Cuando por la mañana del siete de noviembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos notificó su decisión de incorporar a la “lista negra” a Ramón Avellán, Lumberto Campbell y Roberto López, automáticamente la vida de estos polémicos funcionarios del orteguismo, señalados de violación a los derechos humanos y corrupción en Nicaragua, se volvió más engorrosa, más aislada en un mundo más globalizado.
Y si alguno de ellos por casualidad tenía bienes o intereses en Estados Unidos, las vidas se les habrá complicado aún más, porque desde que se divulgó la incorporación de estos a la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) estos quedaron de inmediato bloqueados, es decir que no tendrán más accesos a estos ni siquiera de forma indirecta.
“Todos los bienes e intereses en la propiedad de estos individuos, y de cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de dichos individuos, que estén en los Estados Unidos o en posesión o control de las personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC”, explicó el Departamento del Tesoro en su reporte.
Por ejemplo, si alguno de estos sancionados tenía propiedades o negocios en Estados Unidos, cuya participación accionaria directa o indirectamente fuera del 50 por ciento o más, este perderá el control de los mismos y pasarán a manos del Gobierno de ese país.
También como efecto inmediato ninguno podrán establecer negocios o transacciones con estadounidenses o cualquier persona que tenga una green card o tarjeta de residencia de Estados Unidos, porque de hacerlo estos últimos se exponen a ser castigados por Estados Unidos.
La prohibición abarca negocios o transacciones fuera de Estados Unidos, lo que representa un duro golpe para los que son incluidos en la lista negra de la OFAC, tomando en cuenta que ese país es considerado el primer mercado mundial y además ejerce un duro control de las transacciones financieras de sus connacionales a través de la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero (Fatca, por sus siglas en inglés).
Lea además: Estos son los 14 funcionarios orteguistas que ha sancionado Estados Unidos
Excluidos del sistema financiero global
Quizás uno de los mayores golpes de las sanciones de Estados Unidos contra Avellán, Campbell y López será la exclusión inmediata del sistema financiero mundial, y más aún si tenían cuentas bancarias en Estados Unidos donde se les congeló automáticamente, lo que impide cualquiera entrada y salida de dinero a favor de ellos.
“Aunque los recursos estén fuera de Estados Unidos, si para su transferencia internacional (de retorno a Nicaragua) se requiere pasar por los bancos de Estados Unidos, no se podrán prestar esas facilidades, por lo que quedarán inmovilizados estos recursos en terceros países”, explicó el exvicecanciller José Pallais.
Es decir que si los recursos de los sancionados (y de sus familiares inmediatos) están depositados en bancos distintos de Estados Unidos y requieren el retorno de los mismos a Nicaragua probablemente ya no podrán recuperarlos con facilidad, porque generalmente el sistema financiero mundial está muy ligado al estadounidense.
En caso de que los bancos internacionales opten por no cerrar las cuentas de estos, se exponen a sanciones por parte de Estados Unidos. En julio de 2016, por ejemplo, “una subsidiaria del banco español BBVA fue sancionada por mantener cuentas bancarias de dos personas designadas, incluso a pesar de que éstas no habían realizado ninguna transacción desde esas cuentas”, según cita el diario colombiano La Opinión.
Circulan listas
Y es que la OFAC circula a los bancos a nivel mundial la lista de los sancionados por EE.UU., lo que significa un “aislamiento” financiero para la persona sancionada, aseguró Pallais.
“(Los bancos) se abstienen de hacer transacciones por los riesgos y consecuencias que implican tener relaciones con estas personas, aunque sean bancos fuera de los Estados Unidos traen consecuencia en el sentido que los bancos no tendrían relaciones con ellos, podrían suspender las corresponsalías… es decir tiene un efecto mundial”, declaró Pallais.
En Nicaragua, cuando la OFAC sancionó al Banco Corporativo (Bancorp)- ligada a la cooperación de Venezuela- entre los motivos del castigo figuró que el banco estaba ayudando a varios sancionados, entre ellos Rosario Murillo- vicepresidente de Nicaragua-, ha evadir las sanciones de Estados Unidos.
“A partir de 2018, BanCorp ha sido un refugio para las personas sancionadas por la OFAC, permitiendo que las personas designadas continúen disfrutando de los privilegios bancarios y su riqueza mal adquirida”, señaló el Departamento del Tesoro.
