Los diputados del régimen no han sido sinceros sobre la magnitud de la crisis financiera de la distribuidora de energía, Disnorte-Dissur. Ocultaron que los que consumen menos de 300 kilovatios al mes adeudan aproximadamente 3,500 millones de córdobas, cuyo universo de usuarios incluye a los hogares de los asentamientos que reciben subsidio y que es pagado por el Gobierno a través del Presupuesto General de la República.
Son 403,669 clientes de menos de 300 kilovatios hora al mes que adeudan los 3,500 millones de córdobas. Esa cantidad de clientes son el 96 por ciento del total de los 420,136 morosos con la distribuidora de energía, según revela un informe de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional.
Pero esos datos del problema no fueron incluidos en el dictamen a la reforma a la Ley de Estabilidad Energética que fue aprobada a finales del pasado octubre, debido a que la presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, la orteguista Jenny Martínez, se los guardó.
Los diputados del régimen, el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) decidieron culpar a los grandes consumidores, supuestamente empresas, de poner en riesgo la estabilidad financiera de la Disnorte-Dissur y con ello su capacidad de mantener el sistema energético en el país.
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Con esa excusa, los diputados orteguistas contra quienes dirigieron en la Ley de Estabilidad Energética (554) los embargos judiciales por deber las facturas de energía fueron a los consumidores de mayores a los 300 kilovatios hora al mes.
En la Comisión de Servicios Públicos el discurso de los orteguistas fue que en la práctica las acciones judiciales solo amenazan a 16,527 usuarios que supuestamente son grandes consumidores, cuya deuda acumulada serían otros 3,500 millones de córdobas, según lo expuesto en la Asamblea Nacional.
Régimen ya no subsidiará a los asentamientos
¿Qué hay detrás de esa movida legal del Gobierno de proteger a los que consumen menos de 300 kilovatios mensuales del castigo?
Los nuevos números sobre la mora entre los que consumen menos de 300 kilovatios mensuales, esconderían que el Gobierno es quien debería parte de esa gran deuda comercial en concepto de subsidio a la tarifa de los consumidores de menos de 300 kilovatios hora, una obligación a la que no podría hacerle frente.
También parte de los que no dijeron las autoridades fue que la mora por facturación comercial no cobrada asciende a más de 7,000 millones de córdobas (unos 212 millones de dólares) la que se acumuló en el último año, debido a que miles de usuarios dejaron de pagar porque sus ingresos económicos se les han reducido porque perdieron sus empleos o son insuficientes para cubrir los gastos en sus hogares, debido a la crisis económica que sufre Nicaragua como consecuencia de la inestabilidad socio política por la represión gubernamental a los sectores opositores al régimen.
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La dictadura de Daniel Ortega no asignó en el Presupuesto General de la República del 2020 recursos para subsidiar la tarifa de energía eléctrica en los asentamientos, donde viven familias extremadamente empobrecidas. Así se dejan desprotegidos a más de 30,000 hogares quienes a partir del próximo año empezarán a pagar la tarifa de energía comercial sin subsidio, a menos que su consumo sea menor a los 150 kilovatios hora al mes pues ese segmento aún recibiría el beneficio.
El programa de subsidios a los asentamientos duró 11 años costando 76.2 millones de dólares, reflejan las cifras oficiales.
Ese beneficio desapareció en el primer semestre del 2019 cuando se agotaron los 880 mil córdobas destinado para cubrirlo, de acuerdo a los informes de ejecución presupuestaria
La especialista en temas energéticos, Patricia Rodríguez señaló que debido a que el 50 por ciento de las pérdidas por facturación no cobrada de la Disnorte-Dissur la representan el 94 por ciento de los clientes cuyo consumo es menor a los 300 kilovatios hora al mes, significa que “hay un problema mayor que no lo quieren transparentar”.
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La reforma original que presentó el dictador Daniel Ortega establecía en la Ley de Estabilidad Energética que las facturas en mora serían un instrumento legal que podría usar Disnorte-Dissur para demandar judicialmente a los deudores. No había límites por consumo de energía mensual para aplicar el embargo.
Rodríguez dijo que “esa propuesta inicial evidencia que se quería actuar contra todo deudor para intentar resolver el problema de caja de la distribuidora, sin importar si se afectaba a los hogares pobres o ricos, lo que querían era recuperar dinero a costa de intimidar judicialmente a la población”.
“No es posible que 16,527 clientes pongan en riesgo la estabilidad del sector eléctrico, pero sí es verdad que son grandes consumidores, donde hablamos del empresas de producción e industrias, entonces con los embargos judiciales lo que haces es implementar la política de intimidación para la recuperación por ejecución de deudas”, refirió la especialista Rodríguez,