El ministro de Hacienda del régimen, Iván Acosta, se dedicó a dar un discurso político en defensa de la dictadura orteguista en lugar de detallar por qué no se contemplan aumentos salariales a los trabajadores públicos ni el subsidio energético a los asentamientos, así como qué medidas adoptarán para enfrentar la crisis del Seguro Social y el recorte de las transferencias a las alcaldías en el Presupuesto General de la República del 2020, cuya propuesta expuso ante los diputados de la Asamblea Nacional.
En la hora y media que duró su intervención este 30 de octubre en la Asamblea, el titular de Hacienda se centró en repetir la versión del régimen de que por el “fallido golpe de Estado”, como se descalifica la protesta ciudadana, y remarcó que la propuesta presupuestaria es “de racionalización del gasto” y “austeridad”.
La dictadura de Daniel Ortega calculó para el próximo año un presupuesto de gasto total de 80,901.6 millones de córdobas en el 2020, siendo solo 0.1 por ciento mayor al del 2019. Sin embargo no se contemplan aumentos salariales a los trabajadores públicos, siquiera para los maestros y el personal de Salud. Serán dos años consecutivos de que los empleados estatales no se les ajusta el salario, puesto si bien en el 2019 en el presupuesto se contempló un 5 por ciento de ajuste este no se les aplicó.
“¿A qué no vamos a renunciar? ¿Qué temas son irrenunciables? A proveer servicios estables y de calidad en salud, educación, agua y viviendas. No renunciamos a seguir ampliando la infraestructura vial con carreteras, pasos fronterizos, no podemos renunciar al puerto en el Caribe, a llevar la electrificación al último hogar (…) Nunca la estabilidad económica va a estar comprometiendo el gasto social a las grandes mayorías. Nunca va a poner en riesgo la inversión pública importante para proveer los servicios públicos necesarios para el pueblo más pobre”, dijo Acosta.
En el documento del Presupuesto 2020 que se entregó a los diputados no se contempla mejoras en la remuneración, siquiera a los maestros y trabajadores del Ministerio de Salud a pesar de que esos sectores recibían ajustes del 7 y 9 por ciento en años anteriores a la crisis que estalló en 2018.
Nicaragua está sumergida en una profunda recesión económica causada por la represión del régimen a través de su Policía, grupos de choque y parapolicías contra la población que, desde abril del 2018, se manifiesta, primero contra unas brutales reformas al sistema de pensiones pero que debido a los crímenes se convirtieron en la exigencia de la renuncia del dictador Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo así como el adelanto de las elecciones, antes del 2021.
La dictadura Ortega-Murillo sigue premiando a la Policía por ser su brazo represivo contra la población y así lo demuestra la propuesta del Presupuesto del próximo año ya que se contratarán 700 nuevos policías, siendo más plazas que los 500 maestros y 350 trabajadores más en el Ministerio de Salud (Minsa).
Al Ministerio de Educación (Mined) se le asignan 14,587.8 millones de córdobas. Con los 500 docentes más supuestos a contratar la planilla del Mined sería de 61,561 trabajadores entre maestros, administrativos, servicios generales, técnicos y de dirección.
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En tanto el Minsa recibirá 16,022.9 millones de córdobas para su funcionamiento y proyectos de infraestructura. Con las 350 nuevas plazas la planilla del Minsa subirá a 27,904 cargos entre personal médico, técnicos, servicios generales, administrativos y docentes.
Mientras a la PO se le proyecta un presupuesto de 1,555.5 millones de córdobas para el funcionamiento, que incluye los salarios de 15,775 personas, que incluiría a los 700 oficiales a contratarse.
Funcionario apela al descaro
El titular de Hacienda, Acosta, dedicó parte de su tiempo a defender los recursos a la PO para “que vele por la seguridad ciudadana” , y atacó a quienes critican los préstamos adquiridos por el régimen con organismos como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para equipamiento y vehículos de la policía.
“Hay algunos, que leí en algún momento, que no querían recursos de la cooperación para fortalecer la seguridad ciudadana. Seguramente (son personas que) tenían cuatro guardas de seguridad de las empresas élites del país cuidando su casa”, señaló Acosta.
Lo que no dijo el funcionario es que el próximo año el dictador Ortega se gastará más de 5 millones de córdobas de los fondos de la Presidencia para la seguridad de su casa de habitación, que funciona como presidencia y es a la vez la secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). A la PO también se le destinan en su propio presupuesto 333.9 millones de córdobas para la “protección de personalidades” que son un grupo de altos funcionarios de la dictadura.
Programa de inversión a la baja
El titular de Hacienda se presentó triunfalista en que en el 2020 se “habrá retomado la senda del crecimiento” de la economía, pero los números del presupuesto demuestran lo contrario ya que la estimación oficial es que la economía apenas crezca 0.5 por ciento el próximo año, que sería un estancamiento de la recesión.