Puede interesarle: Mike Pompeo envía un mensaje al dictador Daniel Ortega, un día después de sanciones a tres fichas de su círculo de poder
Adiós al dinero plástico…
El efecto inmediato que tocó a las puertas de los sancionados (y sus familiares inmediatos) el pasado 7 de noviembre fue la notificación del cierre de sus cuentas en el sistema financiero nicaragüense, así como la cancelación de toda relación comercial y financiera con los mismos, incluido las tarjetas de crédito, chequeras, acceso bancario en línea, tarjetas de débitos, etcétera.
“En el mundo actual moverse sin tarjeta de crédito es muy difícil, es indispensable, ahora podrían moverse solo con efectivo. Por ejemplo, vos querés viajar a un país y querés reservar en un hotel, te piden una tarjeta de crédito y qué tarjeta vas a poner, entonces sí hay una afectación real”, dijo Pallais.
“Las tarjetas de crédito son en su mayoría de capital y origen norteamericano y tiene que ver con las transacciones estadounidense, entonces no pueden usarlas porque son del engranaje financiero de Estados Unidos que son a nivel mundial”, explicó por su parte José Dávila, exembajador de Nicaragua en Alemania.
No obstante, Dávila declaró que si los sancionados mantienen cuenta en Venezuela, Cuba o en otro país, tendrían ventaja solo si no están ligados al sistema financiero estadounidense.
Los sancionados se verían fuertemente afectados inclusive hasta para recibir sus remuneraciones como funcionarios públicos, tomando en cuenta que en Nicaragua los pagos de planilla del Estado se hacen a través del sistema financiero nacional o cheques fiscales, algo lo que ya no podrán tener acceso ni a ningún dispositivo de pago electrónico.
Salpica al núcleo familiar
Tal es cerco que Estados Unidos impone a los sancionados es que el castigo alcanza a los hijos y esposas, para que estos no pueden usar a terceros para evadir su “muerte financiera”. La diferencia es que los nombres de estos terceros individuos no son divulgados públicamente por parte de las autoridades estadounidenses.
“Afecta al núcleo familiar y de negocios, las sanciones es individual pero se toman providencia de parte de las instituciones financieras para evitar que a través de testaferros de terceras personas o familiares traten de encubrirse los movimientos de dinero”, aseveró Pallais.
Movilización restringida
Los nicaragüenses sancionados tampoco podrán entrar al territorio estadounidense (pierden el visado) y también se verán afectados con la libre movilidad en otros países puesto que son circulados por la OFAC como violadores de derechos humanos o corruptos.
“Algunos países cuando ven la lista de OFAC pueden establecer restricciones al ingreso a su país, pero eso son decisiones que se van tomando al tiempo”, afirmó Pallais. O bien, según analistas, cuando estos viajan a otros países se elevan los controles aduaneros y migratorios en esos países de destinos.
Las únicas excepciones que existen es cuando las sanciones recaen sobre mandatarios. Es del caso de Nicolás Maduro, quien también está designado en la lista negra de la OFAC desde julio del 2017. Maduro puede ingresar a Estados Unido para ir a Naciones Unidas, en Nueva York, pero no se le permite la libre movilización en dicho territorio estadounidense.
Son 14 sancionados
De esta manera Estados Unidos ha complicado la vida de al menos 14 orteguistas, incluido el hijo de la pareja dictatorial, Laureano Ortega Murillo, al incluirlos en su “lista negra”, lo que no tiene ningún efecto sobre los nicaragüenses ni economía nacional.
En Nicaragua el primero en estrenar las sanciones fue Roberto Rivas en el 2017; luego le siguieron Francisco López Centeno; vicepresidente de Albanisa, Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua; Francisco Díaz, subdirector de Policía Orteguista; Laureano Ortega Murillo, hijo de la pareja de dictadores; Sonia Castro, asesora del Ministerio de Salud; Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional; Óscar Mojica, general en retiro y titular del Ministerio de Transporte e Infraestructura.
También están en la lista Orlando Castillo, director de Telcor; Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad del dictador Daniel Ortega; y Rosario Murillo, esposa del dictador y cogobernante de Nicaragua.
“Esas sanciones en el fondo son mensajes al gobierno para obligarlos a buscar el sendero de la democracia, el diálogo y entendimiento. El interés de Estados Unidos y de la comunidad internacional es que la crisis se resuelva”, aseveró Dávila.
Los últimos en la lista de sancionados por parte de son: el comisionado general Ramón Antonio Avellán, Lumberto Ignacio Campbell Hooker, el presidente del Consejo Supremo Electoral y Roberto José López Gómez, presidente ejecutivo el INSS.