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Daling Ríos y Adolfo Jarquín., los nuevos procuradores de derechos humanos en Nicaragua. LA PRENSA/Uriel Molina

OACNUDH llama a restablecer la “independencia real” de la Procuraduría de Derechos Humanos de Nicaragua

En septiembre del 2019, el Estado de Nicaragua se quedó, literalmente, sin una oficina de derechos humanos confiable ante la población y la comunidad internacional.

La Oficina de la Alta Comisionada de los  Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh) ofreció su asesoría para restablecer una independencia real en la Procuraduría de Derechos Humanos de Nicaragua, luego que el régimen orteguista colocara a dos fichas partidarias a presidir la institución.

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El llamado de la OACNUDH se da luego que la Asamblea Nacional, controlada por diputados de la dictadura, nombrará como procuradora de derechos humanos a Darling Ríos, una dirigente de la Juventud Sandinista sin experiencia en derechos humanos y como subprocurador Adolfo Jarquín León, hijo del fallecido subprocurador orteguista Adolfo Jarquín Ortel, quien es un abogado que  fue acusado por estafa en los juzgados capitalinos.

 

En septiembre del 2019, Estado de Nicaragua se quedó, literalmente, sin una oficina de derechos humanos confiable ante la población y ante la comunidad internacional, al ser sancionada la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) con una degradación de categoría que la inhabilita internacionalmente como defensor del pueblo.

Esta situación fue recordada por la Oacnudh al raíz de los nuevos nombramientos hechas por el orteguismo.

 

De acuerdo al informe de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), que fue presentado por la alta comisionada Michelle Bachelet en la sede del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, la PDDH fue sancionada por su falta de independencia respecto a la dictadura.

«La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución nacional de derechos humanos, que también es el mecanismo nacional para la prevención de la tortura, no mostró ninguna independencia durante este período», dice el informe de Bachelet, que abarca de abril de 2018 a agosto de 2019.

 

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