En los últimos 12 años que ha estado en el poder Daniel Ortega, las pérdidas eléctricas en valor han aumentado 146.7 por ciento, pese a que en ese entonces el país vivía la crisis de apagones iniciada con la administración de Enrique Bolaños.
En el 2006 las pérdidas por energía no facturada le generaban a la distribuidora una fuga de 2,193.08 millones de córdobas (US$121.81 millones al cambio de ese año), pero en el 2018 —12 años después— estas alcanzaron los 5,412.42 millones de córdobas (US$167.40 millones), es decir 3,219.34 millones de córdobas más, revelan datos del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
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Hasta marzo del 2019, las pérdidas de electricidad ascienden a 1,535.18 millones de córdobas.
Asimismo, el INE detalla que el promedio de las pérdidas eléctricas por distribución hasta marzo alcanzó un 20.75 por ciento, cuando en el 2017 antes de la crisis sociopolítica era de 18.83 por ciento, sin embargo en la región el promedio de pérdidas no supera el 12 por ciento.
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El economista y especialista en temas energéticos del Centro Humboldt, Javier Mejía, señala que las pérdidas en la distribución energética reflejan las deficiencias operativas de la empresa Disnorte-Dissur, ocasionando un aumento de los costos, lo que produce un efecto directo en las tarifas y los costos de producción del país.
“Las pérdidas se clasifican en técnicas y no técnicas. Las técnicas se refieren a la energía que se pierde por falta de mantenimiento de la red o porque el sistema es obsoleto. En el caso de las no técnicas (o comerciales) se da por consumo de usuarios no legales o alteraciones a los medidores consumiendo más de lo que se factura”, explicó Mejía.
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Sostuvo que en el caso de Nicaragua estas pérdidas se agudizan por el hecho de que existe un monopolio en la distribución, “contrario a otros países de la región centroamericana donde existen hasta cuatro empresas distribuidoras, que atienden a diferentes territorios, por lo tanto son redes de distribución más manejables y cada empresa garantiza las inversiones necesarias para tener menos pérdidas, además se tiene una competitividad en los precios”, señala.
Ortega saboteó el sistema en el 2005
Para entender lo que ocurre en el sistema eléctrico, es importante explicar que un año antes de que el presidente Enrique Bolaños Geyer entregara el poder, en el 2005 el país entró en una crisis energética insostenible que afectaba la economía. Para entonces la población se ajustó al adelanto de horario y al racionamiento de ocho horas de energía diario; “todo porque Ortega había saboteado el sistema”, declaró en su momento Bolaños.
Luego en el 2007, cuando Ortega asumió nuevamente el poder, el sector energético (generación, distribución y transmisión) comenzó a ser controlado por el régimen, de tal manera que en la actualidad el cincuenta por ciento de la demanda energética es suplida por el generador Alba Generación ligado a la familia presidencial, el restante está en manos de privados.
En el caso de la distribución, un 16 por ciento le pertenece al Estado y la otra parte (84 por ciento) le pertenece al consorcio TSK-Melfosur. En el caso de la transmisión es totalmente pública, administrada por la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel).
BID invierte en reducir las pérdidas energéticas
Cabe destacar que el sistema eléctrico nicaragüense ha recibido el apoyo de varios organismos, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que desde 1973 hasta el 2017 ha otorgado 54 financiamientos al sector,
Del total de esos financiamientos, ocho préstamos que suman 268.7 millones de dólares han sido para fortalecer el sistema eléctrico (siendo el componente la reducción de pérdidas energéticas), desde el 2007 hasta el 2017.
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El último préstamo que otorgó el BID a Nicaragua en el sector energético fue en septiembre del 2017, cuando el Gobierno de Nicaragua se comprometió con el organismo en reducir las pérdidas energéticas a cambio de acceder al préstamo por 65 millones de dólares.
Según el documento público en la página del BID, cuando se le envió la propuesta de este préstamo, el INE expuso que el Gobierno contaba “con una estrategia para la reducción de pérdidas no técnicas (comerciales), mediante la normalización de clientes irregulares y acciones directas a partir de la normativa antifraude”, pero el nivel de pérdidas seguía siendo alto, lo que estaba impactando en “los costos promedio de electricidad, produciendo un desbalance permanente para las finanzas del sector”.
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Estas altas pérdidas, la mayoría son asumidas por los consumidores. Actualmente el Factor de Expansión de Pérdidas (FEP), o sea las pérdidas reconocidas por el Estado a través de la tarifa, equivalen al 14 por ciento, es decir que del total de pérdidas (20.75 por ciento) un 14 por ciento lo asume el usuario en su factura y el restante (5.75 por ciento) la distribuidora.
Subsidio a los asentamientos
Javier Mejía, especialista del Centro Humboldt, señala que desde que inició la crisis las metas de normalización del servicio eléctrico en asentamientos y barrios se vieron afectadas.
Pero además este año solo se subsidió la energía en los asentamientos en el primer trimestre y para el próximo año no se incorporó en el presupuesto.