El jueves de la semana pasada Estados Unidos (EE. UU.) impuso sanciones personales a otros tres prominentes operadores de la dictadura de Daniel Ortega.
Los nuevos sancionados son el jefe policial Ramón Avellán, acusado por el gobierno estadounidense de haber causado la muerte de 107 personas durante la represión contra la sublevación popular en Masaya; el presidente del Consejo Supremo Electoral, Lumberto Campbell, productor de los fraudes en las elecciones para mantener a Ortega en el poder; y el militar en retiro Roberto López, director ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), señalado por la potencia sancionadora como promotor de un gran esquema de corrupción con los fondos del INSS.
De manera que ya son 14 los funcionarios de la dictadura orteguista sancionados por los EE. UU., entre ellos dos altos jefes de la Policía, dos presidentes del Consejo Supremo Electoral y dos destacados oficiales retirados del Ejército.
Los analistas políticos nicaragüenses especulan acerca de la significación no declarada que pudieran tener las nuevas sanciones. Pero en realidad lo que importa son las sanciones mismas, mediante las cuales el gobierno estadounidense se solidariza con el pueblo de Nicaragua y presiona a Ortega para que reanude el diálogo con la oposición, a fin de buscar un acuerdo que permita resolver de manera democrática la crisis sociopolítica nacional.
En este mismo orden se puede ver también la declaración del congresista Albio Sires, quien pidió al Ejecutivo de EE.UU. que sancione igualmente a otros funcionarios principales de la dictadura orteguista. La presidenta del poder judicial y la fiscal general del régimen orteguista, Alba Luz Ramos y Ana Julia Guido, encabezan la lista propuesta por el congresista republicano.
Algunos de los sancionados tratan de salvar la cara y aseguran que no les afectan en nada las sanciones, que más bien se sienten orgullosos de ser sancionados por el “imperio”, como llaman en el argot orteguista a los EE. UU.
Pero la verdad es que sí son afectados por las sanciones. De otra manera no hubieran sacado a Roberto Rivas de la magistratura y presidencia del CSE orteguista, ni a Gustavo Porras le habrían quitado el poder financiero de la Asamblea Nacional, para mencionar solo dos casos.
Además, aunque los orteguistas sancionados simulen lo que quieran, el pueblo nicaragüense democrático aplaude y festeja las sanciones.
El jueves pasado fue día de fiesta en Masaya, particularmente en Monimbó, por la sanción que impuso EE.UU. al gran represor Ramón Avellán. También festejaron los afiliados y pensionados del INSS, cuyos derechos han sido devastados por la administración corrupta de Roberto López. Y para todo el pueblo de Nicaragua ha sido una fiesta la sanción a Lumberto Campbell, gran hacedor de fraudes electorales para perpetuar en el poder a Daniel Ortega.
Los nicaragüenses democráticos esperan que muy pronto sean sancionados también los funcionarios judiciales y políticos de la dictadura que ha propuesto el congresista Albio Sires. En medio de tanta represión, dolor y penuria causada por la tiranía, esas sanciones son muy buenos motivos para alegrarse y festejar.