Los abogados Julio Montenegro y José Antonio López presentaron esta mañana ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso por inconstitucionalidad contra la Ley de reformas a la Ley de Análisis Financiero (Ley 1002) aprobada el 4 de septiembre de 2019, por considerar que contradice al menos 10 artículos de la Constitución Política de Nicaragua, al obligar al gremio de abogados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero de sus clientes.
Los abogados recurrieron específicamente contra el artículo 8 de dicha normativa referente a la obligación de los abogados y notarios y contadores públicos de reportar ante la CSJ y ante el Colegio de Contadores Públicos, toda información de los activos de sus clientes que sea sospechosa de estar vinculada con lavado de dinero.
“El sigilo profesional es fundamental para entablar relaciones de confianza absoluta entre un prestador de servicios y su cliente. El sigilo constituye una obligación legal y si la incumplís cometes delito de patrocinio infiel normado en el Código Penal,en su artículo 466 al perjudicar los intereses de tu representado al revelar información que te confió”, explicó Montenegro, coordinador de Defensores del Pueblo.
No fueron consultados
Los juristas también criticaron que el gremio no fue consultado previó a la aprobación de esta ley, que lesiona también las garantías constitucionales respecto a la honra, reputación, inviolabilidad de su correspondencia y comunicaciones de los individuos.
El recurso fue interpuesto contra el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, en su calidad de presidente designado, y en el documento solicitan que se le pida informe a la Procuraduría General de la República, como abogada del Estado.
Fue recibido por el secretario general de la CSJ, Rubén Montenegro.
Los abogados Montenegro y López expresaron que aunque la CSJ no le de cabida a su recurso, deben seguir el procedimiento legal y dejar sentado su rechazo.