La organización Transparencia Nicaragua denunció este jueves, durante la presentación de su investigación “Situación actual del derecho humano de acceso a la información pública”, que en el país hay “un creciente deterioro del acceso a la información pública”.
La investigación, realizada por Transparencia, revela que este derecho ha sido violentado principalmente desde 2007, pero que se ha venido empeorando desde 2018.
“Hay un incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información, específicamente, el artículo 20 que señala la obligatoriedad de la publicación de la información, ese artículo les dice a las instituciones públicas qué información exactamente es la que deben publicar”, señaló Dayra Valle, representante e investigadora de Transparencia Nicaragua.
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En el trabajo de la organización se especifica que, de las 64 instituciones analizadas, únicamente, tres cumplen “medianamente” los requerimientos que señala el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 620.
El artículo 20 de la Ley 620 estipula la publicación de 20 requerimientos en los sitios web de las instituciones del Estado, entre ellos; ; información relativa a los servicios, a los programas de servicio público, los salarios de los empleados públicos, las auditorias, entre otros.
Sin embargo, las instituciones no están cumpliendo, según el estudio de Transparencia Nicaragua. La información más usual que publican son los servicios que prestan, las normas jurídicas que las respaldan, estructura de la organización, servicios en lineas, las licitaciones o compras, pero no todas.
Además, en algunos casos la información publicada no está desglosada, no permite la evaluación y no permite el análisis o evaluación del cómo se están utilizando los recursos del Estado, explicó Valle.
Principales instituciones que ocultan información
Del total de instituciones analizadas solo 10 no publican ninguna información relevante, revela el estudio de Transparencia. Entre las instituciones que no publican información, que están obligados por ley a ser públicas, se encuentra el Consejo Supremo Electoral (CSE).
La información que ocultan estas instituciones, según la investigación del organismo, están principalmente salarios de los funcionarios y empleados públicos, resultados de las auditorias públicas, resultados de entes fiscalizadores sobre recursos que se interponen en contra de las instituciones, tampoco se publican las adjudicaciones, aunque se publican las convocatorias.
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Valle resaltó que uno de los principales problemas de la falta de acceso a la información pública, además de negar el derecho a los ciudadanos, es que no se permite la fiscalización.
Además de la falta de información en los sitios web, también se encontró que no se está actualizando, hay información incompleta, otras se están retirando, se publican en formatos poco amigables y en algunos casos es poco desglosada, lo cual “no permite el análisis y evaluación de las gestiones públicas”, apuntó Valle.
Agregó que en mucho de los casos la información de las instituciones está “centralizada centralizada de los ministerios hacia la presidencia de la república”, pese a que la misma debería de ser de carácter público.
No hay oficinas u instancias de apelación
Emilio Chamorro, de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, quien participó de la presentación de la investigación de Transparencia Nicaragua, explicó que la organización a la que pertenece también ha realizado, en los últimos meses, ejercicios de solicitud de información, encontrándose con la lamentable situación que en algunas instituciones ni siquiera hay una oficina de acceso a la información pública.
Además, señaló que en el país tampoco se cuenta con una instancia de apelación en las instituciones del Estado.
“Las instancias de apelación son las coordinaciones de acceso a la información pública que es donde los ciudadanos pueden acudir para reclamar por la no entrega de la información, entonces, los ciudadanos no pueden ejercer su derecho a la apelación porque no se han creado las estructuras requeridas”, explicó Chamorro.
LA PRENSA/ARCHIVO
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No obstante, resaltó que la Ley de Acceso a la Información también establece el derecho que tiene el ciudadano para ir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la Sala de Contencioso Administrativo, para demandar de las instituciones información que ya se les haya negado.
Sin embargo, Chamorro lamentó que en Nicaragua “el poder legislativo no hace más que hacer eco a lo que dice u ordena el poder ejecutivo”. Por lo que criticó que esa negativa al acceso a la información pública es “es una clara muestra de opacidad y la opacidad en las entidades públicas es falta de transparencia”.
La recomendación de los investigadores de Transparencia Nicaragua es que, primeramente, las instituciones cumplan con el marco legal, acerque la información a la ciudadanía mediante diferentes medios y distintos formatos, atender a tiempo las solicitudes de información y publicar de forma veraz, oportuna y pertinente.