El gobierno y el Ejército de Colombia lo anunciaron como una operación exitosa contra la disidencia de la FARC.
Fue a finales de agosto de 2019 y, según el comunicado oficial, los militares habían bombardeado un campamento guerrillero en el que murió su jefe, Rogelio Bolívar Córdoba alias Gildardo Cucho y 13 de sus seguidores.
Pero en el lugar había menores de edad que murieron en el ataque. De acuerdo con los exámenes de las autoridades forenses presentados en el Congreso, entre los fallecidos había una niña de 12 años, un adolescente de 15 años y otra menor de 16.
Esta revelación y el hecho de que el gobierno lo hubiera ocultado terminó costándole el cargo al ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien presentó su dimisión este miércoles.
¿Cómo se supo del caso?
El presidente Iván Duque había asegurado que el ataque fue resultado de una labor “estratégica, meticulosa e impecable” de las Fuerzas Armadas, a cuyos miembros definió como “héroes” de su país por su desempeño contra una “cuadrilla de narcoterroristas”.
La Policía Judicial informó que realizó el levantamiento de 14 cuerpos y que durante el procedimiento de rutina, se encontraron armas, entre ellas un fusil de alta precisión.
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La muerte de los menores se conoció durante una audiencia en el Congreso para analizar por segunda ocasión una moción de censura contra Botero, cuya estrategia de seguridad para Colombia está en la mira de varios sectores, que consideran que viola los derechos humanos y ha llevado a la pérdida de vidas inocentes.
El senador Roy Barreras, que promovió la audiencia ante el legislativo, aseguró que Botero ocultó de forma deliberada la información sobre la muerte de los menores al dar a conocer la operación.
“Ministro, usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó siete niños y quizás son cuatro más, porque las pruebas de Medicina Legal muestran que otros cuatro cuerpos llegaron tan despedazados, que solo pudieron identificar que tenían menos de 20 años”, dijo Barreras.
Barreras cuestionó que las autoridades militares trataron a los menores como “delincuentes muertos en desarrollo de operaciones militares“, lo que despertó otra vez el fantasma de los falsos positivos, las ejecuciones de civiles perpetradas por el Ejército que eran presentadas como combates con guerrilleros.
¿Qué respondió Botero?
Durante su comparecencia, el ministro de Defensa reconoció la muerte de los menores, pero aseguró que los militares no tenían información sobre su presencia en el campamento.
“Cuando esta operación se hizo no se sabía de la presencia de menores. Se revisó clarísimamente la legislación, los abogados conceptuaron posiblemente que el señor Gildardo Cucho era una amenaza para la seguridad nacional y que como tal se podía bombardear el sitio”, afirmó.
Según el ministro, las operaciones militares se desarrollaron de acuerdo con las normas internacionales y atribuyó al grupo guerrillero la responsabilidad por la muerte de los menores.
“Correspondería a las autoridades competentes a la luz de las normas del derecho internacional humanitario la infracción de la que es responsable el Grupo Armado Organizado por utilizar menores como parte al parecer de su estructura de seguridad”, sostuvo.
Tras la declaración de Botero, el senador Barreras lo volvió a cuestionar por ocultar la información sobre la muerte de los niños, lo que, en su criterio, confirma “las peores hipótesis”.
“No ha contestado por qué le ocultó a Colombia que murieron siete niños en ese bombardeo, o no lo sabía y se enteró hoy por mi informe… O sí lo sabía, y por eso consultó abogados, y no ha dicho por qué lo ocultó”, cuestionó.
Poco después, el ministro presentó su renuncia, evitando así convertirse en el primero de la historia de Colombia en ser removido de su cargo por el Congreso.
¿Qué se sabe de operación contra “Gildardo Cucho”?
Durante la audiencia en el Congreso, el general Luis Fernando Navarro, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, explicó que llegaron hasta el rebelde gracias a informaciones de inteligencia.
Según dijo, Gildardo Cucho llegó hasta el departamento del Caquetá proveniente de Venezuela junto a otras 20 personas que pertenecían a su “círculo de seguridad más próximo“.
De acuerdo con su testimonio, tras consultar con expertos juristas, se puso en marcha la operación, por considerar que el líder rebelde constituía “una amenaza real contra el Estado colombiano”.
Al igual que Botero, Navarro negó que los militares tuvieran conocimiento de la presencia de menores en el campamento, aunque medios locales cuestionaron cómo los militares tenían información de la cantidad de hombres que acompañaban al guerrillero, la forma en la que entró al país, pero no de que había menores dentro del grupo.
Este miércoles, el personero (especie de defensor comunitario en Colombia) de Puerto Rico, en el departamento de Caquetá, aseguró a la emisora Blu Radio que le había alertado a las autoridades de la presencia de menores en el campamento.
“El gobierno sabía que había menores de edad que habían sido reclutados dos meses antes, niños que estaban allí en contra de su voluntad en calidad de secuestrados”, afirmó.
¿Qué otros casos han agravado esta situación?
La estrategia de seguridad del Ministerio de Defensa de Colombia ha sido puesta en tela de juicio en varias ocasiones en los últimos meses, luego de que salieran a la luz varios casos que encendieron la polémica.
De hecho, uno de los puntos que se analizó en la discusión de la moción de censura fue la ejecución extrajudicial de Dimar Torres, un desmovilizado de las FARC cuya muerte llevó a los legisladores a proponer el primer intento de destitución de Botero, que finalmente no procedió.
Las indagaciones de la Fiscalía establecieron que miembros del Ejército colombiano mataron a Torres, sin embargo, de manera inicial, Botero no reconoció que eso hubiera sucedido.
Las críticas contra el ministro se multiplicaron en mayo pasado cuando un reportaje de The New York Times revelaba que el alto mando ordenó a los militares que doblaran “el número de criminales y guerrilleros que matan, capturan o fuerzan a rendirse en combate (y posiblemente admitiendo un mayor número de víctimas civiles)”.
Las autoridades de Colombia cuestionaron la veracidad de la investigación.
De acuerdo con recuentos de organizaciones sociales, en Colombia ocurrieron más de 400 asesinatos de exguerrilleros, líderes sociales, defensores de medio ambiente y activistas en los últimos cuatro años.