Estado de Nicaragua ausente en sesión sobre Ley de Amnistía convocada por la CIDH

La Ley de Amnistía fue criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violentar los estándares interamericanos de justicia, reparación y no repetición.

CIDH realiza sesión para analizar Ley de Amnistía. Foto: Cortesía

Una vez más el Estado de Nicaragua dejó esperando a los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el 174 periodo de sesiones púbicas del organismo, donde se abordó la polémica Ley de Amnistía, Ley 996, aprobada en junio pasado.

La Comisionada Margarette May Macaulay, en su primera intervención como representante de la CIDH, durante la audiencia, mostró su descontento por la ausencia del Estado de Nicaragua y advirtió que ese tipo de desplantes no vienen desde abril 2018, sino desde mucho antes.

«Es lamentable que el Gobierno de Nicaragua no participe, me parece muy mal este hecho, pero espero que en el futuro cercano este proceso sea revertido por el bien de las personas en Nicaragua», dijo May Macaulay.

Los delegados de la CIDH, entre ellos; Edison Lanzas, Antonia Urrejola y María Claudia Pulido, recibieron un informe realizado por miembros de la sociedad civil nicaragüense y excarcelados políticos en el que se analizan las faltas en las que incurre la aplicación de la Ley de Amnistía, aprobada por el régimen de Daniel Ortega.

Ley de Amnistía alimenta impunidad

Los representantes de la sociedad civil de Nicaragua denunciaron ante la Comisión que Ley de Amnistía en realidad persigue la impunidad, para los verdaderos responsables de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a derechos humanos.

Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso, señaló que la Ley de Amnistía «está encaminada a generar impunidad para los actores estatales y sus allegados, al impedir procesos de personas potencialmente responsables».

Max Jerez, miembro de la Alianza Cívica, resaltó que dicha Ley fue aprobada, el pasado 11 de junio, de forma unilateral y sin solicitar y por el régimen de Daniel Ortega.

Asunción Moreno, catedrática de Derecho Penal y Constitucional, agregó que la polémica Ley de Amnistía desde sus inicios fue inconstitucional, pues ni siquiera cumplió con lo previsto sobre que todo proyecto de ley debe estar con 48 horas de antelación en las manos de los diputados, antes de ser discutido en plenario.

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Moreno consideró que desde ahí se podía prever todo lo que vendría con dicha Ley, aunque valoró que inesperado fue la forma de aplicación «discrecional y arbitraria por parte de las autoridades nicaragüenses».

La catedrática señaló que, en total, han sido excarcelados y no liberados 651 presos políticos, de los cuales solo 234, es decir, el 33% de los liberados se les ha aplicado la Ley de Amnistía.

La experta en derecho constitucional y penal explicó que la mayoría de los excarcelados políticos continúan siendo asediados, perseguidos, violentado su derecho a la salud, al trabajo, educación y libertad plena de expresión y movilización. Además, denunció que las causas de la mayoría de los excarcelados políticos no se les ha aplicado un sobreseimiento.

El excarcelado político Yubrank Suazo, durante la audiencia, testificó todas las violaciones mencionadas por Moreno y dijo pedir, en nombre de los centenares de los excarcelados políticos, que se «utilicen los mecanismo necesarios para que se acaben todos esos atropellos a los derechos humanos y constitucionales de los nicaragüenses».

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Es por ello que los representantes de la sociedad civil nicaragüenses y los expresos políticos  solicitaron ante el organismo que el Estado de Nicaragua deje sin efecto la Ley de Amnistía, retome las siete rutas jurídicas que propusieron abogados de presos políticos, derogue Ley de Reparación Integral de Víctimas, para que se proceda a la aprobación de un la ley de reparación que cumpla con los estándares internacionales, reconocimiento de responsabilidad de parte de el Estado sobre las graves violaciones a derechos humanos que se han registrado en el país, desde abril 2018, y el retorno de los organismos internacionales defensores de derechos humanos.

La Comisionada Antonia Urrejola, relatora para Nicaragua, recordó que como organismo en varias ocasiones se han referido a lo inaceptable de la Ley de Amnistía en Nicaragua, pues es claro que «no cumple con los estándares internacionales, nosotros hemos manifestado nuestra preocupación».

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