El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó este jueves a tres funcionarios aliados del régimen orteguista: Ramón Avellán, subdirector de la Policía Orteguista (PO), Lumberto Campbell; magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), y Roberto López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Puede interesarle: Roberto López, responsable del desastre en el INSS
Con estos últimos los sancionados suman 14, más el Banco Corporativo (Bancorp) y Albanisa. Los otros once sancionados son Francisco López Centeno, vicepresidente de Albanisa, Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, Francisco Díaz, subdirector de Policía Orteguista, Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja de dictadores, Sonia Castro, asesora del Ministerio de Salud, Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, Oscar Mojica, general en retiro y titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Roberto Rivas, antiguo presidente del poder electoral, Orlando Castillo, director de Telcor, Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad del dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo, esposa del dictador y cogobernante de Nicaragua.
Ramón Avellán Medal, responsable de 107 muertes
El subdirector de la Policía Orteguista (PO), comisionado Ramón Avellán está siendo sancionado por abuso de los derechos humanos de conformidad con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018 (NHRAA, por sus siglas en inglés). Avellán ha sido señalado de liderar la sangrienta represión contra el pueblo de Masaya en los momentos más álgidos de las protestas cívicas. El departamento del Tesoro lo responsabiliza por 107 muertes y cientos de heridos.
“Ramón Antonio Avellan está siendo sancionado de conformidad con EO 13851 y la NHRAA por ser un funcionario actual del Gobierno de Nicaragua, y por ser el Director General Adjunto de la Policía Nacional de Nicaragua (NNP), una entidad que tiene, o cuyos miembros han participado en actos significativos de violencia o abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018”, cita el informe del Departamento del Tesoro.
“Avellán llevó a cabo la campaña del régimen contra la oposición y aplica medidas represivas, realiza arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones de manifestantes antigubernamentales. Avellan dirigió la Operación Limpieza en nombre del presidente Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo para desmantelar las barricadas erigidas por los manifestantes democráticos en Masaya y Monimbo. Los ataques del Policía y parapolicías bajo su mando provocaron 107 muertes y cientos de heridos”, añade el reporte.
Puede Interesarle: Entran en vigencia las sanciones hechas a la medida de los funcionarios orteguistas
El papel de Avellán es claro: mantener el asedio, la represión y el control en la ciudad de Masaya, y en especial, en el barrio histórico de Monimbó. A él se le ha visto dirigiendo operativos contra cualquier intento de manifestación, incluso, contra celebraciones religiosas o piquetes cívicos, que la población y excarcelados políticos han intentado realizar en la Iglesia San Miguel, donde el mismo párroco, Edwin Román, se ha enfrentado a Avellán por su actitud intransigente y violenta.
Lea además: Bayardo Arce asegura que Estados Unidos no investigó a funcionarios orteguistas sancionados
Lumberto Campbell Hooker y sus tácticas antidemocráticas
Lumberto Campbell Hooker, quien es el presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua (CSE), fue sancionado por la comisión de fraudes electorales. Fue sancionado este jueves de conformidad con E.O. 13851 por ser un funcionario actual del Gobierno de Nicaragua. Campbell es presidente interino del CSE desde 2018, y antes de eso, fue vicepresidente del CSE desde 2014.
Lea también: ¿Quién es Oscar Mojica, uno de los sancionados por Estados Unidos?
Aunque Campbell es vicepresidente del CSE, ejerce todas las funciones de presidente, desde febrero de 2018 tras ser sancionado por Estados Unidos al anterior presidente electoral, Roberto Rivas Reyes, bajo la ley Magnitsky. “El CSE continúa involucrado en tácticas antidemocráticas para garantizar que el presidente Ortega y sus aliados ganen elecciones, incluido el pedido a los empleados del gobierno de votar por Ortega y otros candidatos del FSLN”, dice el documento de la sanción.
Lea Además: Los audios contra el comisionado Ramón Avellán
En 2018 fue señalado por Ligia Gómez, exfuncionaria del Banco Central de Nicaragua (BCN) y exsecretaria política del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como organizador de las órdenes del “Vamos con Todo” de Rosario Murillo para reprimir las protestas civiles desde el 19 abril.