En 2019 la caída económica sería del 3.5 por ciento según estimación oficial, pero los organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial pronostican que Nicaragua repita su tercer año de recesión económica con caídas del 5 por ciento en el 2020.
Son tan ajustadas las finanzas que el Programa de Inversión Pública (PIP) sufrirá un recorte de 2,268.5 millones de córdobas con respecto a este año en curso, lo que implicará un estancamiento en el desarrollo del país y un retroceso de más de cinco años.
Al PIP se destinará 14,888.6 millones de córdobas, mientras que este año según el presupuesto actualizado en el Informe de Ejecución Presupuestaria de enero- junio 2019, el último publicado, se le asignó 17,157.1 millones de córdobas, lo que implica una merma del 13.22 por ciento.
“Las fuerzas antipatrióticas golpistas truncaron no solo la vida de los que la perdieron en esos incidentes por el golpe, sino que truncaron la vida de muchos nicaragüenses. Sus viviendas, sus empleos y no debemos olvidar a los responsables”, expresó amenazante el ministro Acosta.
Avisa de medidas en el INSS pero no las detalla
Otro de los temas que dejó en el aire Hacienda fueron las medidas que se aplicarán el próximo año a lo interno del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para que no se termine de hundir financieramente. Se mencionó a grandes rasgos que entre el 2018 y 2020 el gobierno transferirá al INSS 381.9 millones de dólares en concepto de la deuda histórica, y adicionalmente el pago patronal.
“Se ha sostenido permanentemente la pensión de más de 250 mil pensionados y va a continuar así, a pesar de los 135 mil empleos que se perdieron (entre 2018 y 2019 por la crisis económica)”, afirmó Acosta.
Expone un país prácticamente sin pobreza
En su asistencia ante el parlamento, el ministro Iván Acosta dijo varias mentiras sobre la situación social y económica en el país, pues aseguró que en los 12 años de dictadura de Daniel Ortega se logró reducir tanto la pobreza general y la pobreza extrema que ya no existen viviendas construidas con materiales de plástico.
Nicaragua “es el país de Latinoamérica y probablemente del mundo que más ha reducido la pobreza en la última década. Pasó del 45.8 por ciento al 24. 9 por ciento…casi una reducción del 60 por ciento de la pobreza”, afirmó.
“El plástico negro era el material de construcción más conocido del país hasta el 2006. No eran los bloques. Eso desapareció. Desaparecieron los techos de plástico por los techos de zinc masivamente”, afirmó el ministro de Hacienda causando que diputados opositores, periodistas e incluso trabajadores de la Asamblea se mostraran sorprendidos por esas declaraciones. Varios diputados orteguistas solo se voltearon a ver al escucharlo.
Esa afirmación contrasta con la realidad de miles de familias cuyas viviendas son precarias, construidas con zinc y plástico a la vista tanto en los asentamientos en las zonas urbanas y mayormente en el campo.
Los números del régimen es que la tasa de pobreza general se ha reducido del 45.8 por ciento al 24.9 por ciento, mientras la pobreza extrema bajó del 15.1 por ciento al 6.9 por ciento. Esos resultados no han sido validados por organismos internacionales como el Banco Mundial, el que sigue colocando a Nicaragua como el segundo país más pobre del continente.
Y lo afirmado por Acosta de que Nicaragua es donde más se ha reducido la pobreza lo desmiente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), quien en su más resiente informe señala a El Salvador, Paraguay y Panamá donde más ha bajado la pobreza extrema.
Porras vuelve a censurar debate
Al finalizar su exposición de más de una hora de las proyecciones presupuestarias, el presidente de la Asamblea, el sancionado por violación a los derechos humanos, Gustavo Porras, no permitió que los diputados cuestionarán al ministro Iván Acosta. Porras remitió la propuesta del Presupuesto 2020 a la Comisión Económica para su consulta.
Los legisladores Azucena Castillo y Jimmy Blandón, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), criticaron de “populista”, “irreal”, “mentiroso” el discurso del titular de Hacienda.
“No nos permitieron hablar para que no se rinda cuentas de dónde salió el dinero que se gastó en la represión, en el combustible, en vehículos, camionetas, en paramilitares que es la causa de que la economía esté desbaratada”, reclamó Blandón.
Alfredo César, único diputado del Partido Conservados, criticó que “las proyecciones de recaudación de impuestos y los gastos que presenten están totalmente desfasados de la realidad que se vive y de lo que lo dicen los organismos internacionales”.
César dijo que Hacienda calló sobre que no habrán aumentos salariales en el Estado porque “no quieren abrirse la crítica”, pero también quieren ocultar que prefieren sostener la “burocracia porque nadie que está en el Frente Sandinista se puede tocar en el Estado, mientras, se está reduciendo drásticamente la inversión a las municipalidades y el programa de inversión pública, lo que significa que se está sacrificando el futuro del país”.