Tras casi 24 horas después desde que el Departamento del Tesoro recetó “muerte financiera” a tres fichas del círculo duro de poder del dictador Daniel Ortega, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike P. Pompeo pidió a Ortega el cese de la represión y responder el llamado de los nicaragüenses a elecciones libres, justas, transparentes y anticipadas, además de abogar por la liberación de los presos políticos, que aún siguen encarcelados.
Pompeo señaló que era “imperativo que el régimen cumpla con los compromisos que ya ha asumido como parte de las negociaciones con la Alianza Cívica y bajo la Carta Democrática Interamericana”.
Pero sobre todo, Pompeo abogó por los presos políticos que el régimen aún mantiene encarcelados, pese a que la dictadura insiste en que las cárceles ya fueron vaciadas de este tipo de reos desde que se aprobó una polémica Ley de Amnistía, que la oposición nicaragüenses calificó como un “perdón” para los parapoliciales que asesinaron a más de 328 personas, en su mayoría nicaragüenses, cuyos crímenes quedaron en la impunidad.
“Hacemos un llamado a Nicaragua a liberar, total e incondicionalmente, a todas las personas detenidas arbitrariamente y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales”, afirmó Pompeo en un comunicado emitido por el Departamento de Estado este 8 de noviembre en su sitio electrónico.
La oposición nicaragüense ha asegurado que el régimen mantiene presos políticos a más de cien personas, cuyos casos están documentados y se ha empezado a impulsar un programa de una Navidad sin presos políticos. Inclusive en la Asamblea Nacional se han hecho esfuerzos para promover una ley que permita la salida de este grupo, pero el orteguismo desechó la propuesta.
Además Ortega sepultó en agosto pasado las negociaciones con la Alianza Cívica, pese a que durante parte del proceso se había comprometido a cumplir unos primeros acuerdos, que hasta ahora siguen en el limbo.
EE.UU. seguirá presionando a Ortega a rendir cuenta
El alto cargo de la administración de Donald Trump aseguró a Ortega que “Estados Unidos y la comunidad internacional continuarán promoviendo la rendición de cuentas de quienes ignoran descaradamente los derechos humanos y fomentan la violencia en apoyo del régimen de Ortega”.
Estados Unidos amplió ayer las sanciones contra personeros de Ortega, y según Pompeo esto responde al compromiso de ese país de “utilizar todas las herramientas económicas y diplomáticas para responsabilizar al régimen de Ortega por los abusos de los derechos humanos y la corrupción desenfrenada”.
Pompeo reiteró que tras las sanciones contra Roberto José López Gómez, Ramón Antonio Avellán y Lumberto Ignacio Campbell Hooker, “sus activos estadounidenses se bloquean y generalmente se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones” con ellos.
En el caso de Avellán fue castigado también bajo la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua de 2018. “Avellán es subdirector general de la Policía Nacional de Nicaragua y ha sido fundamental para mantener el control de Ortega sobre la policía y sus homólogos parapoliciales, herramientas esenciales para la represión del régimen”, dijo Pompeo.
Reiteró que la campaña de represión por parte de la Policía Nacional de Nicaragua y los parapoliciales bajo el mando de Avellán “ha provocado decenas de muertes y cientos de heridos”.
En el caso de Campbell lo responsabilizó de “manipulación electoral a favor de Ortega, asegurando que Ortega y sus aliados prevalezcan en las elecciones por medios fraudulentos”. Campbell sustituyó a Roberto Rivas, quien también cuando fungió como presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) fue señalado de fraguar los fraudes electorales y también fue castigado el año pasado por Estados Unidos.
Lea además: Quiénes son los nuevos sancionados por Estados Unidos y por qué
Sobre López, quien es un oficial retirado del Ejército y director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), es señalado por Estados Unidos de casos de corrupción, sobornos, lavado de dinero, tráfico de influencia, dentro de la entidad, que este año acumulará siete años en crisis.