Representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos concuerdan en que las sanciones giradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra el comisionado general Ramón Antonio Avellán, Lumberto Ignacio Campbell Hooker, presidente del Consejo Supremo Electoral y Roberto José López Gómez, presidente ejecutivo el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social son mensajes claros al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Los representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y de la organización Defensores del Pueblo afirman que si acusan a un funcionario del Estado de cometer violaciones de derechos humanos, automáticamente, es acusado el titular del Gobierno.
Por lo tanto, los defensores consideran que si Estados Unidos está acusando al comisionado Ramón Avellán de ser el responsable de 107 asesinatos, en el contexto de la crisis sociopolítica, Ortega también es responsable.
La resolución de la OFAC sobre la sanción de Avellán señala que “los ataques de la Policía Orteguista y parapolicías bajo su mando provocaron 107 muertes y cientos de heridos”.
Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, afirmó que esta acusación directa contra Avellán, es porque “Estados Unidos tiene con fundamentos, porque no se va a arriesgar a hacer esas afirmaciones sin tener un fundamento. Además era evidente como Avellán no se escondía para cometer las violaciones a derechos humanos que estaba y siguen cometiendo”, insistió.
Lea También: Estados Unidos sanciona a Ramón Avellán, Roberto López y Lumberto Campbell
La presidenta del Cenidh explicó que, si Avellán es acusado de ser el responsable de estas muertes, el régimen de Daniel Ortega también lo es. “El gobierno es responsable de todas las acciones que Avellán ejecutó. Al acusar a Avellán, Ortega también está siendo acusado porque en derechos humanos existe lo que se llama responsabilidad en cadena, como en el Ejército. Julio César Avilés es responsable de lo que hagan sus subordinados, así Ortega es responsable de lo que hacen sus subordinados, aunque hayan actores materiales e intelectuales”.
Los abogados Marcos Carmona, de la CPDH, y Julio Montenegro, de la organización Defensores del Pueblo, concuerdan con las afirmaciones de Núñez. “Los principales responsables de estos casos que cometen las autoridades policiales son los gobernantes, en este caso presidente y vicepresidente”, dijo por su parte Carmona.
Sin juicios internacionales
Sin embargo, los defensores de derechos humanos de Nicaragua lamentaron que ni Avellán y tampoco Ortega, por el momento, no pueden ser llevados ante la justicia internacional, puesto que el país no está suscrito al Estatuto de Roma.
“Nicaragua no ha adoptado el Estatuto de Roma por lo que la aplicación de la justicia ante la Corte Internacional por el momento no se puede aplicar. Sabemos que esa instancia aplica justicia en los casos de delitos de lesa humanidad. Entonces, la única manera de que se aplique justicia de este tipo es que Nicaragua ratifique eso, pero ningún Gobierno en Nicaragua ha ratificado”, explicó el abogado Montenegro.
No obstante, señaló que los nicaragüenses no deben perder la esperanza, ya que estos delitos no prescriben. “Con un cambio de Gobierno en el país se puede ratificar el Estatuto de Roma y aplicar esas sanciones, llevando a juicio internacional a los violadores de derechos humanos, porque son delitos que no prescriben. Ahí no se aplica ninguna dinámica de no hacer justicia, pero eso tiene que ver con el contexto y no solo sería estos 14 sancionados que ya se suman, sino todos los que han violado los derechos de los nicaragüenses”, añadió Montenegro.
Sin repercusiones internas
Por otro lado, la representante del Cenidh lamentó que a nivel interno todavía no se verán mayores repercusiones, resaltando que el régimen Orteguista en vez de cambiar a los funcionarios sancionados “los premia” y “mantiene en su cargo”.
“Al régimen no le importa, o eso quieren aparentar, ni se inmutan por tener a personas sancionadas dentro de los funcionarios públicos, tildados como violadores de derechos humanos. Ya ves como a Gustavo Porras solo le quitaron las funciones con las que podrían estar vinculadas con instancias económicas de Estados Unidos, pero él sigue ejerciendo como presidente de la Asamblea Nacional, entonces, prácticamente, lo que hace Ortega es encubrirlas. No lo ve como una posibilidad para sanear el aparato gubernamental represivo que tiene. Al contrario lo ve como una agresión y no le veo que tenga un efecto inmediato a nivel interno”, lamentó Núñez. Sin embargo, no descartó que a nivel internacional pueda haber más repercusiones, principalmente en cooperación externa y más sanciones.
Lea También: Quiénes son los nuevos sancionados por Estados Unidos y por qué
Asimismo, Carmona demandó a la comunidad internacional más acciones contundentes contra los violadores de derechos humanos, destacando que estos tres funcionarios sancionados “no son los únicos que han cometido graves delitos contra los derechos de los nicaragüenses”.
“Sabemos que las sanciones de Estados Unidos son mensajes claros que le están mandando al Gobierno de Nicaragua. El Gobierno de Estados Unidos no va a tolerar crímenes de lesa humanidad, no va a tolerar tortura, no va a tolerar represión contra el pueblo de Nicaragua. Esta resolución podemos decir que es una victoria de los nicaragüenses, porque hemos venido denunciando permanentemente todos los abusos que cometen, no solo esos funcionarios sancionados, sino los que cometen los de todos los poderes del Estado”, puntualizó Carmona.