Campbell fue también secretario para asuntos de la Costa Caribe del FSLN y también coordinador del Consejo de Desarrollo para la Costa Caribe desde los años 80. Se le vinculó en investigaciones sobre derechos humanos a los sucesos conocidos como “Navidad Roja”, una operación realizada por el Ejército Popular Sandinista entre diciembre de 1981 y enero de 1982.
Lea También: Estados Unidos sanciona a Ramón Avellán, Roberto López y Lumberto Campbell
Esta acción consistió en desalojar a unas 20 comunidades miskitas en el Caribe Norte y según las investigaciones, la operación dejó 64 civiles asesinados, 13 torturados y 15 desaparecidos.
Extraoficialmente, se maneja que el funcionario electoral se encuentra en mal estado de salud y al margen de sus funciones públicas.
Roberto López Gómez y el manejo indebido de activos públicos
Roberto José López Gómez fue sancionado tras investigaciones que demostraron que bajo su mandato como presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), se presentaron una serie de “transacciones que involucran prácticas engañosas o corrupción por parte de o en nombre del Gobierno de Nicaragua”.
Lea Además: Estados Unidos y Canadá sancionan a Sonia Castro, Gustavo Porras, Orlando Castillo y Oscar Mojica
López de 47 años, es originario de Granada y desde que ejerce como presidente ejecutivo INSS, la institución ha registrado altos números en déficit. El funcionario ocupa el cargo desde que el dictador Daniel Ortega regresó al poder en 2007. Ese año recibió al INSS con un superávit de 1,183.23 millones de córdobas por parte de la antigua administración de esta entidad estatal que estaba al mando de Edda Callejas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló como motivo de la sanción a López, el manejo indebido de los activos públicos. “La apropiación indebida de activos públicos o la expropiación de activos privados para beneficio personal o fines políticos, corrupción relacionada con contratos gubernamentales o soborno”, se detalla como uno de los principales motivos de esta implementación del Departamento del Tesoro.
Puede interesarle: Alianza Cívica, sobre las sanciones de EE.UU.: “El único responsable de este conflicto y de las consecuencias futuras es el gobierno”
“El anuncio de López del 16 de abril de 2018 de cambios en el INSS provocó las protestas que marcaron el inicio de la crisis política. El INSS es uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción, y se ha utilizado como fondo para sobornos del gobierno. El INSS ha estado implicado en escándalos de corrupción y esquemas de lavado de dinero bajo la supervisión de López, desde financiar un edificio de varios millones de dólares en tierras de propiedad de López, hasta favorecer contratos con empresas de construcción afiliadas al gobierno y proveedores farmacéuticos, y realizar pagos ilegítimos a funcionarios a través de empresas fantasma. El INSS otorga préstamos significativamente por encima del costo, luego permite a los prestatarios incumplir el préstamo, pero borra la deuda al permitirles entregar activos con un valor mucho menor que el valor del préstamo”, explica el Departamento del Tesoro.
Lea Además: EE.UU. sanciona a cinco funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela
Durante los 12 años que lleva López como presidente ejecutivo del INSS, los informes estadísticos de la institución no reflejan los detalles de las operaciones de préstamos e inversiones con recursos de los asegurados. Uno de los casos más polémicos fue en 2016 cuando LA PRENSA publicó la primera parte de una investigación sobre préstamos del INSS al sector privado, donde se evidenció que 1.2 millones de dólares en préstamos se otorgarían a una empresa desconocida. Cabe resaltar, que en dicha empresa aparecían nombres de algunos socios que ni tenían idea de que sus nombres salían a relucir e incluso desconocían a dicha empresa.
Otro de los grandes escándalos en los que estuvo envuelto el INSS bajo el mando de Roberto López, involucra a la planta de vacunas rusas Mechnikov. En este caso la entidad estatal desembolso 7.1 millones de dólares (con fondos de los asegurados) como financiamiento para la construcción y el equipamiento de Mechnikov.