo año.
LA PRENSA consultó a Martínez, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, sobre la deuda del Gobierno con la distribuidora de energía por los subsidios eléctricos, a lo que la orteguista respondió: “Los subsidios siempre se mantienen a los consumidores de 0 a 150 kilovatios hora y a las personas jubiladas. El Estado ha mantenido sus compromisos hacia estos sectores y mantiene siempre el esfuerzo de garantizar la energía eléctrica”.
El nivel de morosidad en la facturación de energía es lo que el régimen orteguista y los funcionarios de Disnorte-Dissur, sostienen que arriesga la capacidad de la empresa de pagar la compra a las generadoras así como la transmisión, distribución y comercialización del servicio de energía a la población.
Descartaron propuesta de Conimipyme
A pesar de que el Consejo Nicaragüense de la Micro y Pequeña Empresa (Conimipyme) es aliado del régimen de Ortega, no prosperó la propuesta de ese sector de que el límite para los embargos fuese el consumo de 400 kilovatios hora al mes. La diputada orteguista Martínez dijo que se rechazó porque ya en la Ley existe el rango para los subsidios que establece que son a los usuarios de menos de 300 kilovatios hora al mes.