El excontralor de la República, Agustín Jarquín urgió a los pequeños y medianos oferentes del Estado a crear con urgencias consorcios para poder hacer frente a las compras al por mayor que a partir de ahora hará el Estado, cuando entre en vigencia su modelo de compras corporativas, que estarán bajo el control único del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
“Es bueno que las entidades que agremia al sector productivo reaccionen lo antes posible, que reaccionen ya, de manera que puedan formar consorcios, cooperativas, asociaciones, así como el Estado se va asociar para las compras importantes de los bienes y servicios que requieren”, afirmó Jarquín, quien no miró con malos ojos el control absoluto que ahora tendrá Hacienda y que deberá rendir cuenta a la Presidencia.
Si los oferentes, en su mayoría pequeños, no se asocian “con diligencia y prontitud, sí efectivamente quedarían al margen, se estarían excluyendo (de los negocios del Estado) porque no tendrían la capacidad para abastecer volúmenes grandes”, dijo Jarquín.
A partir del 1 de diciembre de este año, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se convertirá en el comprador único de las instituciones del Estado, luego que el régimen de Daniel Ortega ordenara a las instituciones públicas adoptar la modalidad de compras corporativas de los bienes y servicios, cuyo sistema ya se encuentra establecido en el reglamento de la Ley 737, Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, pero que nunca se había utilizado.
Hasta ahora las compras de bienes y servicios del Estado eran hechas por cada institución pública, cuyas adquisiciones se daban a conocer a través de convocatorias en La Gaceta y el portal de Nicaragua Compra. Los oferentes privados hacían sus propuestas directas a las entidades que requirieran estos bienes y servicios. La institución que solicitaba la compra contrataba directamente al proveedor.
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“La decisión de concentrar la toma decisiones es lo correcto, en este sentido activar las compras corporativas es apropiado, es beneficioso porque contribuiría a la economía porque las compras serían a menor precio, segundo puede ayudar en término de transparencia y que disminuya la ocurrencia de corrupción y tercer lugar tener una incidencia positiva en el presupuesto”, dijo Jarquín.
Por el contrario Dayra Valle, especialista en contrataciones del Estado, señala que al juntar varias instituciones las compras serían millonarias, creando un proceso altamente vulnerable al tráfico de influencia, por lo cual señala que debe haber una fiscalización abierta.
Desde hace tiempo en Nicaragua se utilizan estas modalidades de contratación: compras menores, licitación pública y selectiva y compras simplificadas, las cuales se mantendría para auditorias y obras.
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Pero en el caso de los bienes y servicios las compras corporativas serán “prioritaria”, es decir que estaría por encima de las contrataciones ordinarias (las antes mencionadas), esto una vez que entre en vigencia el decreto presidencial.
Dirección General de Compras no debe ser el comprador
En el caso del comprador único, Hacienda controlará estas compras a través de la Dirección General de Contrataciones del Estado.
Valle advierte que al ser la Dirección General de Contrataciones del Estado el órgano rector, habría una ilegalidad ya que este “es un órgano normativo entre el comprador y el vendedor y si se convierte en el comprador único, se convertiría en juez y parte”.
Al respecto Jarquín considera lo mismo, “se debe de crear una entendida como coordinador en Hacienda, que definitivamente no puede ser la Dirección General de Contrataciones porque es un ente regulador, que es el que administra el Siscae, no debe, ni está en sus funciones hacer esto”.